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La tragedia de la Sierra Tarahumara

El multihomicidio ocurrido en la Sierra Tarahumara pone en evidencia el abandono del Estado mexicano en zonas del país donde impera la “ley del más fuerte”.

30 de junio, 2022

Israel Aparicio

El asesinato de los presbíteros jesuitas, Javier Campos, “El Gallo”, Joaquín César Mora Salazar, “El Morita” y del guía de turistas, Pedro Palma, en Cerocahui, Chihuahua, han marcado la agenda política nacional en el sentido tema de la seguridad pública que es un pendiente en el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los hechos violentos ocurridos en la olvidada Sierra Tarahumara de Chihuahua desnudan la terrible realidad de cómo existen territorios dominados por grupos delincuenciales y el narcotráfico, que someten a poblaciones enteras al yugo dictatorial de su poder fáctico. El Estado mexicano es incapaz de hacerles frente a estos grupos, y no son pocos los connacionales que manifiestan el hartazgo ante una realidad violenta, que no ve un futuro mejor en lo inmediato.

Desde la semana pasada el apesadumbrado presidente AMLO ha requerido de salir a defender desde la conferencia mañanera su criticada estrategia en materia de seguridad, pues desde círculos jesuitas le han solicitado combatir la impunidad reinante en los crímenes. Son muchos desencuentros los que el gobierno federal mantiene con los críticos de la política de abrazos no balazos que busca atacar las causas sociales del reclutamiento de nuevos delincuentes, pero que no tendrá una visible mejora en los altos índices delictivos en el país en lo inmediato.

La arena política totalmente polarizada, con la oposición rapaz, las jerarquías católicas acomodaticias en pleno desencuentro con el actuar del régimen morenista, exigen volver a la estrategia violenta impulsada desde el calderonato de los enfrentamientos y ajusticiamientos de los delincuentes.

En medio de la lucha ideológica de bandos contrapuestos se encuentran las comunidades indígenas de la olvidada Sierra Tarahumara donde solo las misiones jesuitas permiten hacer más llevadera la dura realidad de la pobreza extrema. Son el carisma humanitario de los religiosos quienes permiten un poco de desarrollo educativo, convivencia social, apoyo sanitario y sentido de pertenencia a las históricamente olvidadas comunidades indígenas.

La tragedia con repercusiones internacionales derivó en un posicionamiento del papa Francisco I, mediante un mensaje de Twitter donde condenó los asesinatos de los jesuitas, se manifestó sorprendido sobre los niveles de criminalidad en el país y pidió no recurrir más a la violencia. Para el presidente AMLO es un revés muy fuerte la tragedia de los jesuitas asesinados ya que este grupo de misioneros se encuentra muy lejos de los intereses oscuros y políticos que persiguen las elites católicas mexicanas, que se acomodan a los intereses conservadores de las elites económicas, siempre enfrentadas con el régimen morenista.

El presunto asesino de los jesuitas, José Noriel Portillo Gil alias “el chueco”, acusado por un testigo del triple asesinato, es un lugarteniente de la banda delictiva “los Salazar” que están vinculados al cártel de Sinaloa. El detonante del asesinato en el atrio de la iglesia fue un desencuentro en un partido de beisbol, donde un equipo que es patrocinado por “el chueco” degeneró en ataques violentos contra los rivales.

El conflicto desencadeno una discusión con el guía de turistas a quien el criminal persiguió hasta la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, para ultimarlo. Herido de muerte por su asesino, los jesuitas intentaron resguardar al guía, pero “el chueco” al estar presuntamente drogado, asesinó a sangre fría a los dos sacerdotes.

La zona en cuestión lleva años dominada por el impune criminal durante más de tres periodos de diferentes gobernadores. Sobre el ahora indiciado pesan otras acusaciones de homicidio que nunca fueron complementadas y hasta antes de la tragedia en la Sierra tarahumara, era común que el lugarteniente se paseara en la localidad con total impunidad.

Su grupo delincuencial ha impuesto su ley en estas comunidades, cobrando derecho de piso, extorsionando a pequeños productores, asesinado impunemente en un reino de terror que tristemente se replica en otras zonas del país, donde la ley la dictan los grupos criminales.

La búsqueda de “el chueco” se ha dado en una movilización impresionante en la zona que no hubiera ocurrido de no haber existido la tragedia de los sacerdotes jesuitas. Los gobiernos locales, el gobierno estatal y la federación sabían de la existencia de los grupos delincuenciales que gobiernan en Cerocaui, en Chihuahua, pues de otra forma no se puede explicar la impunidad con que los asesinos viven y se regodean en estas poblaciones.

El debate sobre la continuidad en la estrategia contra el narcotráfico y los grupos delincuenciales es el verdadero meollo del asunto. El presidente AMLO está convencido que brindar mayor oportunidad de desarrollo a las comunidades y acercar programas sociales a los jóvenes de las zonas dominadas por el narco, debería encaminar el largo proceso de pacificación del país. Sin embargo, la realidad es que la violencia se ha generalizado y los homicidios dolosos han aumentado, producto de la pulverización de varias bandas delictivas que se disputan el control de territorios para su dominio criminal.

Es posible que el presidente AMLO entendiera que la lucha contra el narco y su poder corruptor era imposible para el Estado mexicano, tan mermado, infiltrado y sin policías de confianza que fueron abandonadas por los gobiernos locales y estatales. Debió continuar con la estrategia de utilizar a la guardia nacional para combatir el crimen en lugares donde gobernaba y entendió que era imposible regresar al ejército a sus cuarteles como lo prometió en campaña. En materia de inseguridad el país está inmerso en una espiral de desigualdad e impunidad que parecen condenarnos al eterno martirio.

El tejido social tan destruido y con dificultades gigantescas para su reconstrucción, tiene el reto enorme que el narcotráfico mantiene una base social, que nutre de forma indiscriminada la teoría de que la única oportunidad de escalar socialmente, es mediante la criminalidad. Por lo pronto la sociedad mexicana exige nuevas estrategias que permitan combatir la impunidad reinante, con el temor verdadero de que el poder judicial tan corrupto e ineficiente, no alcance a recuperar la protección del Estado para sus ciudadanos olvidados en zonas de exclusión y crimen, dentro del convulsionado territorio nacional.

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