El viernes pasado, seis de 11 consejeros del INE decidieron posponer la realización de la revocación de mandato por la falta de presupuesto. La discusión es clara: hay un mandato constitucional para llevar a cabo un ejercicio de participación ciudadana llamada “revocación de mandato”, si se cumple con el 3% de las firmas de los electores.
Todos sabemos que MORENA, a través de distintas organizaciones civiles, está recabando firmas justo para acceder a ese instrumento de participación ciudadana y en caso de cumplirlo, es evidente que el INE tendrá la obligación de llevar a cabo la revocación de mandato. Pero esa obligación debe ir acompañada de recursos y es esa la discusión.
Al INE no se le puede solicitar la implementación de capacitación, casillas, boletas, conteos, desplegados en todo el país si no tiene recursos. En la discusión del Presupuesto de Egresos 2022 se le solicitó a la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados que se le asignaran los recursos suficientes al INE para poder realizar este ejercicio participativo; sin embargo, no lo hicieron.
La Constitución y la ley de la materia mandatan que se deben instalar las mismas casillas para revocación de mandato que las instaladas para el proceso electoral anterior, es decir, se deben instalar 161 mil casillas, capacitar a medio millón de funcionarios de casilla, imprimir toda la papelería electoral y realizar los conteos de votos recibidos. Para ello, se requieren aproximadamente 4 mil millones de pesos, recursos con los que no cuenta el INE.
La Comisión Permanente deberá llamar a la Cámara de Diputados para que realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes para el próximo año y se le asignen mayores recursos al INE.
También urge que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera prioritaria resuelva la controversia constitucional interpuesta por el INE en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
Lo que necesita el INE no son amenazas de juicios políticos ni amedrentamientos de funcionarios del gobierno. Lo que necesita es que se le asignen recursos suficientes para cumplir con el mandato de ley.
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