Camiones y tráilers de doble remolque, un problema que en México es de enormes proporciones, provocando cientos, cuando no, miles de muertes por año en las carreteras nacionales. Lo peor de todo: nadie hace nada por, de una vez por todas, prohibirlos. El tráiler de la muerte, donde más de 50 migrantes centroamericanos perdieron la vida, era de doble remolque. Esa tragedia vino a poner al descubierto la colosal corrupción del actual gobierno en materia migratoria.
La hoy oposición sataniza al Estado al tiempo que sacraliza al mercado. En el caso de los tráilers de doble remolque, la IP continúa siendo cómplice en innumerables accidentes que mutilan familias y truncan vidas, con tal de maximizar sus ganancias, cabildean en contra de una eventual prohibición de la circulación de dichos vehículos. Amenazan con conceptos cómo “desabasto de mercancías y/o efecto inflacionario”.
Sorprende aún más que, siendo el principal eje retórico y de acción del primer gobierno de la cuarta transformación el separar el amasiato entre Estado y mercado, en el caso de los tráilers de doble remolque, el Estado continúe supeditado a los dictados del mercado. El presidente López Obrador mismo, ante la evidente inacción del poder legislativo en la problemática en cuestión, bien es capaz, por las facultades que la Constitución lo enviste, de echar mano de sus potestades ejecutivas, como acostumbra hacerlo, hasta el límite de necesitar de la Suprema Corte para definir los linderos de sus alcances. Basta recordar el controversial acuerdo con miras a acelerar las grandes obras en marcha del gobierno federal, colocándolas en el estatus de SEGURIDAD NACIONAL, evitando así engorrosos trámites burocráticos que no han hecho sino estorbar y retrasar la ejecución de las mismas.
El tema está sobre la mesa, y hoy, quizás más que nunca, en la palestra pública. ¿Se atreverán los legisladores oficialistas o el presidente a actuar en consecuencia? Ojalá así sea.
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