En los últimos días la conversación pública ha girado en torno a dos temas que, en el fondo, se entrelazan íntimamente y cuya conexión merece una detenida reflexión: los resultados de la medición multidimensional de la pobreza publicados por el CONEVAL y el debate en torno a la llamada Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuito.
En cuanto a las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Presidente y sus repetidores celebran con fanfarrias la disminución del número de personas en situación de pobreza, de 43.2 millones a 36.3, como si estas cifras indicaran el éxito de la política social de la 4T. No es así.
Desde luego, es agradable saber que 5.1 millones de personas ahora sufren menos por insuficiencia de ingresos que las que sufrían en el 2018, con el correspondiente impacto positivo en materia de alimentación, calidad de vivienda y acceso a ciertos servicios básicos. Sin embargo, un análisis más profundo de estos indicadores hacen cuestionable el festejo y, sobre todo, la política social del actual régimen. En particular porque estas cifras deben complementarse con otras que no resultan nada agradables: el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 millones a 9.1; las personas que perdieron acceso a servicios de salud pasaron ¡de 16.2 a 39.1 millones! y las que padecen rezago educativo aumentaron de 19.0 a 19.4 millones. En realidad todos estos resultados, tanto los positivos como los negativos, están interrelacionados. Vayamos más a fondo.
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La disminución del número de personas en situación de pobreza tiene cuatro causas principales: 1) El incremento a los salarios mínimos, que es tal vez el mayor acierto del gobierno lopezobradorista; 2) Las transferencias directas del gobierno federal a distintos grupos sociales (jóvenes, adultos mayores, campesinos en Sembrando Vida, Tandas del Bienestar, etc.); 3) La inversión pública en obras de infraestructura en el sur (Tren Maya, Dos Bocas, ferrocarril transístmico), que ha favorecido el crecimiento económico en la región con la consiguiente generación de empleos; 4) Las remesas de divisas que envían los migrantes desde EEUU. De estas causales, la única que puede considerarse una buena política social es la que se refiere al aumento en los salarios mínimos, porque las transferencias directas a grupos sociales, así como los proyectos de infraestructura señeros del Presidente, se han logrado merced a una reasignación salvaje del presupuesto del estado que ha dejado “en los huesos” a casi todo el entramado institucional del Poder Ejecutivo y ha consumido todos los fondos que se tenían en fideicomisos para el desarrollo de actividades muy diversas (desde el fomento a las ciencias y las artes hasta la respuesta a catástrofes naturales).
Financiar estos programas, sociales o de infraestructura, así como otros caprichos presidenciales que han costado ya una fortuna escandalosa (la cancelación del NAIM, el financiamiento de Pemex) pero, sobre todo, el desmantelamiento institucional del Estado, que habrá que reconstruir en sexenios próximos.
Esto no puede considerarse una buena política social de ninguna manera. En especial porque si bien es perceptible un impacto positivo a corto plazo, no se atacan las causas estructurales de la pobreza: Las transferencias directas no son suficientes porque tienden a usarse más para la adquisición de bienes de consumo y no se aplican a la solución de los problemas que impiden el progreso socioeconómico de las familias; y los proyectos de infraestructura (salvo el ferrocarril transístmico) no se ve como puedan ser autosostenibles en el mediano y largo plazo, de modo que cuando se termine su construcción, la mayoría de los empleos generados desaparecerán.
Y el efecto favorable de las remesas de migrantes no se puede considerar debido a la política social del gobierno más que, tal vez, en sentido negativo: el escaso crecimiento económico y la crisis profunda en materia de seguridad pública sigue expulsando mexicanos a borbotones, que mandan algo de dinero a sus parientes que se quedan en México. En este sentido, bien se puede afirmar que los buenos números en materia de combate a la pobreza mostrados por CONEVAL no son más que “llamarada de petate”.
Si se quiere avanzar en la solución de la pobreza estructural, es necesario ir mucho más allá del camino seguido hasta ahora por la 4T, atendiendo tres factores críticos: Generación de empleos de calidad, acceso a servicios de salud y educación de clase mundial. Sin estos tres factores, es imposible que haya un sólido desarrollo social.
En materia de generación de empleos, las circunstancias geoeconómicas han favorecido a la administración actual con el fenómeno del nearshoring, a pesar de las reiteradas señales de hostilidad del gobierno hacia las empresas de todo tipo. Sin embargo, la inversión fija bruta, tanto pública como privada, está en mínimos históricos y, sin inversión, no hay empleos nuevos. Prueba de ello es que el PIB per cápita se contrajo, de 147,844 pesos en 2018 a 142,030 pesos en 2022. La evidencia histórica es contundente: no hay mejor política social que el crecimiento económico y la generación de empleos.
Fundamental será asegurar el acceso a servicios de salud, precisamente en la línea que se venía haciendo con el Seguro Popular, aunque mejorando lo que había y fortaleciéndolo. De hecho, para muchas familias el ingreso adicional que reciben se tiene que canalizar a la compra de medicinas o al financiamiento personal de servicios de salud, en lo que ha sido la mayor privatización de estos servicios en la historia del país. La reconstrucción del sistema mexicano de salud pública tendrá que ser una prioridad estratégica para el siguiente gobierno. En la materia, hoy no caminamos rumbo a Dinamarca sino a algo así como a Costa de Marfil.
Finalmente, lo que está ocurriendo en cuanto a la educación pública (en que se educan cerca del 90% de los niños mexicanos) no permite anticipar nada bueno para un sano desarrollo económico y social, y no porque lo que había antes fuera tan digno de aplauso sino porque corremos, aceleradamente, para peor.
La llamada Nueva Escuela Mexicana está montada sobre una serie de paradigmas ideológicos que más adoctrinan en torno a la lucha de clases y la revolución social que hacia las ciencias, el pensamiento crítico y la generación de prosperidad económica. Dirigida por Marx Arriaga, de cepa familiar de aspiración bolchevique (su padre fue un luchador sindical y su hermano se llama Vladimir -en honor a Lenin-), respaldado por Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación Superior, quien se hizo célebre por sus declaraciones en torno a que México tenía que transformarse en una sociedad comunista, propone un “giro copernicano” en la educación pública sin que haya mediado un diagnóstico serio sobre los problemas de forma y fondo de la educación básica y media en nuestro país y las brechas existentes en nuestros niños y jóvenes respecto a lo que se considera una educación de clase mundial.
La Nueva Escuela Mexicana no ofrece nada para mejorar las competencias de lectoescritura, ni el pensamiento matemático ni el fomento de una vocación científico-técnica ni aporta elementos suficientes de cultura general ni competencias para una mejor comprensión del mundo contemporáneo. En teoría, según exponen los defensores de esta iniciativa, se busca reforzar el liderazgo de los maestros como piedra angular del proceso educativo de los alumnos (cosa que ya eran), pero ahora poniéndolos a cargo de un modelo educativo que no tiene ni pies ni cabeza sino que despliega una sarta de ocurrencias que revuelven elementos de una pedagogía constructivista (cosa muy loable) con prejuicios ideológicos que realmente estorban considerablemente para la formación de los alumnos de cara al mundo en el que ya vivimos y el que les tocará afrontar en los años por venir.
El gobierno que llegó al poder con la muy significativa bandera que decía “por el bien de todos primero los pobres” se está quedando muy corto en la promoción de soluciones que realmente permitan resolver el añejo y condenable mal que ha sido y es la pobreza estructural en la sociedad mexicana.
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