El comercio informal en nuestras ciudades

8 de septiembre, 2020

Juan Kaye

1589871781_940994_1589872155_noticia_normal | Ruiz Healy Times

Hace unos días, el director de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, desató una intensa polémica al publicar fotos de un decomiso de triciclos a vendedores ambulantes. Advirtió que destruirían las 140 unidades que fueron retiradas de Polanco y Granada: “Esta administración respetuosa de la realidad social y económica, lleva a cabo el decomiso en apego a la normatividad administrativa…”.

Esta declaración resulta incorrecta e incongruente debido a que la venta en bicicletas o triciclos no viola ningún reglamento. Más aún cuando se está quitando de su medio de subsistencia a muchas familias en momentos de grave crisis como la que vivimos.

De ninguna manera se debe recurrir a la arbitrariedad o al abuso de la autoridad, sobre todo cuando es sabido que es más una medida que busca cubrir las apariencias.

¿Por qué mi aseveración?

La economía informal en nuestro país recluta a 6 de cada 10 trabajadores y es a través de este medio como se genera el 22.7% del PIB del país (4.8 billones de pesos, lo que equivale a 1.08 billones de pesos).

El comercio minorista es la actividad que más contribuye a la economía nacional, le sigue la construcción con el 15.4% y las manufacturas con el 12.7%.

Si reconocemos que ese 57% del total de la planta laboral trabaja en la informalidad, estamos aceptando que trabajen en condiciones de alta vulnerabilidad, sin gozar de derechos laborales.

Ahora bien: La informalidad laboral se constituye en un grave problema para el país, pues según el INEGI, las personas en mejor edad productiva de 25 a 44 años representan 4 de cada 10 trabajadores informales.

Pero resulta muy representativo que el 60% de los trabajadores que componen el sector informal tienen niveles de educación mayores a la media nacional, es decir, muchos tienen la secundaria terminada y otros tienen media superior y superior.

Pero su nivel de ingresos llega lamentablemente a un máximo de 5300 mensuales.

Casi toda esta actividad se da en la vía pública, sin controles de ningún tipo. Se comercia con productos de contrabando, robados o piratas, no pagan ningún tipo de impuestos y por supuesto son manejados por grupos delincuenciales.

Sobra decir que el ambulantaje en vía pública es causa de riesgos, de problemas de salud, de invasión de espacios peatonales y en buen número de casos, al ubicarse sobre la vialidad, obstruyen las ciclovías con todo tipo de puestos.

Esto da pie a que el gobierno retome de forma eficaz el control de las aduanas, donde la piratería y el contrabando dejan enormes pérdidas a las pequeñas comerciantes que se desenvuelven en la formalidad, pero es fundamental también combatir a las mafias que controlan el comercio en la vía pública, explotando a quienes trabajan en condiciones de alta vulnerabilidad.

Agreguemos a este desastre el inmisericorde robo al autotransporte de carga cuyos contenidos van a parar también a la vía pública.

De esas prácticas, tratemos de imaginar la evasión fiscal que esto genera, afectando a las empresas formales y dañando a la economía de todo el país. Si del billón de pesos comentado, el fisco recuperara el ISR, las arcas públicas dispondrían anualmente de 300 mil millones de pesos adicionales anualmente.

Resulta, pues, curioso que mientras este gigantesco problema crece, en la delegación Miguel Hidalgo deciden regalarnos una muestra de “honestidad valiente” a costillas de los comerciantes informales, que son los que menos daño causan.

Comentarios