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El (D)Efecto Lozoya

25 de agosto, 2020

La terrible normalización de los videos de corrupción política abona poco al esclarecimiento de las causas de la justicia y por lo general solo sirven para la politiquería y fines electorales que persiguen sus difusores. La semana pasada, se observó otro capítulo en la larga serie de videoescándalos que dan por inaugurada la etapa de campaña electoral rumbo a las elecciones intermedias de 2021, todavía en medio de la terrible crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Aunque la estrella y antihéroe de la película anticorrupción lo será por muchos años, Emilio Lozoya Austín, con la difusión del videoescándalo de Pio López Obrador, hermano del presidente, con el excoordinador nacional de protección Civil, David León, la trama ilegal cuenta con un lugar importante, aunque secundario, en la historia eterna de corrupción que se da tradicionalmente en todas los partidos políticos del país.

No es que deje de ser grave la corrupción denunciada, solo que en comparación con los pesos pesados señalados por Lozoya y el entramado internacional del caso Odebrecht, esta “transa ” con motivaciones “patrióticas”, palidece ante el descomunal y sistemático despojo realizado desde el sistema político en sexenios anteriores. Si este proceso penal iniciado contra importantes actores políticos se realiza con el debido proceso, podría tener una sentencia histórica contra personajes tan importantes como los expresidentes de México.

No es raro, aunque sí totalmente amoral, que en las campañas electorales se allegue de todo tipo de recursos económicos ilícitos a los candidatos y partidos, con la finalidad de obtener contratos o posiciones dentro de la administración pública, local, estatal o federal como una forma tradicional de “hacer política”. En las diferentes cámaras legislativas locales o la federal es de conocimiento el denominado diezmo a los alcaldes y gobernadores que resultaban congraciados con alguna obra pública de la cual, por usos y costumbres, se les adjudicaba un 10% del total de la obra para su uso patrimonialista.

Estas prácticas de corrupción se hicieron exponenciales durante la era de esa cleptocracia denominada la “nueva generación de políticos” encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto, el todo poderoso Luis Videgaray y el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya que, sin escrúpulos y con un cinismo rampante, realizó una denuncia penal contra varios distinguidos miembros del PRI y el PAN, incluidos tres expresidente de México.

Luego de ser extraditado y con libertad condicional, Lozoya como si fuera un actor político limpio y ajeno a las corruptelas, se trató de “pintar” a sí mismo como un simple subordinado que nunca pudo negarse a las “transas” que sus superiores le pedían realizar.

Las formas y métodos de cómo se “financiaban” las campañas electorales, o cómo se iban construyendo las intrincadas redes de corrupción internacional desde la poderosa petrolera brasileña Odebrecht, no llaman al escándalo en Latinoamérica, al ser moneda común en varios gobiernos de diferentes colores e ideologías. Sin embargo, las repercusiones que se dieron luego de investigaciones internacionales fueron distintas al concluirse con procesos penales contra políticos importantes, incluidos expresidentes latinoamericanos que terminaron en la cárcel. Era difícil pensar que salvo Venezuela y México, personajes políticos de gran relevancia nacional, no tuvieran que enfrentar cargos ante la justicia.

La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de politizar el proceso judicial del caso Lozoya y Odebrecht era una apuesta por pulverizar la ya muy mermada oposición y a los importantes enemigos políticos que aún suspiran con regresar al poder, a pesar de sus pifias y frustrantes resultados como el caso de Felipe Calderón. No se sabe aún si dicha apuesta del presidente de incentivar el escarnio público contra muchos impresentables políticos acusados resulte muy exitosa, pero el daño infringido a la ya muy deteriorada imagen de sus opositores podría ser letal de cara a las elecciones para conservar la mayoría legislativa morenista y arrebatar quizás una decena de gubernaturas a los partidos políticos tradicionales.

En la entramada serie de escándalos y videos que se irán presentado a la opinión pública, se pretende retratar a exsenadores, miembros del PAN y del PRI en sus tradicionales formas de “maicear” y “planchar” acuerdos durante las denominadas reformas de gran calado. El video filtrado a la prensa en el senado muestra lo que era un secreto a voces: las gigantescas cantidades de dinero en efectivo destinadas a corromper, coptar o comprar las buenas voluntades de nuestros “representantes” populares. Aunque los deslindes sobren, las acusaciones deban probarse y la clase política se llene de suciedad, el terreno fangoso y pestilente que queda poco abona al desarrollo de una verdadera democracia.

La regla en el país será la judicialización de la política, ya que las prácticas de corrupción y pagos de voluntades no son ajenas a ningún partido político, funcionarios, diputados, senadores, alcaldes, periodistas, presidentes que son “victimas” de toda clase de cabilderos que “dominan” el “arte del cañonazo de los 50 mil pesos” que bien describiera el general Álvaro Obregón.

A pesar del continuo deterioro de la clase política, el escándalo no afectará demasiado a la imagen del presidente AMLO, pues si no existe un video donde se le observe recibiendo bolsas papel de estraza o fajos de billetes con ligas, dichas “pruebas” no serán más que anécdotas tristes de un actuar tradicional de la clase política mexicana.

El presidente López Obrador es el amo en el juego mediático y en el linchamientos político de sus adversarios, lo maneja como un arte, por lo que la oposición se equivoca al creer que juegan en igualdad de circunstancias en la percepción de la opinión pública, que ya les juzgó como culpables de las enormes carencias de la nación. La oposición no goza de las simpatías de la población, a pesar de la crisis generalizada en el país, por lo que se verá más afectada por el efecto Lozoya que les desnuda (aun sin habérseles probado nada) como cínicas aves de rapiña del erario y de la riqueza nacional.

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