EL NUEVO AEROPUERTO FELIPE ÁNGELES Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO URBANO 

Con la entrada de las operaciones del  aeropuerto Felipe Ángeles, los municipios que colindan con el aeropuerto se verán afectados.

8 de marzo, 2022

Es innegable, que al margen de cómo opere el aeropuerto Felipe Ángeles, el proceso especulativo de los terrenos aledaños ya es irreversible. Esta es una muy mala noticia para la zona norte de la metrópoli porque a pesar de que se anuncian acciones para prevenir lo inevitable, no son garantía de que habrán de lograrlo.

Las acciones propuestas son las siguientes:

Área de amortiguamiento. A pesar de que se realizó en el año 2020 la expropiación de 109 has. para dotar de una superficie adicional a los predios de propiedad federal de 1,158 has., para asegurar el amortiguamiento acústico, de seguridad, infraestructura aeroportuaria, servicios complementarios, etc., esa superficie será insuficiente para contener la mancha urbana.

Formulación del programa territorial de ordenamiento. El 6 de mayo de 2020, la SEDATU entregó a los Gobiernos del Estado de México, de Hidalgo y a los Municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango el “Programa Territorial Operativo” que plantea acciones de carácter urbano regional y de infraestructura para la conectividad del aeropuerto con los sistemas de transporte público  masivo del Estado de México y de la CDMX. Este plan es un ejercicio que pretende impulsar el desarrollo regional donde se logre mitigar e integrar el impacto que este aeropuerto tendrá en el ámbito demográfico, social, económico, ambiental, institucional y territorial.

Por supuesto el programa, lleno de buenas intenciones, pretende lograr un balance hídrico para la región, promover la ocupación urbana en áreas aptas, conservar zonas con valor ambiental, rescatar vivienda abandonada ( en los siete municipios aledaños hay al menos 250,000 viviendas en situación de abandono, de estos solo en Zumpango y Tecamac hay 50,000) dicho programa territorial no es sin embargo un plan que obligue a los participantes a darle cumplimiento puesto que para ello se requiere dotar de recursos económicos para que las buenas intenciones se conviertan en un programa de acción con recursos suficientes y un programa puntual de ejecución.

El apetito de los desarrolladores. La Cámara Nacional de Vivienda (CANADEVI) se ha pronunciado respecto al interés de sus asociados de desarrollar vivienda en las inmediaciones de Santa Lucía. Anunciaron traer ya 70 000 viviendas en proceso y una importante reserva territorial. Son los municipios de Zumpango y Tecámac los de mayor atracción y los precios de la tierra se han disparado a partir del anuncio de la construcción del AIFA en 2018.

La expectativa de la demanda de vivienda según SEDATU. Esta secretaría estima que al año 2050, la demanda de vivienda nueva será de 245 000 unidades en sus modalidades de carácter económico, popular, media y residencial. La superficie urbanizable será de 6,126 has.

El crecimiento poblacional en la región de Santa Lucía. Hoy habitan en esos Municipios 1,600 mil personas de las cuales más de 600 mil lo hacen en condiciones de pobreza y esa población crece a niveles de más del doble anualmente respecto del resto de la zona metropolitana debido a la atracción que genera la construcción del AIFA. Por si fuera poco, los planes de desarrollo urbano de los municipios involucrados o están desactualizados o no existen. Donde existen no operan, así que esos instrumentos son de poca o nula ayuda para orientar el crecimiento municipal.

La disponibilidad de recursos financieros. Según la SEDATU, se prevé una inversión inicial de 3 mil millones de pesos para el mejoramiento urbano-regional al inicio de las operaciones del aeropuerto (estos recursos no se ven en el PEF del año 2022).

Cumplir con el alejamiento del aeropuerto de zonas pobladas. En nuestro país existe una norma que establece que los aeropuertos se deben construir al menos a 16 kilómetros fuera del perímetro de las zonas urbanas por las siguientes razones:

  • Seguridad aeronáutica
  • Ruido
  • Prevención de siniestros

Obviamente las tendencias de crecimiento de la mancha urbano-regional de los ocho municipios involucrados, difícilmente cumplirá con esa normatividad.

El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, genera ya una presión urbana de grandes proporciones en los municipios involucrados tanto del Estado de México como de Hidalgo.

A pesar de que se anuncia un plan de desarrollo para la región no se conocen los instrumentos o “dientes” que lo harán cumplible.

La falta de recursos y la pobreza de los municipios involucrados no parecen prometer nada sin el apoyo de los dos estados involucrados y el dinero federal.

El favorecer que se dé un desarrollo urbano sin recursos para la infraestructura, el equipamiento para la salud, la recreación, la educación y el empleo solo ruptura u ocasiona desorden, inseguridad y pobreza.

Si no se respetan las áreas de amortiguamiento entre el aeropuerto y las áreas de crecimiento, tendremos otro ejemplo donde se pondrá en riesgo la seguridad aeronáutica y  la salud de los habitantes de la región.

 

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Hace un par de días, The World Justice Project presentó el Índice de Estado de Derecho en México 2021 -2022. Esta organización profundiza en el sistema de gobernanza de los países y verifica que cumplan con 4 principios: 1. rendición de cuentas; 2. leyes justas; 3. gobierno abierto; y 4. mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Un Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos, combate a la pobreza y funge como base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas y del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Los estudios sobre el Estado de derecho se centran en ocho factores fundamentales: 
  1. Límites al poder gubernamental
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  3. Gobierno abierto
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  7. Justicia civil
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Después de analizar cada uno de estos factores se otorga una calificación a cada Estado. La calificación máxima es 1. Ese 1 representa el estado de derecho más avanzado. En cuanto a nuestro país, desgraciadamente ni la Ciudad de México ni ninguno de los estados alcanzan siquiera la mitad de la calificación. Respecto al estudio anterior, seis estados mejoraron, 14 empeoraron y los demás permanecieron sin cambios. El estado mejor posicionado es Querétaro con una calificación de 0.49 puntos. A Querétaro le siguen Yucatán (0.47), Guanajuato (0.46), Aguascalientes (0.46 y Sinaloa (0.46). En cambio, los estados peor calificados en cuanto a estado de derecho son Estado de México (0.36), Ciudad de México (0.36), Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34). Este estudio resalta que ha habido un debilitamiento de los contrapesos a los ejecutivos estatales. Los límites al poder gubernamental se deterioraron en 17 estados. 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