El uso de drones, una realidad en tareas de seguridad pública

La Unidad Águila pretende mantener seguimiento visual de un individuo, grupo, objetos con el fin de frustrar cualquier tipo de amenaza.

7 de noviembre, 2022 El uso de drones, una realidad en tareas de seguridad pública

El 1 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar Hamid García Harfuch, hizo el lanzamiento oficial de la “Unidad Águila” para fortalecer las tareas de investigación cibernética y de inteligencia policial. Los drones que conforman dicha unidad son Matrice 300 RTK, los más potentes y actualizados del mercado. Habiendo superado la fase de pruebas, quedaron coordinados con la fiscalía capitalina para ubicar en tiempo real la operación de bandas delictivas. García Harfuch asegura que “no monitorearán” ninguna actividad que no sea delictiva, lo cual no deja de generar suspicacias. 

En un inicio, esta unidad cuenta con seis drones equipados con alta tecnología para realizar tareas de inteligencia. Su equipamiento incluye GPS, cámaras de alta resolución, lámparas, altavoces, estrobos, sensores anticolisión. Pueden volar hasta 8 horas con un alcance de 15 km en forma autónoma.

Sus tareas pueden ejecutarse también por la noche ya que cuentan con cámaras térmicas y nocturnas que podrían auxiliar en tareas de vigilancia, búsqueda y hasta labores de rescate.

Antes de la incorporación como Unidad Águila en la CDMX, ya se utilizaban en Sinaloa, Tabasco, Chihuahua, Nuevo León.

Los drones a nivel urbano, ofrecen ilimitadas posibilidades como instrumentos de los sistemas de información geográfica, cartografía, mapas, catastro, monitoreo de medio ambiente, protección civil, prevención de riesgos, detección de incendios, etc.

La Dirección General de Aeronáutica Civil emitió una circular para establecer los requerimientos para operar aeronaves piloteadas a distancia (drones) y/o su autorización de operación. Clasificó los sistemas y propuso un registro, pero el problema de esta “norma” es que no finca responsabilidad ni penalizaciones a quienes la incumplan, es decir, es meramente enunciativa… aunque sí exige el registro ante esa dirección general tanto de aparatos como de pilotos.

Aportaciones de los drones a las tareas de seguridad

Los drones, en tareas de atención de incendios, han sido probados con éxito en áreas de riesgo crítico. Durante el incendio de la Catedral de Notre Dame en Paris, los drones apoyaron con éxito a los más de 400 bomberos que participaron. Los drones hicieron todo el trabajo de mapeo y clasificación de daños incluyendo el interior.

Cuando se presenta un accidente vehicular, un dron puede realizar en minutos un modelo cartográfico de lo sucedido. Así ya no hay que esperar “peritos” y se puede restablecer rápidamente el tránsito de la vía.

Otra de las funciones que los hacen hoy ya indispensables en la vida urbana son las acciones de salvamento, pues pueden hacer evaluaciones de las condiciones de una zona o un edificio sujeto a una situación catastrófica en la búsqueda de personas sin comprometer demasiado la vida de los rescatistas.

Hay casos de éxito en el mundo desde el año 2020, por ejemplo, cuando una enorme avalancha arrasó una villa completa en Noruega, sepultando bajo el lodo y nieve más de 21 hectáreas, donde el uso de drones permitió rescatar con vida a la mayoría de las personas afectadas.

Las grandes interrogantes que debemos conocer los habitantes respecto al uso de drones:

  • ¿Qué trabajos de planeación y análisis previos respaldan su adquisición y propuestas de operación?
  • ¿Cómo garantizar a los ciudadanos que esta tecnología no afecta las libertades civiles, la privacidad y no se utilizara en acciones de espionaje?
  • ¿Qué nivel de coordinación operativa tiene la SSC con la SENEAM para garantizar la seguridad del espacio aéreo?
  • Existen en operación muchos teleoperadores de drones privados. Surge la necesidad de saber cómo se desactivarían esos aparatos que convivirán en el mismo espacio aéreo que los de SSC en caso de ser necesario.
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Esta es a todas luces una práctica ilegal que contraviene el artículo II constitucional como una de las garantías individuales primordiales: la libertad del tránsito, aunque cuando solo se cierra una calle que sirve únicamente para los que ahí habitan solo se afecta la movilidad y no el tránsito. El artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica de la CDMX en su apartado II, dice: “se prohíbe impedir o estorbar cualquier forma del uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acceso de las personas siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello”. Y es precisamente esta última frase la que causa conflicto pues muchas veces son las alcaldías las que hacen operativos para retirar plumas y casetas cuando en administraciones anteriores ellas mismas las permitían. ¿Cuál es el origen del problema? 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Colocación de obstáculos en vía pública En todas las ciudades del país, hayan o no cerrado el acceso al libre tránsito en una calle, es común y hasta normal ver botes con cemento, cajas, huacales y todo tipo de objetos pesados ubicados para “proteger” y apartar lugares de estacionamiento (franeleros incluidos) en cientos de calles de la mayoría de las ciudades. Esta es ya fuente de conflicto permanente entre vecinos y policías municipales, unos ponen obstáculos, otros llegan y se los llevan, a quien asiste la razón? Así, persiste la pregunta: ¿la calle es libre? ¿Es el cierre de calles un desafío para la habitabilidad de las ciudades? Las calles cerradas por los residentes son en primer lugar “vías terciarias”, es decir, vías cuyo tránsito es interno y a menudo son andadores o hasta callejones sin salida. 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