El día lunes 22 de mayo, en forma por demás sorpresiva las autoridades encabezadas por Martí Batres con los vecinos de Milpa Alta, presentaron el “nuevo” PDU (Plan de Desarrollo Urbano) y el PGOT (Programa General de Ordenamiento Territorial), para los cuales se determinó no se realizara: NI CONSULTA PÚBLICA , NI INDIGENA , a pesar de que la Constitución de la CDMX mandata se realicen .
Resulta francamente absurda la posición del Gobierno de la Ciudad, habida cuenta de lo siguiente:
- Ante los críticos resultados de la presentación de sus instrumentos en diciembre del año pasado, el Secretario del propio Gobierno de la CDMX reconoció en su cuenta de twitter : el 17 de febrero de este año Los planes de Desarrollo Urbano y el Programa General de Ordenamiento Territorial hechos por el Instituto de Planeación, recibieron críticas de pueblos y barrios. No serán enviados al Congreso. Se harán nuevos, que sean claros en la defensa del suelo de conservación y la propiedad social de la tierra”.
- El día 22 de febrero el entonces titular del Instituto Pablo Tomas Benlliure presentó su renuncia (a un puesto irrenunciable pues fue electo por 5 años).
- El día 7 de marzo, la JUCOPO del Congreso de la CDMX inicia la elección para la nueva titular del Instituto (al día de hoy no ha lanzado la convocatoria).
Así las cosas y a pesar de que la Jefa de Gobierno ofreció con fecha 6 de diciembre pasado aplazar y reponer el proceso de consulta, el 22 de mayo como señala se presentaron en Milpa Alta los “nuevos” instrumentos. Así, la consulta ni se aplazó ni se repuso, simplemente se dio por concluida.
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Surgen varias interrogantes. Entre el 17 de febrero que el Lic. Martí Batres declaró nulos los instrumentos y el 22 de mayo es decir 3 meses después rehicieron la tarea, procesando según su declaración más de 14 mil observaciones formuladas por vecinos, asociaciones e instituciones, es decir se procesaran 155 diariamente!. En su intervención, el hoy Director Ejecutivo de Planeación del Desarrollo del Instituto de Planeación dejó en claro desde febrero pasado que “no querían una nueva consulta y el 22 de mayo lo refrendo aduciendo que los nuevos proyectos son el resultado de un intenso proceso de diálogo social.
El Instituto está acéfalo desde el 22 de febrero y la convocatoria para sustituir al titular no se ha publicado a pesar de haber transcurrido 3 meses. El Instituto a más de no tener director (a), debe contar con un Directorio Técnico compuesto por 15 personas. Hoy solo cuenta con 3 debido a que 12 renunciaron al decretarse nulos los proyectos “anteriores”.
El Congreso Local nunca hizo nada por conformar a los órganos ciudadanos que deben acompañar al Instituto de Planeación. Por sus desacuerdos desde diciembre, la Alcaldía de Milpa Alta queda fuera de estos instrumentos y su desarrollo se regirá por el Plan de Desarrollo del año 2000.
¿Cuando entraran en vigor estos instrumentos? Sin consulta, sin una estructura organizacional que le dé certidumbre a ellos, se turnarán al Congreso de la CDMX para su autorización (obviamente la aplanadora de Morena los validara, sin cambiarles ni una coma), sin embargo, los legisladores tienen que hacer modificaciones a algunos artículos transitorios de la Constitución relativos, a la Ley del Sistema de Planeación para el Desarrollo para aplazar su entrada en vigor al 1° de octubre del 2023 en lugar de la fecha del 1 de octubre 2022.
El secretario de Gobierno Martí Batres quiso insistir en las críticas a los dos “proyectos anteriores” (como si estos fueran nuevos).
Otro de los cambios que deberán hacerse al texto constitucional tiene que ver con la iniciativa de Ley que “para proteger el suelo de conservación” debe hacerse habida cuentas que el pasado 19 de diciembre la Jefa de Gobierno acordó lo anterior con diversos grupos agrarios de distintas alcaldías a los que invitó a suscribir el “acuerdo de Coordinación Política Ambiental en el suelo de conservación de la CDMX”. Los grupos agrarios estuvieron de acuerdo y fue hasta febrero que se presentó la iniciativa.
¿Por qué esa iniciativa?
Desde que se promulgó la Constitución de la CDMX el 5 de febrero de 2017 se consideraron en ella tres clasificaciones de suelo:
- Urbano
- Rural
- Conservación
El urbano es el que es de carácter habitacional y comercial y cuenta con todos los servicios urbanos y abarca 62 mil has.
El rural, que comprende las zonas donde desde hace muchos años hay asentamientos irregulares que en lo general no cuentan con certeza jurídica. El PGOT original propuso cambiar 29 mil has de suelo de conservación a suelo rural, pero ahí es donde “brincaron” los grupos agrarios, pues se veía claramente el deseo de regularizar miles de has, con el propósito de hacerlas “urbanizables “.
Por ello la iniciativa de la Jefa de Gobierno para acabar con las protestas propuso desaparecer el concepto de suelo rural, con lo que el suelo de conservación aumentará a 69 mil has que no son ya susceptibles de urbanizarse.
Conclusiones:
- La CDMX merece contar con una Ley en materia de ordenamiento del territorio que no tiene y debe ser la base de sustentación de un Plan de Desarrollo Urbano y de su Programa General de Ordenamiento Territorial.
Esa Ley nunca se aprobó a pesar de que debieron hacerlo durante el segundo periodo del segundo año de la 1° legislatura, lo cual deja sin sustento jurídico a ambos instrumentos.
- El “albazo” del 22 de mayo es tan absurdo que deja fuera a la Alcaldía de Milpa Alta por la falta de acuerdos, que se seguirá rigiendo por el plan publicado en el año 2000!.
- Esta es sin duda la crónica de una muerte anunciada, donde cada vez que alguien quiera promover una nueva obra terminará peleando en los tribunales.
- El Gobierno de la ciudad pareciera endurecer normas y planes que solo entorpecen el desarrollo y encarecen la corrupción.
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