Desde hace cientos de años, mujeres y niñas han sido separadas de sus lugares de origen y comerciadas para mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. Poco a poco se fue convirtiendo en un problema social que comenzó a concebirse a finales del siglo XIX cuando se denominó “trata de blancas”, un fenómeno muy antiguo que atenta contra los derechos humanos.
Este concepto era muy conocido desde la década de los sesenta cuando en las páginas de los diarios nacionales se comenzó a percibir información que hacían referencia a los tratantes de blancas: sujetos que utilizaban mujeres como objetos sexuales y las ofrecían, lo mismo en las calles, que en los cabarés y hasta a sus amistades más cercanas y con recursos para acceder a una “chica” en el lugar que eligiera.
El negocio del “mercado negro de tráfico de personas”, desde que se reconoció como un problema social, se trató de ocultar. Comunicadores y periodistas eran corrompidos a través de “moches”, “embutes” y “chayos” para que no hablaran del tema, incluso les llegaban a ofrecer mujeres blancas, europeas y americanas, que eran objeto de explotación sexual.
Directivos y agentes de la entonces Dirección General de Policía y Tránsito y de la Dirección General para Prevención de la Delincuencia de la que fue la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sobornaban a medios de comunicación y sus periodistas para ocultar lo que ya se concebía como un delito que dejaba jugosas ganancias y que a la fecha es encubierto por legisladores, empresarios y funcionarios.
Basta con recordar aquel caso de “Las muertas” en el libro de Jorge Ibargüengoitia que se inspiró en una realidad que sucedió en San Francisco del Rincón (Guanajuato). El hecho se conoció como “Las Poquianchis”. Las investigaciones del crimen revelarían en 1964 los oscuros secretos de las conocidas hermanas Baladro –en realidad eran Adelina y María Rosa–, dueñas de cantinas y prostíbulos: estafas, trata de mujeres, entierros clandestinos de estas mujeres que antes eran sometidas a perros que las violaban, cuando ya no les servían. Su proceso penal tuvo una cobertura mundial.
Fue un caso sui generis que llevó a que el fenómeno de la trata alcanzara un nivel de alto impacto que hizo a las autoridades mexicanas voltear a lo que en las Naciones Unidas se había impulsado en 1949 con la creación de diversos tratados sobre este tema, por ejemplo, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución.
Después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias al aumento de la migración femenina, se hizo evidente que el fenómeno de la trata, lejos de haber desaparecido, se había extendido por todo el mundo y adquirido diversas modalidades. Así, el término “trata de blancas” quedó en desuso por no corresponder ya a las realidades de desplazamiento y comercio de personas, y tampoco a la naturaleza y dimensiones de los abusos inherentes a dicho fenómeno.
En la actualidad este crimen merece otro tratamiento luego del informe de Hispanics in Philanthropy, publicado de cara al Día Mundial contra la Trata, que advierte que este delito aumentó en el país en 32.5% en los últimos cinco años, que debería contar con políticas para encararlo.
Lo cierto es que en lo que va del actual gobierno, no se percibe un Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas en donde la presencia del crimen organizado y la inacción de las autoridades facilitan que el dinero se mueva de manera ilegal.
De acuerdo con cifras de la fiscalía general de la República (FGR), la posibilidad de que una persona sea castigada en México por lavado de dinero es del 2%. En materia de trata de personas aún se está lejos de reducir su incidencia a través del aparato penal y de proveer servicios suficientes de atención a víctimas.
La propia UIF indica que no se cuenta con cifras precisas sobre los montos
monetarios que son sujetos de lavado; sin embargo, reconoce que en 2019 se han incrementado los reportes de operaciones sospechosas (364) además de que se identificó una importante red de trata de personas que utilizaba bitcoins para lavar sus ganancias, por eso la importancia de que se identifique a través de la ruta del dinero.
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