INVERTIRÁ GOBIERNO 100 MDP PARA INTEGRACIÓN DE CENTROS DE JUSTICIA LABORAL: MIGUEL BARBOSA

Este fin de año, el Gobierno del Estado destinará 100 millones de pesos para que el Tribunal Superior de Justicia  (TSJ) de Puebla integre e instale centros de justicia laboral, que será la figura que sustituirá a...

18 de octubre, 2020

Este fin de año, el Gobierno del Estado destinará 100 millones de pesos para que el Tribunal Superior de Justicia  (TSJ) de Puebla integre e instale centros de justicia laboral, que será la figura que sustituirá a las juntas de conciliación y arbitraje en los estados, lo anterior como parte de la reforma laboral.

Así lo anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta en su habitual videoconferencia de prensa, en la que dijo que, a la par, la administración estatal también está invirtiendo recursos para que la junta abata el rezago histórico de expedientes laborales, lo que reconoció que representa un reto para todos los estados.

Barbosa Huerta celebró que la reforma laboral establezca que ahora los centros dependan del Poder Judicial y ya no del Ejecutivo, pues señaló que dirimir una controversia entre trabajadores y patrones o en cualquier ámbito de la relación laboral, es un asunto de justicia, por lo que tiene que estar en manos del TSJ.

Por último, el gobernador destacó que, en su calidad de senador, participó en la construcción de la reforma laboral, por lo que la conoce a detalle.

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En este sentido, el académico Roger Batra refiere que la clase media está conformada por aquellos que no son ni ricos ni pobres, por lo que, la OCDE en 2019 en su estudio, “Under pressure: The Squeezed Middle Class” indicó que en México la clase media representa el 45% de la población, es decir, un poco más de 56 millones de mexicanas y mexicanos.   Al respecto, cifras del Centro de Estudios Espinosa Yglesias indican que la pandemia de Covid-19 provocó que 13 millones de personas de la clase media pasen a la pobreza laboral, mientras el INEGI reportó que en 2020 más de 1 millón de empresas cerraron definitivamente y la CONSAR, indicó que en marzo de 2021 se incrementó a 67.2% el retiro parcial del AFORE por causa del desempleo.  Por su parte, el CONEVAL estimó que alrededor de 9.8 millones de personas han caído en pobreza por la disminución de sus ingresos, lo que no les permite cubrir su alimentación básica pese a los programas sociales promovidos por el Gobierno de México; indicó que cuatro de cada 10 personas no tienen ingresos suficientes para comer. Sumado a esto, la ANPEC señaló que el precio promedio de alimentos de la canasta básica y servicios se incrementó un 6.3% en el país durante marzo de 2021.  Mientras datos del INEGI 2020 referidos en México Social3 señalan que alrededor de 3.48 millones de hogares donde habita algún adulto, no pudo desayunar, comer o cenar al menos una vez por falta de recursos y en 3.13 millones de hogares algún adulto sintió hambre y no pudo acceder a una comida. Consideraciones Los datos anteriores muestran un México que carece de una política social, económica y de inversión que incentiven el crecimiento y el bienestar de la población, lo cual ha provocado que millones de familias en el país continúen viviendo con precariedad laboral, hambre e incertidumbre. Esta situación se agravó por una gestión deficiente en el manejo de la pandemia de Covid-19 que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de California, en México se pudo prevenir más de 190 000 muertes en 2020. El sector que representa a la clase media es amplio y heterogéneo. Está conformado por mujeres y hombres que promueven la productividad, el empleo, el crecimiento y el progreso de México. Este sector ha sido castigado por las políticas no entendibles en materia austeridad en el período de pandemia, afectando el empleo, el emprendimiento y la economía de mexicanas y mexicanos que en 2018 votaron por Morena y sus aliados.  Más lamentable y a consecuencia de las medidas equivocadas, durante 2020 la población en situación de pobreza creció. Esto es síntoma de retroceso y evidencia las fallas en la actual política social y económica, ya que este sector con alta vulnerabilidad y marginación se alejó más del bienestar prometido por la 4T y difícilmente podrá acceder a servicios, escuela y a una canasta básica alimentaria, mucho menos, si los productos y servicios aumentan de precio. 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