Sumándose a la larga lista de graves problemas que tiene México, sin duda está la tortura y malos tratos, en donde lo que preocupa y mucho, es que sigan estando en ello, funcionarios públicos.
En este tema por demás preocupante, es importante destacar que el Protocolo de Estambul, que es el estándar internacional para investigar y documentar casos de tortura y malos tratos y en México, se tiene la responsabilidad de vigilar que se cumpla.
Y a pesar de que en nuestro país se tienen desde hace alrededor de dos décadas los compromisos internacionales para cumplirlos, sumándose que, a partir del 2017, tenemos una ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, desafortunadamente la tortura sigue siendo una práctica dentro de las instituciones del Estado.
CONTINÚA LA TORTURA
De acuerdo con el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), de la Fiscalía General de la República (FGR), en lugar de que fuera un vestigio del pasado, tristemente los registros oficiales muestran y demuestran, que funcionarios públicos siguen siendo señalados por los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En ese tenor, entre abril de 2018 y marzo de 2026, fueron contabilizaron 11 mil 340 presuntos responsables, aclarando que no todos son funcionarios, en expedientes abiertos a nivel federal, y con casos concentrados en estados como Oaxaca, Veracruz y Baja California, al cumplirse ya casi 8 años de haber entrado en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura. Importante destacar que estos tres estados, tienen gobernador de Morena.
Asimismo, y a 20 años de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el trabajo en debe ser en México, no solamente reconocer el problema, sino impedir que agentes del propio Estado sigan llevándolo a cabo, a pesar de ser consideradas como una de las formas más graves de violencia institucional.
Por otra parte, el RENADET también dio a conocer, que entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2026, la FGR abrió 9 mil 117 expedientes por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con un promedio de mil 105 casos al año.
Importante destacar que estas cifras corresponden a investigaciones en curso y no a personas sentenciadas, es decir, son personas sujetas a investigación y no necesariamente de funcionarios que ya hayan sido condenados o que exista alguna sentencia emitida por un juez. Aunque la presunción de inocencia no resta gravedad al fenómeno:
Es por ello que habiéndose registrado más de 11 mil presuntos responsables en un periodo de 8 años, es importante motivo para revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y a fortalecer sus mecanismos de control.
LOS ESTADOS Y SUS CIFRAS DE TORTURA
Conocer estas las cifras de tortura, aunque sean de carácter preliminar y sujetas a actualización conforme avanza la validación de la información, es patético, mostrando al estado de Oaxaca que concentra el mayor número de investigaciones, con mil 251 expedientes, 13.7 por ciento, seguido por Veracruz con el 11.5, Estado de México 7.2, Durango 7.2 y Chiapas 7 por ciento.
En el desglose del total de las investigaciones, 4 mil 700 corresponden al delito de tortura, 4 mil 417 a tratos crueles, reflejando una incidencia prácticamente equivalente entre ambas conductas. Siendo Oaxaca, Jalisco y Baja California los que encabezan los casos de tortura, Veracruz, Durango y Chiapas tienen la mayoría de los expedientes por tratos crueles.
Por otra parte, la información señala que del registro que contabiliza 9 mil 32 víctimas, prácticamente una por expediente, son en su mayoría hombres con 6 mil 439, equivalentes al 71.3 por ciento del total, y 715 mujeres, con el 7.9 por ciento, una proporción cercana a 9 nueve hombres por cada mujer registrada. Oaxaca, Veracruz y Durango tienen el mayor número de víctimas masculinas, mientras que Morelos, Ciudad de México y Oaxaca concentran a las mujeres. De estos 5 estados, 4 tienen gobernador de Morena.
Respecto del perfil de las víctimas, 474 personas tenían entre 18 y 35 años. Asimismo, también se identifican condiciones de vulnerabilidad, aunque en porcentajes reducidos: 155 víctimas pertenecían a población indígena, 14 clasificadas dentro de algún grupo vulnerable y 11 relacionadas con delitos sexuales.
INSTITUCIONES Y LA TORTURA
Respecto al nivel federal, destacan instituciones con expedientes abiertos: Secretaría de la Defensa con 169, equivalentes al 1.49%, la Guardia Nacional, 124, 1.09%, Centro Penitenciario, 111, con 0.98%, Policía Federal, 105, 0.93% por ciento y la Policía Ministerial, 52, con 0.46%, del total de presuntos responsables registrados.
Importante señalar que el RENADET fue creado como herramienta estadística y de investigación, buscando homologar la información reportada por las autoridades bajo los criterios de la legislación mexicana y el Protocolo de Estambul. Y aunque los datos permanecen en actualización constante, el registro ofrece un panorama que confirma que la tortura y los tratos crueles siguen siendo un desafío vigente para las instituciones de justicia del país.
Ya que evidencian que continúan desafíos estructurales para lograr consolidar una cultura de legalidad dentro de las instituciones de seguridad, porque la tortura nunca debe considerarse un uso legítimo de la fuerza.
Las grandes dudas son ¿hasta cuándo se dejará de aplicar la tortura en México? ¿Se castigará a quienes la ejerzan? ¿Usted qué piensa, estimado lector?
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