Ley de eutanasia en España: consideraciones sobre los argumentos presentados

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2 de abril, 2021

En España acaba de aprobarse una Ley de eutanasia en marzo (1). “Eutanasia” significa literalmente “buena muerte”. Por supuesto, desde la definición se plantea la discusión: ¿buena muerte? ¿Cómo podría ser la muerte un bien? ¿No es acaso la pérdida del ser personal el mayor mal? Pues bien, en respuesta a lo anterior se ha insistido que el sentido correcto es tener un proceso de muerte digno adelantado sin sufrimientos innecesarios. Dicho de otro modo, si se han agotado todas las vías de cuidados paliativos y está presente un sufrimiento intolerable, v.g., estar severamente discapacitado, es razón suficiente para solicitar la ayuda del personal sanitario a morir. Se han planteado los siguientes argumentos en contra:
Uno de los argumentos en contra de la ley de eutanasia considera que existe una “desigualdad de la aplicación práctica de la Ley”. Ésta significaría admitir que en papel, es sencillo o al menos lograble, obtener un consentimiento adecuado del paciente que de modo libre y autónomo decide terminar con su vida, pero que las diferencias sociales y de recursos, de facto, limitan esa autonomía. Así, un paciente con recursos económicos puede acceder a todo tipo de cuidados y atenciones ante una enfermedad grave e incurable. En cambio, otras personas no tienen acceso a esos cuidados por escasez de recursos personales o del sistema de salud pública. La pregunta que surge entonces es: ¿se producirán más peticiones de eutanasia debido a diferencias en la calidad de atención? Es decir, uno de los problemas de la legalización de la eutanasia es que suponen “piso parejo” en la atención sanitaria, cuando en la realidad ésta es desigual. En consecuencia es posible imaginar escenarios donde las personas sufren y se produce un sufrimiento intolerable producido por la falta de cuidados a las personas afectadas.

Otro argumento es que no puede exigirse a otros el cumplimiento de una petición de eutanasia bajo la variable del sufrimiento, porque éste es objetivamente inconmensurable desde fuera, desde el otro. Lo anterior quiere decir que una persona con sufrimiento intenso (aun cuando estén controlados todos los elementos clínicos, como el dolor) parece pedir algo subjetivo imposible de medir objetivamente por otra persona: ¿por qué tendría alguien que ayudarle en ese propósito como un derecho legal? La discusión no es si de hecho sucede fuera de la Ley, sino plantear una ley que genere derechos y obligaciones. Dicha ley puede resultar en arbitrariedades, pues solo cada uno sabe lo que es un sufrimiento intolerable. Los defensores insisten en que debido a que existe objeción de conciencia en la Ley, entonces el componente subjetivo no se elimina, pero no obliga a quien no quiera atender una solicitud de eutanasia.
Lo anterior señala así el problema de fondo de la eutanasia: el componente subjetivo que parece que no puede legislarse y debe dejarse fuera de la ley, ya que la ley, en principio, es una expresión racional que es aplicable y defendible por los componentes objetivos que de algún modo pueden verificar terceros. La eutanasia parece no cumplir ese requisito. Dicho de otro modo, el sufrimiento no es sencillo correlacionarlo con un estado objetivo inobjetable y en todos los casos.

Los argumentos en torno a la eutanasia también parten de supuestos antropológicos: si se considera que la vida es un valor absoluto, no se podrían señalar ninguna circunstancia posible donde fuese lícito practicar la eutanasia. Por otra parte, si la vida no es un valor absoluto, si no se equipara a la dignidad, entonces sí puede plantearse la licitud de no tratar de mantener la vida a cualquier costo. Se ha señalado, correctamente, que lo anterior no es eutanasia sino la renuncia de medios desproporcionados para prolongar la vida. Los pacientes no tienen que soportar cualquier intervención por mantenerse vivos cuando los efectos esperados son nulos o rebasan la tolerancia a soportarlos. No obstante, la renuncia a medios desproporcionados en sentido estricto no es el tema de eutanasia, ya que no se busca la muerte como alivio del sufrimiento.
Si se considera que el valor absoluto a cuidar es la libertad del individuo a decidir cómo quiere vivir su vida, parece lógico que la decisión de cuánto tiempo vivir es una más entre otras. Desde esa perspectiva se ha defendido la eutanasia: las personas pueden decidir hasta cuándo vivir. Lo anterior puede ser cuestionable por aspectos religiosos que a menudo consideran que la vida es un don que solo se administra. Quitado el elemento religioso, no parece haber razón de peso en contra del libre ejercicio del derecho a la eutanasia. No obstante, perdura la dificultad en la razón de por qué tendríamos que obligar legalmente a atender una petición legal de eutanasia cuando el código hipocrático, por ejemplo, expresamente prohíbe generar la muerte en los pacientes aun cuando lo soliciten. Los defensores insisten en que al reconocerse la autonomía como un derecho primario en nuestros tiempos justifica el legislar al respecto.
Lo que sin duda no se encuentra en la discusión es que la tecnología médica ha permitido extender nuestra vida a límites en donde se presentan malestares intensos. En ese sentido, sí debe legislarse con objeto de poner límites razonables a posibles abusos de intervención, como encarnizamiento terapéutico. No obstante, queda abierta la discusión sobre si es razonable legalizar la eutanasia.

Referencias:
De Benito, E. (2021). “España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el quinto país del mundo en regularla”. Madrid: El País. Recuperado de: https://elpais.com/sociedad/2021-03-18/espana-aprueba-la-ley-de-eutanasia-y-se-convierte-en-el-quinto-pais-del-mundo-en-regularla.html

Comentarios


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RECORTAN PRESUPUESTO A SALUD PARA OBRAS La cruda realidad que se vive en México en cuanto a la atención de salud, se ha visto reflejada en las continuas denuncias y protestas por la desatención, falta de medicamentos, con manifestaciones y plantones exigiendo su derecho a que los atiendan. Pero eso para López no le importa y ha criticado a los padres de niños con cáncer que exigen atiendan a sus hijos y les den sus medicamentos, llamándolos golpistas y de ser títeres de farmacéuticas. En la misma línea lo ha hecho su lacayo el inútil de López-Gatell. Pero, el meollo del asunto está no solamente en la nula experiencia para atender la salud, sino en que López buscando tener más recursos para seguir comprando votos a través de sus programas sociales, se la ha pasado recortando presupuestos de todos lados. El 20 de junio del 2022, el diario Eje Central dio a conocer que el sistema de salud de México atraviesa por el peor nivel de ejecución de recursos en una década, pese a que la pandemia de Covid-19 no ha dado tregua y a que los contagios van al alza en una quinta ola. Destacando que en un reporte de la organización México Evalúa, para abril de 2022 se tenía autorizado para el sector Salud un monto de 59 mil 800 millones de pesos; pero, el gobierno federal sólo ha desembolsado 41 mil 100, lo que representa un subejercicio de 18 mil 700 millones, equivalentes al 21% del presupuesto calendarizado. Esto se debe a un retraso en la ejecución del recurso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) del 26.4%, 9 mil 100 millones de pesos; y la otra mitad se debe a retrasos presupuestales en 30 de sus otros 38 hospitales y organismos. En el documento se señala que: “Estamos ante una tragedia fiscal en salud. Para el Insabi al menos se ha anunciado un sustituto: el IMSS-Bienestar, pero para el resto de hospitales y organismos ni siquiera hay expectativa de mejora. La realidad se presenta cruda y sin anestesia”. Por otra parte, los organismos con mayores recortes son, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), el cual gastó al mes de abril 872 mdp, 64%, equivalentes a mil 500 millones de pesos menos de lo que tenía calendarizado al primer cuatrimestre. Asimismo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, que debía haber utilizado al mes de abril 418 millones, solamente gastó 217 mdp, 48% menos. Al igual que el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, que debiendo gastar mil 100 millones de pesos en el periodo enero-abril, utilizó sólo 952 mdp, 20 por ciento menos. El documento de México Evalúa informa que, de 26 dependencias federales, 19 han ejercido menor gasto que el presupuestado, y los entes autónomos siguen en números rojos. Pero lo más grave es que esos recortes se han realizado para gastar más en el Tren Maya, Pensiones de Adultos Mayores y Transferencias a Petróleos Mexicanos.  LÓPEZ Y SUS OTROS DATOS Como lo ha venido haciendo desde el 1 de diciembre del 2018, cada vez que se informa, denuncia, cuestiona algo que sucede en esta nefasta administración, López para desmentirlo sale con que él tiene “otros datos”. Y en esta ocasión del subejercicio en salud, que además no es la única dependencia que enfrenta el tema, salió con sus otros datos. Asegura que no hay subejercicio en el gasto programable. Y en su mañanera al cuestionarlo si existe un subejercicio en la Secretaría de Salud, contestó: “No, al contrario, estamos pendientes porque no hay subejercicios”. Según López, el gasto del gobierno federal ha ido avanzando acorde a lo programado, y se encuentra al 43.3%, prácticamente a la mitad de lo planeado, en línea con lo que lleva el año. Pero las cifras lo desmienten. Existe subejercicio en Salud y en la Guardia Nacional (GN), ya que Salud está al 30.2% y el la Guardia Nacional al 20.6% del gasto programable para este 2022, por debajo de la media en el gasto. En 2022, se le asignaron a Salud, 139 mil 519 millones de pesos; y únicamente ha ejercido 42 mil 111 millones de pesos, es decir, el 30.2%, cuando debería de estar ejerciendo 60 mil 411.7 millones de pesos. Respecto a la Guardia Nacional se le asignaron 94 mil 437 millones de pesos y solamente ha ejercido 19 mil 425 millones de pesos, presentándose un subejercicio de casi 50%, entre lo programado y lo usado. Y de acuerdo a lo que López afirmó que el gasto programable del gobierno va al 43.3%, la Guardia Nacional debería de estar gastando 40 mil 891.2 mil millones de pesos del total asignado. EL MEOLLO DEL SUBEJERCICIO Perversamente, con este subejercicio que obviamente puede ser intencional, el gobierno podría argumentar que es un ahorro y de esta manera, como NO LO OCUPA, REASIGNARLO a otros rubros de manera discrecional, sobre todo para sus inútiles proyectos prioritarios que van destinados al fracaso, como lo son el Tren Maya, la refinería Olmeca Dos Bocas, e inclusive, para pagos en la operación del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que como obra terminada, ya está demostrando ser un fracaso, dado que tiene baja afluencia de pasajeros. Asimismo, ese dinero del “subejercicio” también lo pueden usar para las pensiones y las becas con que compran votos. Y la prueba de lo anterior es que en cuanto a los prioritarios de inversión, ya llevan gastados 114 mil 386 millones de pesos, equivalentes al 56.3%, de un presupuesto asignado de un gasto de 114 mil 386 millones de pesos.  De igual manera, en los programas prioritarios sociales, ya se han gastado 213 mil millones de un gasto programable de 443.9 mil millones de pesos, y llevan avance del 48%. Sobresaliendo que en estos programas aumentaron el presupuesto un 31% respecto al 2021. Y en un comparativo de lo ejercido hasta el 15 de junio del 2022 con lo ejercido en el mismo lapso en el 2021, representa un 20.5% más, es decir, lo gastaron más rápido. ¿Tendría algo que ver que hubo elecciones en 6 estados para gobernador? Y como colofón, los subejercicios se han caracterizado por tener bajos resultados, quedando lejos de los objetivos trazados, aún con los “ahorros” que se generaron. Esta cruda realidad, nos muestra y demuestra primero que López MINTIÓ afirmando que NO HABÍA SUBEJERCICIOS y que todo va bien en un 43.3 % del gasto. Y segundo NO PUEDE considerarse un subejercicio como AHORRO, dado que si no se ejerce el presupuesto que les fue asignado, es obvio que los resultados serán menores a los planeados y presupuestados.  Al menos que con la perversidad de López, les haya asignado MÁS PRESUPUESTO DEL QUE NECESITARÍAN, para al “ahorrar” con el subejercicio, y poder reasignarlos. Lo cual no lo dudaría en lo más mínimo. En fin, cualquiera que sea de las dos posibilidades, se muestra y demuestra la forma corrupta y perversa en que se maneja López y su 4-T. ¿Ese es su cambio prometido y su Cuarta Transformación? Pobres ilusos. 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Desde los viejos vicios de la Ruta 100 que le costaron la vida al magistrado Abraham Polo Uscanga en 1995 hasta las presiones para incrementar las tarifas que vivimos hoy con los bloqueos. Los autobuses, microbuses y combis transportan al 82% de los pasajeros de la CDMX y zona conurbada. Mueven a más gente que el metro: más de 10 millones de personas al día. Los usuarios de este tipo de transporte se tienen que enfrentar a algunas unidades en mal estado, malos tratos de los choferes, choferes que manejan mal o muy rápido e inseguridad. ¿Pero cómo están las tarifas en la CDMX comparadas con las de otros estados? En la CDMX la tarifa va de los 5 a los 7 pesos, dependiendo del tipo de transporte (camioneta, microbús o camión) y la distancia a recorrer, aunque esto es lo oficial, no es del todo cierto. Hay camiones que cobran los 7 pesos así los uses 5 cuadras. En el Estado de México, la tarifa es de 12 pesos por los primeros 5 kilómetros y 25 centavos por cada kilómetro adicional. Es decir, depende de la distancia, pero la diferencia con la CDMX es de entre 5 y 7 pesos en la tarifa básica. En Nuevo León, las tarifas van de 12 a 17 pesos dependiendo de si el servicio es en zona urbana o suburbana; en Chiapas y Oaxaca, 8 pesos; en Guadalajara, 9.50 pesos; en Pachuca, 9 pesos; en Querétaro 11 pesos y hay una tarifa preferencial de 2 pesos para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes. Para tener una idea de lo que puede gastar un camión de transporte público, el diesel les puede costar entre 3,950 y 4,600 pesos cada día o día y medio. Con las tarifas vigentes requieren entre 650 y 920 pasajeros para cubrir el tema del combustible. Ahora, si no fuera negocio nadie ofrecería el servicio. Las concesiones son muy caras y aun así se las pelean.  Claudia Sheimbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, declaró que han apoyado a los transportistas a cambio de ciertas acciones que ellos no han cumplido. ¿Cómo los han apoyado? Les dan un bono de combustible de 4,000 o 6,000 pesos dependiendo del tipo de unidad; Les ofrecen 300,000 o 450,000 pesos para sustituir unidades; instalaron GPS y videovigilancia en las unidades, se les han condonado pagos por trámites y se les ha dado apoyo para incorporar a los operadores a la seguridad social. En total, el gobierno de la CDMX ha destinado más de 1,300 millones de pesos en apoyo a los transportistas. ¿Qué pide el gobierno de la CDMX a cambio? Orden en la cromática de las unidades, no usar vidrios polarizados, mantener las unidades en buen estado, capacitación de los operadores, un padrón de choferes, trabajar uniformados y sin acompañantes, moderación en la velocidad y manejo responsable. Los transportistas no han cumplido. ¿Debe subir la tarifa? Yo de manera personal, creo que las exigencias del gobierno de la CDMX son correctas. ¿No hay mejoras? Pues no hay incremento de tarifas. Nos merecemos un transporte público seguro y de buena calidad. 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