Vamos a la clave del asunto. Hasta en el fútbol se necesitan árbitros. Estos son –por definición– personas que no juegan en las partidas –no se meten a patear el balón, ni corren a anotar goles–. No forman parte de ningún equipo, ni practican ejercicios de calentamiento o rendimiento. Asimismo –como los clubes de la liguilla– los árbitros no son electos por la afición, ni por los partidos. Su designación depende de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol. Eso sí, son personas esenciales para que los partidos de fútbol sucedan. Ya que su función es «aplicar en el desarrollo de cualquier partido oficial o amistoso, las Reglas de Juego expedidas por el International Football Association Board (IFAB) y promulgadas por la FIFA y el Reglamento de Competencia autorizado por la FMF, y serán los responsables de su estricta observancia».
Si los árbitros fueran electos por la afición, ¿te imaginas el tremendo caos que se desataría? Al final, lo que menos importaría sería que el árbitro siguiera las reglas del juego. Bastaría con asegurar que perjudica al equipo contrario para que la afición que lo seleccionó lo tenga sobre un pedestal. Una vez acabada la partida, la afición incluso lo exaltaría como «el árbitro del pueblo» o con algún otro apelativo. Por supuesto que los dejaría muy felices, ¿pero realmente sería justo? ¿Así o más explícito?
Esta analogía es una contundente –si bien, harta sencilla– explicación de por qué el Poder Judicial de la Federación no puede estar sujeto a elecciones populares. En una sana democracia, donde los tres poderes están –o debiesen de permanecer– en balance, el Poder Judicial desempeña el papel del árbitro. Contrario a lo que la «ministra del pueblo» Batres arguyó en su participación de la sesión del pasado jueves 27 de junio, el Poder Judicial tiene la expresa función de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución Mexicana. Por ello se lee en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación –artículo 11– que «El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes». Por ello, se ha dicho en muchas ocasiones que son «el máximo intérprete de la Constitución Mexicana». Porque en realidad, ¡lo son! El Poder Judicial, distinto de crear leyes o ejecutar las acciones del gobierno, tiene la gran responsabilidad de impartir justicia asegurando que las leyes se cumplan. Tal como el árbitro en un partido de fútbol.
Para finalizar, quiero ensayar dos breves retos de los muchos que se presentan en la reforma al Poder Judicial. El primero es cómo blindar su posición de árbitro neutro, no desmantelarlo para que la justicia se venda al mejor postor. Aquí es importante señalar que la resolución de casos es algo que también corresponde a la Fiscalía General de la República. Tal órgano tiene la facultad de abrir las carpetas y llevar a cabo las pesquisas correspondientes para asegurar que las personas que incurran en crímenes sean castigadas y presentadas ante la justicia. Sin embargo, la Fiscalía –como se lee en artículo 102, inciso A, fracción VI– no compadece ante el Poder Judicial, sino ante los poderes políticos Ejecutivo y Legislativo. Así, ¿cómo aseguramos que el órgano facultado para asegurar la persecución de crímenes se mantenga neutral si responde –en último grado– al Ejecutivo y al Legislativo –que responden a los intereses de sus partidos–?
El segundo reto es –además de la inmensa cantidad de recursos y exhaustivos lineamientos– ¿cómo debieran hacer campañas electorales? «Yo sí voy a interpretar bien la ley» no es una buena promesa de campaña. Es como si les dijera a mis estudiantes que «yo sí vine a enseñarles la materia correspondiente». Es una obligación, no un mérito. Además, ¿cómo vamos a evaluar si tal persona es una buena juzgadora jurídica? Más que preocuparnos de qué es «sobreseer», «interpretación sistémica», «principio de supremacía», debiéramos dejarlo en la cancha de los expertos. Al ciudadano y ciudadana de a pie, les digo que no se agobien por aprender esto. Ya hay un Poder Judicial, el árbitro democrático, que sabe lo que hace. Aunque sí, siempre lo puede hacer mejor.
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