Filtraciones, politiquería barata, show mediático, golpeteo político, ocultamiento de información, impunidad, ineptitud de la fiscalía, revictimización y una profunda crisis sistémica en materia de seguridad para las mujeres, es el resultado evidente del doloroso caso del feminicidio de Debanhi Escobar Bazaldúa, desaparecida el pasado 9 de abril y localizada muerta en una cisterna del Hotel Nueva Castilla, el pasado 21 de abril en Escobedo (Nuevo León).
La imagen viral de Debanhi abandonada a su suerte en la carretera a Nuevo Laredo por el taxista que debió transportarla a su casa, después que sus supuestas amigas se deshicieran de ella, es un retrato brutal de la deshumanización en estos tiempos. El caso del feminicidio ocurrió en el estado de Nuevo León gobernado por el polémico mandatario Samuel García, emanado del partido político Movimiento Ciudadano (MC). El exsenador es un personaje superfluo, más cercano a la farándula, pero que logró el triunfo electoral gracias al apoyo de importantes sectores empresariales y sobre todo al sui géneris electorado regiomontano.
La entidad norteña enfrenta una crisis de desapariciones de mujeres que se han hecho más visibles desde el caso doloroso de la adolescente de 18 años. El escalamiento en los desastres de la fiscalía neoleonesa, las contradicciones en la investigación, la cobertura mediática más tendenciosa al show que a la búsqueda de la justicia, hizo que el caso fuera emblemático a nivel nacional e internacional. El feminicidio de la joven se suma a muchos ocurridos en todos los estados del país, por lo que una alerta de género nacional debería imponerse ante la cruda realidad cotidiana.
El increíble actuar de la Fiscalía de Nuevo León es una radiografía de la crisis sistémica del poder judicial de los estados que no pueden ni les interesa, investigar las desapariciones, homicidios y delitos que laceran a la mayoría de los mexicanos, en especial a las mujeres que son un grupo vulnerable desde los tiempos neoliberales y en el presente régimen morenista.
Es una tradición macabra que cuando un caso trasciende a nivel nacional, se busque darle “carpetazo” para evitar exhibir la podredumbre del sistema judicial en los estados. Además de la tragedia ocurrida para las féminas, el sistema les revictimiza con tal de no cambiar nada, a pesar de la ola de feminicidios que ocurren en el país, el presupuesto para justicia no aumenta, en medio de un discurso patriarcal profundamente incrustado en el sistema judicial.
El desaseo en las investigaciones ya produjo la renuncia de dos subsecretarios de la fiscalía estatal, además de enfrentamientos entre el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero con el gobernador García. Así como la realización de una segunda autopsia pagada por el padre de Debanhi, Mario Escobar, donde se asegura que su hija murió por múltiples traumatismos cráneo encefálico y que sufrió abuso sexual.
Ante el desastre que ha sido el inicio del gobierno de Samuel García, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acudió a la poderosa entidad económica a apoyar en el caso de Debanhi y en la crisis hídrica que ya afecta a la mayoría de la población. En esa visita al estado, Mario Escobar y su esposa se reunieron con el presidente el pasado 13 de mayo, donde se acordó que la federación apoye en el caso, ante los terribles errores de la fiscalía local que en un principio, buscó presentar la muerte de la joven como un accidente.
En el clímax de los eventos desafortunados fue la filtración de la segunda autopsia por parte de la fiscalía a un periódico español y al noticiero de la conductora Azucena Uresti que demostró la vileza de algunos medios que privilegian el show mediático, sin importarles las víctimas y sus familiares.
El calvario de Mario Escobar, padre de Debanhi, es representativo del peregrinar trágico que los familiares o amigos de una mujer desaparecida deben enfrentar para poder localizarlas o para recuperar sus restos mortales en el peor de los casos. La falta de interés de los ministerios públicos, la minimización de la tragedia, los lugares comunes del “se fue con el novio”, la falta de peritos empáticos, o la simple ausencia de estos, hacen que iniciar una denuncia sea una nueva pesadilla en medio de una situación que ya es insoportable.
En todo México no existen grupos de especialistas que atiendan los múltiples delitos cometidos contra las mujeres, ante la ola de desapariciones, deberían existir grupos de mujeres especialistas que acompañen los procesos de investigación y seguimiento en las búsquedas de desaparecidas. El enfoque de género es nulo o casi inexistente en cada investigación que se realiza en un presunto feminicidio, desaparición, violación o agresiones sexuales.
La inseguridad nacional pegó en un caso que se hizo simbólico de la derrota de los gobiernos federales, estatales y locales en materia de protección a sus mujeres que según estadísticas fatales; 11 mujeres son asesinadas cada día, con una impunidad del 95 por ciento de los casos.
A muchos de los medios de comunicación poco les interesa ser éticos o apegarse a algún manual de estilo que evite hacer un show mediático, en otras ocasiones parecen estar más cercanos al poder estatal. Las mujeres sienten estar sentenciadas a ser víctimas impunes de violencia intrafamiliar, abuso sexual, secuestro o desaparición forzada. El sistema patriarcal ha propiciado un ambiente social que ha normalizado el machismo y el clasismo enraizado en la psique social del mexicano.
Ningún partido político histórico, ni el régimen morenista, mucho menos los gobiernos emanados de MC, han sabido o querido frenar la ola de violencia que padece el país, en especial la vulnerabilidad de las mujeres que desde antes de la pandemia eran un grupo social dominado ante los poderes económicos y ahora, con los feminicidios desatados, representan el más lacerante estigma de impunidad y olvido. El sistema judicial mexicano le ha fallado históricamente a sus mujeres.
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