Hace un par de semanas, la Agencia de la ONU para los refugiados y la UNICEF lanzaron el proyecto de Promoción Global de Mejores Prácticas para Niñas, Niños y Adolescentes en situación de Migración. “1La iniciativa busca reforzar las estructuras de atención y protección de la niñez y adolescencia en situación de movilidad humana en México, El Salvador, Zambia y África del Sur, y cuenta con la aportación de alrededor de siete millones de euros por parte de la Unión Europea. Este proyecto de cooperación sur-sur contempla un intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre países durante los siguientes 30 meses”.2
Naciones Unidas ha señalado que el programa funcionará en los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz. Se implementará en el marco de una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en la cual también participarán organizaciones de la sociedad civil. La inclusión de OSC`s en el programa representa una buena noticia, pues son ellas quienes han demostrado mayor capacidad de respuesta y adaptación a las circunstancias que enfrentan los migrantes en tiempo real, lejos de los temas administrativos.
El programa parte de la premisa de que “los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes viajan con ellos y deben protegerse en todo lugar y en todo momento”. Las actividades específicas que se realizarán con este programa buscan fortalecer las instancias y los mecanismos encargados de proteger a las niñas, niños y adolescentes migrantes, entre ellas, brindarles opciones de cuidado y de apoyo psico-emocional.
A lo largo de su trayecto, las niñas, niños y adolescentes migrantes son vulnerables a diversos tipos de riesgos y violencia, como son la sexual y la de género, la captación por la delincuencia organizada o por redes de trata, la separación familiar, la extorsión o el secuestro. Cabe señalar que en 2019 el gobierno mexicano contabilizó 52 mil niñas, niños y adolescentes en situación de migración, lo cual demuestra la magnitud de este problema. De acuerdo con Naciones Unidas, la pandemia por COVID 19 redujo los flujos migratorios de este tipo de personas en 2020; sin embargo, ésta ha comenzado a aumentar en fecha recientes.
También debe recordarse que en México, el 11 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reformó diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley de sobre Refugiados, Protección complementaria y Asilo político, en materia de Infancia Migrante. Ahora, “el proyecto continuará promoviendo la reciente reforma, mediante el fortalecimiento de los sistemas de protección para mejorar las opciones de cuidados alternativos, y reforzando las capacidades de recepción de familias con niños, niñas y adolescentes, la respuesta de salud mental y apoyo psicosocial, y la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad”.3
El representante de la Agencia de la ONU para los refugiados en México, Mark Manly ha mencionado que “el lanzamiento de este proyecto es muy oportuno ya que brindará un apoyo importante en la implementación de la reciente reforma legal que prohíbe toda detención migratoria de niños, niñas y adolescentes”. 4
La migración es un tema muy complejo per se, pero tratándose de niñas, niños y adolescentes, adquiere una dimensión mayor y se convierte en un asunto extremadamente sensible. Por ello, se debe tener presente que los Estados Unidos han endurecido su política migratoria en los últimos años, ya que como todos recordamos, el gobierno republicano de Donald Trump presionó al gobierno mexicano para obtener su cooperación a fin de detener el flujo de migrantes que cruzan la frontera sur de México. Recientemente, el gobierno demócrata de Joe Biden ha reiterado su solicitud para que el gobierno mexicano refuerce la presencia de la guardia nacional y militar en la frontera sur como medida de contención de la población migrante.
Por todo ello, es muy importante esta iniciativa de la ONU que busca proteger a la infancia y adolescencia migrante. En este sentido, el gobierno mexicano debe dedicar especial atención para respaldar esta iniciativa, ya que, como es bien sabido, el endurecimiento de las medidas de contención migratoria siempre viene aparejada de un incremento de la vulnerabilidad de los migrantes.
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string(5823) "En España acaba de aprobarse una Ley de eutanasia en marzo (1). “Eutanasia” significa literalmente “buena muerte”. Por supuesto, desde la definición se plantea la discusión: ¿buena muerte? ¿Cómo podría ser la muerte un bien? ¿No es acaso la pérdida del ser personal el mayor mal? Pues bien, en respuesta a lo anterior se ha insistido que el sentido correcto es tener un proceso de muerte digno adelantado sin sufrimientos innecesarios. Dicho de otro modo, si se han agotado todas las vías de cuidados paliativos y está presente un sufrimiento intolerable, v.g., estar severamente discapacitado, es razón suficiente para solicitar la ayuda del personal sanitario a morir. Se han planteado los siguientes argumentos en contra:
Uno de los argumentos en contra de la ley de eutanasia considera que existe una “desigualdad de la aplicación práctica de la Ley”. Ésta significaría admitir que en papel, es sencillo o al menos lograble, obtener un consentimiento adecuado del paciente que de modo libre y autónomo decide terminar con su vida, pero que las diferencias sociales y de recursos, de facto, limitan esa autonomía. Así, un paciente con recursos económicos puede acceder a todo tipo de cuidados y atenciones ante una enfermedad grave e incurable. En cambio, otras personas no tienen acceso a esos cuidados por escasez de recursos personales o del sistema de salud pública. La pregunta que surge entonces es: ¿se producirán más peticiones de eutanasia debido a diferencias en la calidad de atención? Es decir, uno de los problemas de la legalización de la eutanasia es que suponen “piso parejo” en la atención sanitaria, cuando en la realidad ésta es desigual. En consecuencia es posible imaginar escenarios donde las personas sufren y se produce un sufrimiento intolerable producido por la falta de cuidados a las personas afectadas.
Otro argumento es que no puede exigirse a otros el cumplimiento de una petición de eutanasia bajo la variable del sufrimiento, porque éste es objetivamente inconmensurable desde fuera, desde el otro. Lo anterior quiere decir que una persona con sufrimiento intenso (aun cuando estén controlados todos los elementos clínicos, como el dolor) parece pedir algo subjetivo imposible de medir objetivamente por otra persona: ¿por qué tendría alguien que ayudarle en ese propósito como un derecho legal? La discusión no es si de hecho sucede fuera de la Ley, sino plantear una ley que genere derechos y obligaciones. Dicha ley puede resultar en arbitrariedades, pues solo cada uno sabe lo que es un sufrimiento intolerable. Los defensores insisten en que debido a que existe objeción de conciencia en la Ley, entonces el componente subjetivo no se elimina, pero no obliga a quien no quiera atender una solicitud de eutanasia.
Lo anterior señala así el problema de fondo de la eutanasia: el componente subjetivo que parece que no puede legislarse y debe dejarse fuera de la ley, ya que la ley, en principio, es una expresión racional que es aplicable y defendible por los componentes objetivos que de algún modo pueden verificar terceros. La eutanasia parece no cumplir ese requisito. Dicho de otro modo, el sufrimiento no es sencillo correlacionarlo con un estado objetivo inobjetable y en todos los casos.
Los argumentos en torno a la eutanasia también parten de supuestos antropológicos: si se considera que la vida es un valor absoluto, no se podrían señalar ninguna circunstancia posible donde fuese lícito practicar la eutanasia. Por otra parte, si la vida no es un valor absoluto, si no se equipara a la dignidad, entonces sí puede plantearse la licitud de no tratar de mantener la vida a cualquier costo. Se ha señalado, correctamente, que lo anterior no es eutanasia sino la renuncia de medios desproporcionados para prolongar la vida. Los pacientes no tienen que soportar cualquier intervención por mantenerse vivos cuando los efectos esperados son nulos o rebasan la tolerancia a soportarlos. No obstante, la renuncia a medios desproporcionados en sentido estricto no es el tema de eutanasia, ya que no se busca la muerte como alivio del sufrimiento.
Si se considera que el valor absoluto a cuidar es la libertad del individuo a decidir cómo quiere vivir su vida, parece lógico que la decisión de cuánto tiempo vivir es una más entre otras. Desde esa perspectiva se ha defendido la eutanasia: las personas pueden decidir hasta cuándo vivir. Lo anterior puede ser cuestionable por aspectos religiosos que a menudo consideran que la vida es un don que solo se administra. Quitado el elemento religioso, no parece haber razón de peso en contra del libre ejercicio del derecho a la eutanasia. No obstante, perdura la dificultad en la razón de por qué tendríamos que obligar legalmente a atender una petición legal de eutanasia cuando el código hipocrático, por ejemplo, expresamente prohíbe generar la muerte en los pacientes aun cuando lo soliciten. Los defensores insisten en que al reconocerse la autonomía como un derecho primario en nuestros tiempos justifica el legislar al respecto.
Lo que sin duda no se encuentra en la discusión es que la tecnología médica ha permitido extender nuestra vida a límites en donde se presentan malestares intensos. En ese sentido, sí debe legislarse con objeto de poner límites razonables a posibles abusos de intervención, como encarnizamiento terapéutico. No obstante, queda abierta la discusión sobre si es razonable legalizar la eutanasia.
Referencias:
De Benito, E. (2021). “España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el quinto país del mundo en regularla”. Madrid: El País. Recuperado de: https://elpais.com/sociedad/2021-03-18/espana-aprueba-la-ley-de-eutanasia-y-se-convierte-en-el-quinto-pais-del-mundo-en-regularla.html"
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string(9623) "El 21 de marzo es el día mundial del Síndrome de Down y desafortunadamente en esta pandemia, quienes lo padecen son un sector más que a López y a su nefasta administración no les importan ni se preocupan por ellos. Es muy grave que haya sectores de nuestra población sin la debida atención en esta pandemia. Con ello, se refleja una falta de interés o, como si fuera una guerra, son daños colaterales y solo se abocan a los afectados por el Coronavirus.
En ese sentido, el pasado 21 de marzo, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down (SD), Octavio César García González, de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM escribió que la población con Síndrome de Down no cuenta con un censo de infectados y fallecidos a causa de la pandemia.
En las páginas de El Universal, García González explica la grave situación que enfrenta este sector de la población mexicana ante la pandemia del Covid-19, ya que una de las características principales de su condición es una respuesta inmunitaria débil, por lo que son susceptibles a enfermarse con mayor frecuencia que la población general. El regreso a las actividades para este grupo debe ser paulatino, como lo será para las personas con edad avanzada, y preferentemente cuando hayan sido inmunizados contra el virus.
Las personas con SD, destaca García González, forman parte del sector vulnerable de la población en la pandemia y corren un riesgo alto de padecer la enfermedad del Covid-19, ya que dentro de su fenotipo tienden a experimentar un envejecimiento acelerado, así como cuentan con alta predisposición a desarrollar diabetes, problemas respiratorios, entre otras afecciones, las cuales están relacionadas con defectos en el sistema inmune.
SIN CIFRAS DE CONTAMINACIÓN DE COVID
Lamentablemente, estimados lectores, en esta pandemia, como lo comenta García González, no hay cifras que contabilicen el número de casos positivos del Covid-19 en las personas con Síndrome de Down. Se sabe que la tasa de infección entre este sector es similar al de la población en general, como lo muestra un estudio internacional, liderado por “Trisomy 21 Research Society”.
Como observa García González, desde que inició oficialmente el confinamiento, el 23 de marzo del 2020, no solo las personas con Síndrome de Down, sino también aquellos con desarrollo intelectual atípico, se han enfrentado a problemas de estrés por el encierro. ¿Cómo lo afrontan? Eso depende mucho de los padres de familia, pues son punto esencial en el desarrollo y estimulación de los chicos con SD.
Agrega el autor: “Si la sociabilización es buena su capacidad aumenta, pero al enfrentarse al fenómeno actual esto se retrasa”, pues los tutores deben atender a sus obligaciones laborales, ya sea virtual o presencialmente, “lo que ha fracturado las situaciones en las que los chicos estaban acostumbrados a vivir. Muchas veces llegan a desarrollar conductas repetitivas, por ejemplo, ir a la escuela todos los días representa una actividad constante, si se le quita esa actividad generará estrés por lo que los padres de familia tendrían que continuar con esta estimulación desde casa”.
Asimismo, García González expone que la conciencia de cada una de las personas con Síndrome de Down, respecto a lo que sucede actualmente con el Covid-19, depende del grado de disfunción intelectual con el que cuenten. Y la sociabilización también les ayudará a entender lo que está pasando. De ahí la importancia que los padres de familia, cuidadores y profesores les expliquen qué sucede con la pandemia, aunque no lo comprendan totalmente.
Obviamente, el tema del aislamiento y la educación virtual en estas personas, tiene sus consecuencias. Y al respecto, el catedrático de la UNAM aseveró:
“Algunas fundaciones que promueven los derechos humanos de personas con SD continúan con clases virtuales, frente a las restricciones por la emergencia sanitaria, pues la intervención educativa es trascendental para la estimulación del sistema nervioso central, ya que ejercicios como la lectura, la escritura y la aplicación de problemas matemáticos es clave para su integración a la sociedad. Pero cuestionó “¿va a funcionar o no va funcionar la estrategia educativa por internet? No lo sabremos hasta dentro de unos años y eso incluye a la población general”.
Se remarca que pese a que para todos los estudiantes la escuela en línea ha supuesto un reto. Los alumnos con Síndrome de Down cuentan con problemas de atención y de memoria, a corto y a largo plazo porque se distraen más fácilmente, por lo que su proceso de atención, probablemente, dure algunos minutos y luego desatiendan, pero todo dependerá del grado de disfunción intelectual.
TAMPOCO APARECEN EN LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES
Y si todo lo anterior es grave, súmenle, estimados lectores, la ausencia de estadísticas de esta población. De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud (DGIS), las cifras oficiales más recientes, de 2018, informan que en ese año nacieron 689 personas con Síndrome de Down: 351 niñas y 338 niños. Y a pesar de que esta condición ha sido catalogada como “la causa genética más común de discapacidad intelectual” mundialmente, nuestro país no cuenta con un censo sobre la incidencia, aparición de nuevos casos, de esta alteración.
Es por ello que asociaciones civiles se han abocado en dicha problemática, como Red Down que, desde 2019, inició con una plataforma de registro nacional, dado que el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) únicamente señala que el 6.8% de la población padece alguna discapacidad, pero no especifica el tipo y número de condiciones que abarcan dentro de este grupo.
En marzo de 2020, a través del RENAPESD-MX, esta asociación registró a 2610 personas, destacando la CDMX con 478, Estado de México, 268 y Nuevo León 190, los tres estados con mayor número de casos con el 52.6% de mujeres y el 47.4% de varones.
Asimismo, en esta Plataforma documentaron que el 76.4% de las personas con SD fueron diagnosticadas al momento de nacer, mientras que el 14.6% y 8.2% detectaron la presencia de esta condición tres meses después del nacimiento y en los estudios prenatales, respectivamente. En la actualidad, esta plataforma cuantificó, hasta el 10 de marzo del 2021, 2836 registrados.
Finalmente, el especialista destacó que los habitantes con SD son personas con derechos, que forman parte de la sociedad, por lo que deben ser integrados a la parte productiva, pues sucede que son asistidas solo en la etapa temprana de sus vidas a través de la intervención pediátrica, “pero luego de los 15 años nadie sabe qué pasa con ellos ¿Dónde están? La proporción de adultos con esta condición que es vista activamente es mínima, por lo que asumimos que regresan a mantenerse confinados en sus casas”.
¿Qué es el Síndrome de Down y que lo ocasiona?: El neuropsicólogo, quien dirige el Laboratorio de Neurobiología de Síndrome de Down en la FP, declaró que es una alteración genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21 de los 46 que constituyen nuestra determinación cromosómica. Esta variación ocurre por una mala división celular durante el proceso de fecundación, generándose de esta forma una copia adicional, provocando déficit intelectual en las personas que lo padecen, la cual varía a lo largo de tres clasificaciones: “discapacidad intelectual leve, media y severa”.
La realidad que viven quienes padecen de Síndrome de Down es preocupante. Pero todo lo anterior, estimados lectores, no le interesa a López y a su 4T, ya que si antes de la pandemia no hacían nada por este sector de nuestra población, en plena pandemia, con aquello de que les “cayó como anillo al dedo”, obviamente menos lo hacen. Cruda y preocupante realidad. Por ello insisto en preguntarles a los 30 millones que le dieron su voto: ¿para eso votaron?, ¿ese es su cambio prometido?"
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string(5823) "En España acaba de aprobarse una Ley de eutanasia en marzo (1). “Eutanasia” significa literalmente “buena muerte”. Por supuesto, desde la definición se plantea la discusión: ¿buena muerte? ¿Cómo podría ser la muerte un bien? ¿No es acaso la pérdida del ser personal el mayor mal? Pues bien, en respuesta a lo anterior se ha insistido que el sentido correcto es tener un proceso de muerte digno adelantado sin sufrimientos innecesarios. Dicho de otro modo, si se han agotado todas las vías de cuidados paliativos y está presente un sufrimiento intolerable, v.g., estar severamente discapacitado, es razón suficiente para solicitar la ayuda del personal sanitario a morir. Se han planteado los siguientes argumentos en contra:
Uno de los argumentos en contra de la ley de eutanasia considera que existe una “desigualdad de la aplicación práctica de la Ley”. Ésta significaría admitir que en papel, es sencillo o al menos lograble, obtener un consentimiento adecuado del paciente que de modo libre y autónomo decide terminar con su vida, pero que las diferencias sociales y de recursos, de facto, limitan esa autonomía. Así, un paciente con recursos económicos puede acceder a todo tipo de cuidados y atenciones ante una enfermedad grave e incurable. En cambio, otras personas no tienen acceso a esos cuidados por escasez de recursos personales o del sistema de salud pública. La pregunta que surge entonces es: ¿se producirán más peticiones de eutanasia debido a diferencias en la calidad de atención? Es decir, uno de los problemas de la legalización de la eutanasia es que suponen “piso parejo” en la atención sanitaria, cuando en la realidad ésta es desigual. En consecuencia es posible imaginar escenarios donde las personas sufren y se produce un sufrimiento intolerable producido por la falta de cuidados a las personas afectadas.
Otro argumento es que no puede exigirse a otros el cumplimiento de una petición de eutanasia bajo la variable del sufrimiento, porque éste es objetivamente inconmensurable desde fuera, desde el otro. Lo anterior quiere decir que una persona con sufrimiento intenso (aun cuando estén controlados todos los elementos clínicos, como el dolor) parece pedir algo subjetivo imposible de medir objetivamente por otra persona: ¿por qué tendría alguien que ayudarle en ese propósito como un derecho legal? La discusión no es si de hecho sucede fuera de la Ley, sino plantear una ley que genere derechos y obligaciones. Dicha ley puede resultar en arbitrariedades, pues solo cada uno sabe lo que es un sufrimiento intolerable. Los defensores insisten en que debido a que existe objeción de conciencia en la Ley, entonces el componente subjetivo no se elimina, pero no obliga a quien no quiera atender una solicitud de eutanasia.
Lo anterior señala así el problema de fondo de la eutanasia: el componente subjetivo que parece que no puede legislarse y debe dejarse fuera de la ley, ya que la ley, en principio, es una expresión racional que es aplicable y defendible por los componentes objetivos que de algún modo pueden verificar terceros. La eutanasia parece no cumplir ese requisito. Dicho de otro modo, el sufrimiento no es sencillo correlacionarlo con un estado objetivo inobjetable y en todos los casos.
Los argumentos en torno a la eutanasia también parten de supuestos antropológicos: si se considera que la vida es un valor absoluto, no se podrían señalar ninguna circunstancia posible donde fuese lícito practicar la eutanasia. Por otra parte, si la vida no es un valor absoluto, si no se equipara a la dignidad, entonces sí puede plantearse la licitud de no tratar de mantener la vida a cualquier costo. Se ha señalado, correctamente, que lo anterior no es eutanasia sino la renuncia de medios desproporcionados para prolongar la vida. Los pacientes no tienen que soportar cualquier intervención por mantenerse vivos cuando los efectos esperados son nulos o rebasan la tolerancia a soportarlos. No obstante, la renuncia a medios desproporcionados en sentido estricto no es el tema de eutanasia, ya que no se busca la muerte como alivio del sufrimiento.
Si se considera que el valor absoluto a cuidar es la libertad del individuo a decidir cómo quiere vivir su vida, parece lógico que la decisión de cuánto tiempo vivir es una más entre otras. Desde esa perspectiva se ha defendido la eutanasia: las personas pueden decidir hasta cuándo vivir. Lo anterior puede ser cuestionable por aspectos religiosos que a menudo consideran que la vida es un don que solo se administra. Quitado el elemento religioso, no parece haber razón de peso en contra del libre ejercicio del derecho a la eutanasia. No obstante, perdura la dificultad en la razón de por qué tendríamos que obligar legalmente a atender una petición legal de eutanasia cuando el código hipocrático, por ejemplo, expresamente prohíbe generar la muerte en los pacientes aun cuando lo soliciten. Los defensores insisten en que al reconocerse la autonomía como un derecho primario en nuestros tiempos justifica el legislar al respecto.
Lo que sin duda no se encuentra en la discusión es que la tecnología médica ha permitido extender nuestra vida a límites en donde se presentan malestares intensos. En ese sentido, sí debe legislarse con objeto de poner límites razonables a posibles abusos de intervención, como encarnizamiento terapéutico. No obstante, queda abierta la discusión sobre si es razonable legalizar la eutanasia.
Referencias:
De Benito, E. (2021). “España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el quinto país del mundo en regularla”. Madrid: El País. Recuperado de: https://elpais.com/sociedad/2021-03-18/espana-aprueba-la-ley-de-eutanasia-y-se-convierte-en-el-quinto-pais-del-mundo-en-regularla.html"
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