Un trabajo mal remunerado no propicia eficiencia ni virtud. Más bien, produce inconformidad y desesperación. Y, sobre todo, ¡fomenta la corrupción!
En su primer informe de gobierno, la presidenta Sheinbaum inició laudando –como era de esperarse– el sexenio de su líder espiritual y político, el expresidente López Obrador. Así, logró presentar el contexto de su narrativa –que raya hasta en periplo cósmico-épico– de cómo México despertó en un nuevo amanecer de justicia social que se llama la cuarta transformación, dejando atrás la larga noche del protervo neoliberalismo… ¿será que sí?
Pienso que, aunque las ayudas económicas –en forma de pensiones o becas– sí parten de una racionalidad de democracia social, su obsesión con la austeridad es un desliz freudeano. Más que un ideal social –o incluso marxista, ya que tanto parece gustarle a la ministra Batres, así como al señor Arriola– la reducción masiva de salarios y prestaciones a los servidores públicos se asemeja más a una política contundentemente neoliberal. Es Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM –afín a la 4T–, quien explica en qué consiste el credo neoliberal. Dentro de las tres dimensiones que identifica, describe cómo una de sus prioridades es la reducción de facultades y funciones estatales. Así, un Estado mínimo sirve a los intereses del mercado y de los más privilegiados, pues carece de autoridad para imponer una legislación efectiva que defienda derechos laborales, dejando a los trabajadores a la merced del mercado –y de los más ricos–.
Mientras menos presupuesto tenga, menor alcance y efectividad tendrá el Estado. Por ello, me llama la atención que los grandes defensores del pueblo bueno sean los primeros en empobrecer las condiciones que permitan un salario digno –distinto de uno mínimo–. O que, cuando les conviene, se escudan en la Constitución para decir que no pueden cambiarla para, por ejemplo, reformar las pensiones para que millones de mexicanas y mexicanos nos podamos jubilar con auténtico bienestar.
La corrupción no se resuelve con un enfoque ideológico –ningún problema político, en realidad–. Para combatirla, tendríamos que adoptar una visión de interseccionalidad que reconcilie variables socioeconómicas, jurídicas y culturales. Así, una propuesta para vigilar el gasto público es –aunque a Morena le aterrorice– un instituto ciudadano que supervise y transparente el gasto del presupuesto federal. Muy distinto al burdo criterio de cortar por cortar, que sólo ha dejado mancos a los trabajadores de la federación.
A propósito de las manos que operan el Estado: también es un acto de flagrante corrupción ocupar un puesto cuando no se sabe desempeñarlo. Se tiene una responsabilidad con la ciudadanía que se tiene que cumplir. Por lo que los servidores públicos tienen la obligación de brindar una atención real, expedita, efectiva y de conformidad con los principios constitucionales. ¡Qué mayor ironía que ni el nuevo Poder Judicial sepa quiénes son los jueces y magistrados electos! Hasta parece un mal cuento para niños el hecho que tengan que contactarlos a través de un comunicado abierto a la ciudadanía. Si antes existieron problemas en la impartición de justicia, ¡agárrate!, ahora se vienen muchos más. Esta es otra muestra de la doctrina neoliberal aplicada por quienes aducen ser del pueblo bueno, que reduce el poder estatal al mínimo de su capacidad. Aunque, quizás, viendo cómo viven algunos austeros republicanos de la 4T –como Noroña, el nuevo gentil burgués anti-comunero y pro-emprendimiento, Mario Delgado con su súper departamento en Reforma de 15 millones de pesos, o Arturo Ávila con su propiedad en California, Estados Unidos–, entiendo por qué a la 4T ya le gustó eso de pertenecer al club de los neoliberales.
@FranzvonSparr | @vonsparr90
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