El INE acaba de cancelar o revocar un número sustancial de candidaturas a diputaciones federales y dos gubernaturas que incluyen la de Guerrero y la de Michoacán.
¿La razón?
La razón esgrimida por el INE es que los partidos políticos cuyos candidatos han sido revocados o cancelados, incumplieron su obligación de reportar A TIEMPO o de plano no reportaron sus gastos de precampaña.
Lo resuelto por el INE debe ser analizado con base en el principio de LEGALIDAD consagrado en el artículo 16º Constitucional que a la letra dice:
Artículo 16º.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”.
De acuerdo con esta disposición constitucional, el INE está obligado a:
Fundar la sanción impuesta a MORENA y otros partidos políticos, en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.
Motivar la sanción aplicada, argumentando que MORENA incumplió su obligación legal de informar sobre los gastos de precampaña.
Justificar la sanción impuesta, precisando que el incumplimiento y violación de las leyes electorales, amerita la cancelación o revocación de las candidaturas.
¿Cuál es el papel del presidente de la República en relación con este problema?
El mensaje de AMLO es de dos bocas:
La semana pasada hizo que los gobernadores de los estados acudieran a Palacio Nacional a una reunión en la que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y TODOS LOS GOBERNADORES se comprometerían a NO INTERVENIR en los procesos electorales.
El Instituto Nacional Electoral NO fue invitado porque el propio presidente López Obrador dijo que basta que esa autoridad ejercite sus funciones de acuerdo a las leyes que la rigen; sin embargo, tan pronto como AMLO se enteró de la revocación o cancelación de candidaturas, violentó el debido proceso legal al descalificar la autoridad del INE diciendo que se ha erigido en el SUPREMO PODER CONSERVADOR.
Por cierto, que nadie en todo México tiene ni la menor idea de que sea el Supremo Poder Conservador (1) y mucho menos saben los mexicanos lo que fueron las Siete Leyes Centralistas de 1836, en las que aquel Supremo Poder Conservador fue constituido.
López Obrador encarna precisamente el poder absoluto que le permite intimidar jueces, amenazar ministros, descalificar al INE y atropellar cualquier vestigio de división de poderes o respeto por la Constitución.
¿Qué debería hacer el presidente de la República?
Debería comenzar por recordar que NO es el presidente de MORENA sino de México y, en consecuencia, presidente de TODOS los mexicanos y no nada más de los que lo veneran y lo adulan.
El indicado para impugnar lo resuelto por el INE es Mario Delgado, NO López Obrador. Mario Delgado es el que debe impugnar lo resuelto por el INE mediante argumentos y pruebas que en su caso sirvan para revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral.
Por su parte, el INE debería denunciar las irregularidades de MORENA y otros partidos, para que la Fiscalía General de la República investigue si los fondos NO reportados por MORENA y otros partidos políticos, pudieran ser de procedencia ilícita, incluyendo a los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado en general.
Azuzados por López Obrador desde su púlpito de Palacio Nacional, MORENA y sus partidos satélites corean al unísono que el INE forma parte de un “COMPLOT”. Primero que todo, hay que esclarecer el significado de la palabra COMPLOT. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:
COMPLOT es un “acuerdo secreto para hacer algo ilícito o indebidamente perjudicial para otro”.
El acuerdo emitido por el Consejo de Fiscalización del INE, no califica como COMPLOT por dos razones:
NO ES UN ACUERDO SECRETO, puesto que se lo han notificado a MORENA, al Partido del Trabajo y a los demás partidos afectados.
NO ES UN ACUERDO ILÍCITO, sino al contrario, es resultado de la aplicación de la Ley Electoral y de la Constitución Federal.
Si lo resuelto por el INE viola el artículo 16º Constitucional, MORENA representada por Mario Delgado y por los abogados que designen para representarlos, TIENEN A LA MANO LOS RECURSOS LEGALES NECESARIOS.
Otra queja del presidente López Obrador apunta a que se pretende impedir que MORENA repita su actual mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Lo que AMLO quiere es que el INE le permita a MORENA violar de nuevo el artículo 54 Constitucional que en su fracción V dice a la letra:
Artículo 54, fracción V. “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”.
En la actual Cámara de Diputados Federal, MORENA tiene un exceso de sobrerrepresentación de 15%. MORENA, en las elecciones del 2018, maniobró endosándole diputados a los partidos satélites y reacomodando los suyos de manera que alcanzó un porcentaje MUY SUPERIOR AL 8% PERMITIDO POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.
El cumplimiento de la Constitución Federal, de las leyes electorales y de todas las demás leyes que nos rigen, NO puede hacerse depender de que le guste o no le guste al actual presidente de la República que fue el primero en obligarse a respetar esa Constitución y todas las leyes que de ella emanan.
El INE no puede quedarse corto ni meter el rabo entre las patas permitiendo que sus integrantes sean intimidados como lo ha sido el Poder Judicial gracias a la timidez y sumisión apenas disimulada de Arturo Zaldívar. El INE está obligado a denunciar las irregularidades en el manejo de recursos durante las precampañas electorales, para que se esclarezca el origen y aplicación de las “aportaciones” NO declaradas por los partidos y sus candidatos.
Existen acuerdos e instancias internacionales que vinculan a muchos partidos políticos; hay acuerdos de cooperación judicial y policiaca entre Estados Unidos y México que permiten a los partidos políticos mexicanos denunciar delitos considerados de competencia internacional, como el de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior presenta una opción legítima para poner orden y evitar que México se convierta por completo en un narco estado como Bolivia, Venezuela o Cuba.
El INE debe denunciar los posibles delitos electorales y delitos por operación con recursos de procedencia ilícita y exigir al Fiscal General de la República que inicie carpetas de investigación para determinar la probable responsabilidad PENAL de los partidos políticos como MORENA, Redes Sociales Progresistas, Partido Verde y Partido del Trabajo. El ocultamiento de sus gastos de precampaña debe ser investigado penalmente y los responsables no solamente deben perder sus candidaturas sino ir a prisión.
Los mexicanos hoy tienen en el INE un baluarte para recuperar la democracia sin marrullerías y sin sobrerrepresentaciones artificiosas como la que Mario Delgado lucha por retener alegando que “MORENA ES víctima de un COMPLOT” para impedir la democracia, CUANDO EN REALIDAD SE TRATA DE RESCATAR LA DEMOCRACIA y restaurar la DIVISIÓN DE PODERES, el ESTADO DE DERECHO y la libertad de México. La única opción para frenar la imposición del SUPREMO PODER DE OBRADOR, es votar masivamente el 6 de junio próximo, HACIENDO algorítmicamente imposible el fraude electoral.
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- El Supremo Poder Conservador era un cuerpo colegiado compuesto por 5 miembros cuya función era garantizar la verdadera y efectiva división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) de acuerdo con las Siete Leyes Centralistas de 1836.
López Obrador acusa al INE aplicándole ese nombre, con una clara intención peyorativa y de intimidación, porque sabe que nadie en México, comenzando por los legisladores de MORENA, tiene conocimientos jurídicos e históricos básicos para saber qué fue aquel Supremo Poder Conservador. El propósito del Supremo Poder Conservador era hacer cumplir una verdadera división de poderes.
Lo que AMLO busca es imponer el Supremo Poder de Obrador para confeccionarse disposiciones a la medida de sus ambiciones a costa de la Constitución Federal.
El único Morenista que sabe lo que era el Supremo Poder Conservador es Porfirio Muñoz Ledo que podría darle una muy necesaria lección de Historia y Derecho a AMLO, a Mario Delgado y al “Doctor” Monreal.
Stahringen am Bodensee
Baden Wurttemberg, Alemania
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