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La verdad histriónica

Caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa: un retrato de un Estado fallido y de una sociedad clasista.

23 de agosto, 2022

Barbara Lejtik

18 de agosto del 2022, 8 años después de aquel lamentable 26 de septiembre de 2014, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, reconoce por primera vez la participación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes. Un soldado del batallón número 27 de infantería se encontraba infiltrado e informaba al Ejército sobre todos los movimientos del grupo de estudiantes. Esta práctica se llevaba realizando de manera cotidiana desde hace varias décadas para detectar posibles movimientos subversivos en grupos campesinos presuntamente socialistas que puedan desestabilizar al sistema.

Los estudiantes normalistas de la escuela rural Isidro Burgos subieron al autobús que los llevaría a tomar otro en el que finalmente irían a participar en la marcha del 2 de octubre. Es mentira que iban a boicotear el informe de Ángeles Pineda Villa, presidenta municipal del DIF; también es mentira que fueran armados y que llevaran droga. Lo que sí fue verdad es que iban asegurados por la policía municipal con la intención de amedrentarlos y que fueron sustraídos del autobús por elementos del Ejército y entregados al grupo de Guerreros Unidos que para evitar que “La Plaza se calentara más” los ultimó. Después se incineraron sus cuerpos para desaparecerlos. El autobús ya vacío pasó sin problema por más de 16 retenes esa noche.

Es verdad que el presidente Enrique Peña Nieto y el entonces procurador de Justicia Jesús Murillo Karam estaban al tanto de los hechos y, sin embargo, decidieron montar una puesta en escena macabra en la que aseguraban buscarlos desesperadamente. Recuerdo videos en los noticiarios de aquel año en donde se aparecían a miembros de diversos grupos supuestamente encabezando búsquedas hasta por debajo de las piedras, en todos los predios, detrás de los arbustos, por aire, por agua y por tierra. Así jugaron con la esperanza de las familias de los estudiantes y con la inteligencia de un país entero.

Es verdad también que el Ejército abandonó a su soldado caído y que decidió no rescatarlo, que lo sacrificaron en este acto criminal y que después intentaron alegar que había desertado 3 años antes y que se había enlistado en la Escuela Normal de su comunidad. Nada más falso. Julio César López Pololtzin, de 22 años, mandó su último reporte desde un teléfono móvil que el Ejército le había proporcionado el mismo 26 de septiembre por la mañana.

Ocho años han pasado desde aquel atroz multihomicidio, hoy se dicta auto de formal prisión a Jesús Murillo Karam, exprocurador de justicia, se abren los expedientes y se reconocen más de 80 órdenes de aprensión para todos aquellos que por acción, omisión o participación permitieron el asesinato a sangre fría de aquellos jóvenes.

La sociedad de ese tiempo, no toda, salió a las calles pidiendo justicia. Colectivos, artistas y sociedad civil encabezaron marchas exigiendo justicia, con la consigna “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Invadieron las calles y plazas públicas con veladoras, con canciones se apostaron frente a Palacio de Gobierno rogando con dolor que se diera una respuesta sobre su desaparición. Otra parte de la sociedad prefirió callar, los llamó revoltosos y sentenció que ellos se lo habían buscado por andar metidos en revueltas sociales.

La diferencia entre aquellos 43 estudiantes y los que decidieron callar y dar la espalda al problema creyendo la llamada “Verdad histórica” no fue otra más que la intención, la necesidad de exhibir las injusticias, los crímenes de estado, la conciencia social, la decisión de vivir por la lucha y no por la diversión, ser pobres, venir de una historia de represión y desigualdad social, preferir ocupar su tiempo en manifestarse y no en ir a bares y discotecas como le corresponde a los jóvenes de su edad.

También es cierto que hubo otro factor: el eterno, negado y más que nunca presente clasismo que impera en nuestro país, el racismo, la pigmentocracia, la ausencia de blanquitud. Porque si aquellos 43 pobres estudiantes hubiesen sido “Niños bien”, “Niños de familias decentes” estudiantes de universidades particulares, socios de clubs, hijos de empresarios o políticos prominentes otra historia les hubiese tocado, jamás se habría permitido que este crimen quedara impune; habríamos incendiado México hasta obtener una respuesta, hasta encontrar un culpable y ni eso hubiese sido suficiente. Lamentablemente fueron 43 estudiantes de una comunidad rural de Iguala (Guerrero), de un pueblo llamado Ayotzinapa, que nunca aspiró ser reconocido nacionalmente ni ocupar los encabezados de la prensa, que habría pasado a la historia sin pena ni gloria y del que su existencia nadie se habría enterado.

Fueron 43 estudiantes revoltosos, mejor llamarlos así. Más fácil es escandalizarse por la cancelación de un aeropuerto que por el artero asesinato de 43 aspirantes a maestros de primaria y secundaria. Resulta más fácil decir que es un distractor, una cortina de humo para desviar la atención de los asuntos verdaderamente importantes.

Creo que la respuesta la hemos tenido desde siempre. Ha estado frente a nuestros ojos todo este tiempo, pero tal vez sea demasiado incómoda para llamarla por su nombre. 43 estudiantes murieron el 26 de septiembre de 2014. Fueron asesinados a mansalva, a sus familias las tuvieron engañadas durante años diciéndoles que los buscarían, la sociedad prefirió acostumbrarse, pasar a otro tema y se conformó con la supuesta historia.

Nunca los buscaron, siempre supimos quién fue. ¡Fue el Estado!

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