El poder Ejecutivo envía una propuesta de Reforma al sector eléctrico al Congreso que tras analizarla, la vota a favor; siguiendo el proceso legislativo previsto en la Constitución, se publica en el Diario Oficial de la Federación; sorprendentemente (ya que ningún precepto constitucional se viola en dicha iniciativa), un Juez otorga una suspensión de los actos de autoridad que suponen la entrada en vigor de dicha ley a un puñado de consorcios privados. El presidente, haciendo uso del inalienable derecho a la libertad de expresión del que gozamos todos los mexicanos con énfasis especial en el presente sexenio, externa su extrañamiento hacia el Juez responsable; acto seguido, el Ejecutivo, vía la Secretaría de Energía, impugna dichos amparos.
Todo lo anterior, se hace siguiendo al pie de la letra lo estipulado en nuestra Carta Magna. Ni una coma por fuera de la Ley, pues. Después, el presidente desliza la posibilidad de dejar al margen al sector energético nacional paraestatal (PEMEX Y CFE), vía una reforma constitucional, de amparos de ese tipo que entorpezcan su rescate y beneficien a intereses privados y opacos, tanto nacionales como extranjeros.
Ciertamente se han hecho cambios a la Constitución en este sexenio, pero la mayoría han sido con iniciativas de origen en el mismo poder Legislativo; los menos, provenientes del presidente (que por cierto, se queda muy corto en ese renglón tan solo si lo comparamos con la andanada de parches a la Ley suprema misma por parte de la administración Peña Nieto, por sobre todo). Extrañamente, en sexenios anteriores no se escucharon las voces ni se vieron los dedos flamígeros señalando a un “DICTADOR” como se pretende ahora, a pesar de que es más que sabido y documentado que, por ejemplo, las Reformas en el marco del “Pacto Por México” se consensuaron a punta de billetazos, en el seno mismo de un Congreso envilecido.
En lo que va del sexenio se ha echado a andar el sistema de pesos y contrapesos que supone la democracia en la que vivimos, dejando atrás los tiempos de lo consignado en la Constitución como letra muerta. Hoy la veta maderista del presidente se nota a diario. Tolera incluso los abusos cometidos por algunos aprovechando estas libertades nuevas. Y en los hechos, se pone a trabajar al límite a los tres poderes de la Unión, su facultades y resortes, delimitando así los límites en los alcances de cada uno, insisto, sin moverse un ápice del marco constitucional que nos rige.
México ha tenido una transición tremenda y dolorosamente tortuosa, con altísimos e innecesarios costos que seguramente no vio el expresidente Zedillo cuando tuvo la voluntad política de coadyuvar decisivamente a que el país diera ese salto. Pero hoy, habiendo ya pagado el precio, la normalidad democrática experimenta avances que la hacen ver vigorosa. Estemos seguros: pronto la democracia mexicana estará considerada como una democracia plena, a pesar de los pesares, del tiempo perdido, y de los terribles y largos dolores de un parto innecesariamente alargado.
En ese mismo orden de ideas, no es casualidad que una mujer, jurisconsulta de primerísimo orden, exministra de la última instancia jurídica de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, tenga la cartera del Ministerio del interior (SEGOB), que es la Dra. Olga Sánchez Cordero. Quien piense que la secretaria es “un florero” en el gabinete, no puede estar más equivocado. Ella es la que guía al presidente y al poder Ejecutivo federal para que el gobierno de la Cuarta Transformación no se salga en ningún momento del marco constitucional, a la par de avanzar lo más posible en el actual proyecto de nación. Insisto, quienes hablan de “atropellos a la constitución” solo les pediría checar el caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, el cual está siendo investigado por sus múltiples presuntos delitos, estrictamente con el proceso que las leyes marcan, así sea más tardado. En otros tiempos, se recurría al viejo expediente de la desaparición de poderes o al de forzar la solicitud de licencia (renuncia, en los hechos) de gobernadores sátrapas.
Federalismo y separación de poderes nunca han sido tan respetados como en el presente sexenio. El hecho de que el presidente haga uso de sus libertades no es “mancillar ni pasar por encima de nuestras instituciones”, es sencillamente una señal más de nuestra nueva democracia sin simulaciones, de un entramado institucional en el que cada engrane, cumple con sus funciones consagradas en la Constitución.
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