El pasado 28 de diciembre el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec sufrió un descarrilamiento en la zona cercana al poblado de Nizanda, Oaxaca, causando la muerte de 14 personas, la atención médica de 35 pasajeros graves, además de un centenar de pasajeros con heridas de todo tipo. La tragedia ocurrió en los días finales del año pasado, mientras se originaban múltiples debates por las responsabilidades del accidente, con las dudas razonables sobre el actuar de la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy.
Como se recordará, el lamentable accidente se adiciona a una serie de descarrilamientos y derrumbes como el de la línea dorada del metro en la Ciudad de México, que elevan por mucho la cifra de eventos fatales que se dan de forma natural en los sistemas ferroviarios del mundo. Sumado al actuar político donde los hijos del expresidente tienen una participación indirecta con la construcción del tren interoceánico. Incluso se recordará cómo en una filtración de llamadas telefónicas, un personaje ligado al basamento de las vías, reconoce que el material no es de la calidad requerida y descaradamente se burlaba de la posibilidad real de un descarrilamiento, como ya ocurrió.
La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que se realizarán investigaciones profesionales y visitó a los familiares de las víctimas en los diferentes hospitales de Oaxaca, donde se recuperan de sus graves heridas, así como apoyarles económicamente en su recuperación total, como un compromiso del Estado ante esta tragedia que es responsabilidad directa al tener como responsables de varias zonas de obra, a los ingenieros militares.
Este evento trágico es sin duda el desafío interno más grande que enfrenta el régimen desde que inició el segundo sexenio bajo las siglas del morenisimo, ya que la imagen del oficialismo quedará marcada si no se ofrecen explicaciones convincentes y sobre todo si no se da al menos, una sanción política a los involucrados en esta cadena de corrupción, tan propia de toda obra de infraestructura que se realiza en el país. Anteriormente se sabía que las locomotoras y los vagones de pasajeros eran sumamente viejos, por lo que su funcionamiento podría estar comprometido.
Aunque la razón asista a la oposición para exigir que se esclarezcan los motivos de tan lamentable accidente, en realidad se utilizaran a las víctimas como carne de cañón, para solo ser una bandera politiquera, propia de la rapiña política de la partidocracia vencida. Esa misma oposición apátrida que apuesta sin tapujos por la intervención norteamericana ante la impopularidad generalizada de sus principales cartuchos quemados de ganar elecciones en las urnas, con el voto popular.
El aderezo perfecto para el cóctel opositor es sin duda el reconocimiento del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que uno de sus hijos participaba en la supervisión de la construcción del tren interoceánico, que no es un proyecto nuevo, pues la idea de competir con el mítico Canal de Panamá, para el transporte de mercancías, había sido una idea desarrollada desde la época neoliberal. Ahora con la irrenunciable encomienda de clarificar las razones de la tragedia, los vástagos del expresidente están irremediablemente en el ojo del escrutinio público.
Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una popularidad muy alta gracias a la continuidad en los programas sociales que benefician a millones de familias mexicanas, así como el impulso sin precedentes a la política de aumento en el salario mínimo, que junto con otros factores han logrado sacar de la pobreza a trece millones de mexicanos, este tipo de tragedias desnudan la premura clásica en las obras de gran calado, que históricamente siempre resultan finalizadas con sobreprecio exponencial y con todo tipo de fallas.
Aunque las primeras premisas, por las narraciones de los sobrevivientes, apuntan a que el exceso de velocidad como una de las causas principales del descarrilamiento, la gravedad del asunto requiere de las investigaciones más pulcras y del compromiso político de sancionar a los culpables, independientemente de la agenda política que por la vorágine informativa en los tiempos del presidente estadounidense Donald Trump. Sumado a la sentencia del evasor fiscal y magnate de los medios, el ultraderechista Ricardo Salinas Pliego, que ya no oculta su actuar político golpista, a través de la concesión del estado para defender sus intereses económicos.
Con el inicio de año del 2026 todas las estrategias para seguir polarizando a la sociedad mexicana se suman un más de gran peso, como es la terrible incompetencia del régimen para poder entregar obras insignia, sin que ocurran accidentes mortales o de consecuencias prevenibles. La urgencia para que el expresidente AMLO pudiera inaugurar las megaobras emprendidas durante su sexenio es un peso que transfiere al gobierno de la presidenta Sheinbaum que ya lidia con varios frentes abiertos, destacando la guerra comercial mundial de los Estados Unidos del republicano Trump ejerce incluso contra sus ex socios comerciales tradicionales. A los retos económicos del nuevo año, así como la eterna deuda con la inseguridad pública, se mantendrá en la búsqueda de justicia para las familias afectadas por el terrible accidente ferroviario del pasado 28 de diciembre.
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