El AIFA y la ética lopezobradorista

El ya hoy no tan recordado caso del paraje San Juan, pero que en su momento fue de relevancia que trascendió al entonces Distrito Federal,  tuvo alcances nacionales. Era un asunto de una demanda de particulares contra el gobierno de la Ciudad de México, un juicio sofisticadamente armado, pero fraudulento hasta el descaro. Una Familia de apellido Arcipreste reclamaba un pago de más de 1800 millones de pesos (180 millones de dólares de entonces), por una supuesta expropiación de un predio ubicado en Iztapalapa de 300 hectáreas. El caso llegó al extremo de que un Juez le ordenó al Jefe de Gobierno de esos días, Andrés Manuel López Obrador, el pago de esa demencial cantidad, y además, en un plazo de tan solo ¡tres días!

Ese tipo de “negocios” era, y tal vez siga siendo, muy común en México, pero con la complicidad de autoridades en todos los niveles, una jugosa industria de saqueo vía indemnizaciones fraudulentas. De más está decir que si AMLO hubiese acatado sin chistar dicha sentencia, la Ciudad que gobernaba se habría visto en serios aprietos financieros, pero no fue así. Andrés Manuel y su equipo entraron en una inusitada dinámica de investigación seria y profunda, a la par de agotar todo recurso jurídico para detener el pretendido y escandaloso fraude. Llegaron hasta consultar documentos del Siglo 19, que evidenciaban que se trataba de un timo que tenía como finalidad un negocio ilícito en detrimento de la ciudadanía capitalina. Por supuesto, que sobraban los puristas legaloides que pugnaban por el acatamiento inmediato del Jefe de Gobierno a la sentencia inicial de poder judicial, que paradójicamente, se trata, en no pocos casos, de los mismos que aún hoy defienden casi con su vida, el espinoso y evidentemente turbio asunto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), malogrado afortunadamente, en Texcoco. 

El caso del paraje San Juan  se resolvió gracias a la terquedad de Andrés Manuel López Obrador, y de su vocación de poner por encima la Justicia a la legalidad torcida. Todo ello sin salirse nunca del marco de la Ley, finiquitándose, vía unos documentos encontrados en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que el predio en cuestión era y siempre había sido de propiedad federal. La Ciudad que gobernaba se salvó de un importante quebranto, tanto fraudulento como multimillonario.

El escándalo del NAICM en Texcoco es otro reto al que AMLO se enfrentó de forma valiente, en defensa de los intereses de la Nación. No podemos olvidar el del llamado “robo del Siglo”, el FOBAPROA, en el cuál, se sabe, rescató a la banca comercial de su quebranto, pero con abusos que al día de hoy continuamos pagando.  En ese entonces, López Obrador era el presidente del PRD y sus esfuerzos por evitarlos se vieron derrotados por la alianza (o traición) del entonces presidente del PAN, Felipe Calderón,  que en alianza con el PRI aprobaron el dictamen original. El hoy pagaré IPAB, lejos de haber disminuido, ha crecido, de 2000 a 2016, en un 35%, y tan solo por concepto de intereses se han devengado, en el mencionado periodo, el equivalente al 61% de la deuda original al año 2000, es decir, en 397 mil millones de pesos, y contando. Por eso es que el candidato presidencial por MORENA, urgió al sector público y empresarial a revisar a fondo los contratos del multicitado aeropuerto, y también la cuestionadísima viabilidad de dicha obra, que tan solo en lo poco que se había avanzado, llevaba multiplicado más que preocupantemente sus costos inicialmente presupuestados. La opción de dos aeropuertos, el actual o “Benito Juárez”, en coordinación con la remodelación y ampliación de la terminal aérea militar de Santa Lucía, sumado a la reactivación del de Toluca, ahorrará al Estado mexicano más de 200 mil millones de pesos. Y su inviabilidad no son más que cuentos baratos ya que la Ciudad de Nueva York cuenta con cuatro aeropuertos, que trabajan armónica y simultáneamente. Un saqueo más por el puñado de traidores a la Patria de siempre, sencillamente no se debía ni podía permitir.