Sin duda alguna, López es y será recordado, entre otras cosas, por sus innumerables caprichos y ocurrencias con que mal condujo al país y sus terribles consecuencias que seguimos padeciendo. En ese tenor, una más de ellas, fue su Decreto de Regularización de los llamados “autos chocolate” que, para variar, afectó directamente a la industria automotriz mexicana.
El 20 de enero del 2022, se dio a conocer esta ideota de López, que como lo señalé, afectó a la industria automotriz, lo que simplemente le importó un cacahuate partido por la mitad tomarlos en cuenta.
Publicándose en la edición vespertina del Diario oficial de la Federación (DOF)- el decreto para regularizar vehículos usados importados, conocidos también como autos chocolate, dotándoles incentivos y facilidades vigentes hasta el 20 de julio del 2022; dejando fuera de los beneficios a unidades de lujo, deportivos o blindados.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las reglas y lineamientos de importación definitiva de los vehículos que circulan en México de manera ilegal, determinando que sólo las unidades para uso de trabajo y traslado de personas que estén en Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; así como en los estados de Baja California Sur, Durango, Michoacán de Ocampo y Nayarit, podrán ser beneficiados del decreto. En ese decreto, el gobierno federal aclaró que la medida tiene el objetivo de controlar la inseguridad en el país y generar certeza a los dueños de vehículos de trabajo que fueron adquiridos en Estados Unidos y Canadá.
Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Guillermo Rosales, señaló que, “con ese decreto, se fomentará la regularización del contrabando automotriz”. Lamentando que la industria no haya sido tomada en cuenta para definir los lineamientos del decreto de los vehículos ilegales, a pesar de que López se había comprometido a considerar la opinión del sector productivo automotriz que enfrenta uno de las peores crisis de su historia, a raíz de distintos factores como la crisis económica, el Covid-19 y la escasez de semiconductores.
Pero para López su argumento era que el decreto busca implementar mecanismos que coadyuven a las familias más necesitadas a obtener certeza jurídica sobre los vehículos que obtengan. Otorgando un estímulo fiscal y facilidades administrativas que permitan a los propietarios de los vehículos lograr la legal estancia de los mismos en el país, a través del pago de un monto de 2,500 pesos por concepto de aprovechamiento.
Pero, posteriormente, López continuando con sus caprichos y ocurrencias nefastas, decidió ampliar el decreto hasta el 30 de septiembre del 2026. Y el 27 de septiembre del 2024, lo dio a conocer, faltando tres días para finalizar su nefasta administración, se le ocurrió ampliar por dos años más la vigencia del decreto, una política gubernamental que la industria automotriz seguía considerando nociva. Es por ello que el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Guillermo Rosales, aseveró: “Es lamentable que López Obrador invada con su decisión el mandato de (la presidenta electa) Claudia Sheinbaum, al extender el decreto por dos años más, a sólo cuatro días de terminar su presidencia”. Informando que desde que inició la aplicación de ese decreto, hasta el 2024, se regularizaron 2 millones 559,256 vehículos, en afectación de la industria.
SE CANCELA EL DECRETO
Pero, el 25 de marzo del 2026, faltando aproximadamente 6 meses para que el decreto ampliado por López terminara, Claudia Sheinbaum lo canceló, cambiando las reglas.
Y el esquema de regularización simplificada durante la administración López y un año 5 meses de la de Claudia Sheinbaum, ya no existe, cambiando a un proceso de importación definitiva con todas sus implicaciones fiscales y aduaneras. Ahora legalizar un auto chocolate en 2026 costará: el Impuesto General de Importación, que es alrededor del 10% del valor comercial del vehículo, más el IVA del 16%, calculado sobre el valor del auto más los impuestos ya aplicados. Agregando el Derecho de Trámite Aduanero, entre 1,200 y 1,500 pesos, los honorarios del agente aduanal, entre 12,000 y 18,000 pesos y los costos de placas y registro estatal de 2,500 a 4,500 pesos.
Todo lo anterior, no se pagaba simplemente por el decreto de López, que duró del 19 de enero del 2002 hasta el 24 de marzo del 2026, a pesar de que el decreto ampliado en 2024, fijaba la fecha del 30 de septiembre del 2026.
La gran duda es ¿por qué lo terminaron 6 meses antes? ¿Usted qué opina, estimado lector?
Ahí está el detalle, Chato
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