Consecuencias del arresto del general Cienfuegos en Estados Unidos

22 de octubre, 2020

Luis Ernesto Derbez

El jueves 15 de octubre de 2020, un tuit del secretario de Relaciones Exteriores de México anunció al país que el General Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional en el sexenio anterior, había sido arrestado en la ciudad de Los Ángeles (California) por una investigación en su contra de la Drug Enforcement Agency (DEA) del gobierno de los Estados Unidos.

El resultado de esta acción de la DEA tendrá por lo menos tres impactos negativos para México. Primero, la noticia ha hecho caer la confianza que tenían los mexicanos en el Ejército de nuestro país. Segundo, las de por sí deterioradas relaciones entre los gobiernos de México y de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo, y ante un posible triunfo del candidato demócrata Joe Biden podrían deteriorarse aún más. Tercero, la secrecía con que operó la DEA la aprehensión de Cienfuegos evidenció que las autoridades americanas no tienen confianza en los organismos mexicanos encargados de combatir a la delincuencia organizada, situación que se agravará al extenderse la desconfianza a la relación entre las fuerzas armadas de ambos países.

El deterioro de la confianza de los mexicanos en las fuerzas armadas es un mal augurio para el gobierno del presidente López Obrador. La razón de su triunfo electoral en 2018 fue su promesa de acabar con la corrupción en México. La probidad de los actuales funcionarios responsables de la administración de las fuerzas armadas queda en entredicho ya que fueron colaboradores directos del General Cienfuegos. Peor aún, la entrega de parte del gobierno de la 4T al Ejército de muchas funciones de seguridad y ataque a la corrupción que antes estaban en manos de civiles, coloca a López Obrador en una posición incómoda, en la cual, su estrategia de seguridad y anticorrupción serán cuestionadas por los ciudadanos; al mismo tiempo que se cuestiona la honestidad del Ejército mexicano durante el proceso de Cienfuegos en los Estados Unidos.

Sin una estrategia que deje fuera a las fuerzas armadas de estas funciones, López Obrador no tiene más alternativa que seguir apoyando a los actuales funcionarios que encabezan la Secretaría de la Defensa Nacional, con el riesgo de que futuras revelaciones en tribunales americanos empañen totalmente su halo de honestidad. Alguien tiene que convencer al presidente de que su actual estrategia es fallida, sugerir un cambio de rumbo y presentarle alternativas que poco a poco limiten el papel de las fuerzas armadas en las actividades que les ha encomendado durante los primeros casi dos años de su administración.

Las relaciones entre México y Estados Unidos pasan por uno de los peores momentos en la historia de ambas naciones. Las acusaciones, primero contra García Luna y ahora contra Cienfuegos, dejan en claro que la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada, iniciada por el entonces presidente Calderón, ha fallado. Esta realidad ha vuelto a “narcotizar” la relación entre nuestros gobiernos, algo que había sido eliminado en el período del entonces presidente Fox. La agenda bilateral regresa a la difícil situación de exigencia por parte de las autoridades americanas de que el gobierno mexicano se someta a los designios de la autoridad americana (DEA). Al surgir nuevamente el narcotráfico como el tema central de la relación bilateral, la debilidad de las agencias mexicanas de seguridad comprometerá la relación de nuestros países para atender asuntos de importancia vital para México en las áreas de comercio y migración. Peor aún, de triunfar el 3 de noviembre próximo en la elección presidencial, un gobierno encabezado por Biden será mucho más adverso para el gobierno de AMLO, principalmente por las exigencias que impondrá para resolver prioritariamente la agenda de seguridad y respeto a los derechos humanos que impondría su gobierno al gobierno mexicano.

Siendo de por sí menos atractivo México para inversionistas extranjeros como resultado del T-MEC, la complejidad añadida por las exigencias americanas para resolver prioritariamente la inseguridad provocada por los cárteles ubicados en México, pondrían al gobierno de la 4T en una situación difícil ante la incapacidad demostrada por eventos como el “culiacanazo” o el saludo a la mamá del “Chapo” Guzmán.

El proceso llevado a cabo por la DEA dejó en claro que no existe confianza alguna de esta agencia americana en las autoridades mexicanas. La reacción del canciller Ebrard dejó también en claro que el gobierno mexicano no tenía ningún contacto de importancia entre quienes manejan los asuntos de seguridad de Estados Unidos. Si agregamos que el impacto negativo que tiene para oficiales del Pentágono el haber otorgado condecoraciones a Cienfuegos hacia el final de su función como Secretario de la Defensa Nacional, la acusación contra Cienfuegos implica que a partir de hoy los oficiales del Pentágono actuarán también con total desconfianza hacia los mandos del Ejército mexicano.

Con ello, la cooperación binacional e intercambio de información entre los gobiernos de México y Estados Unidos ha quedado severamente comprometida y afectará la posibilidad de que el gobierno de López Obrador cumpla la promesa de dotar de seguridad a los mexicanos como prometió durante su campaña hacia la presidencia de la República.

Concluyendo, puede afirmarse que el golpe dado al gobierno de López Obrador por el arresto del General Cienfuegos permite prever que no habrá avances de importancia en estos dos grandes compromisos del presidente de la República –lucha contra la corrupción e inseguridad–. Con ello, las perspectivas de que este gobierno logre implantar su “cuarta transformación” en lo que resta del sexenio han sido considerablemente disminuidas. Por ello, podemos esperar que el gobierno de López Obrador se radicalice sustantivamente en los meses que faltan para el proceso electoral del año 2021.

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La razón esgrimida por el INE es que los partidos políticos cuyos candidatos han sido revocados o cancelados, incumplieron su obligación de reportar A TIEMPO o de plano no reportaron sus gastos de precampaña. Lo resuelto por el INE debe ser analizado con base en el principio de LEGALIDAD consagrado en el artículo 16º Constitucional que a la letra dice: Artículo 16º.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”. De acuerdo con esta disposición constitucional, el INE está obligado a: Fundar la sanción impuesta a MORENA y otros partidos políticos, en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Motivar la sanción aplicada, argumentando que MORENA incumplió su obligación legal de informar sobre los gastos de precampaña. Justificar la sanción impuesta, precisando que el incumplimiento y violación de las leyes electorales, amerita la cancelación o revocación de las candidaturas. ¿Cuál es el papel del presidente de la República en relación con este problema? El mensaje de AMLO es de dos bocas: La semana pasada hizo que los gobernadores de los estados acudieran a Palacio Nacional a una reunión en la que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y TODOS LOS GOBERNADORES se comprometerían a NO INTERVENIR en los procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral NO fue invitado porque el propio presidente López Obrador dijo que basta que esa autoridad ejercite sus funciones de acuerdo a las leyes que la rigen; sin embargo, tan pronto como AMLO se enteró de la revocación o cancelación de candidaturas, violentó el debido proceso legal al descalificar la autoridad del INE diciendo que se ha erigido en el SUPREMO PODER CONSERVADOR. Por cierto, que nadie en todo México tiene ni la menor idea de que sea el Supremo Poder Conservador (1) y mucho menos saben los mexicanos lo que fueron las Siete Leyes Centralistas de 1836, en las que aquel Supremo Poder Conservador fue constituido. López Obrador encarna precisamente el poder absoluto que le permite intimidar jueces, amenazar ministros, descalificar al INE y atropellar cualquier vestigio de división de poderes o respeto por la Constitución. ¿Qué debería hacer el presidente de la República? Debería comenzar por recordar que NO es el presidente de MORENA sino de México y, en consecuencia, presidente de TODOS los mexicanos y no nada más de los que lo veneran y lo adulan. El indicado para impugnar lo resuelto por el INE es Mario Delgado, NO López Obrador. Mario Delgado es el que debe impugnar lo resuelto por el INE mediante argumentos y pruebas que en su caso sirvan para revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral. Por su parte, el INE debería denunciar las irregularidades de MORENA y otros partidos, para que la Fiscalía General de la República investigue si los fondos NO reportados por MORENA y otros partidos políticos, pudieran ser de procedencia ilícita, incluyendo a los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado en general. Azuzados por López Obrador desde su púlpito de Palacio Nacional, MORENA y sus partidos satélites corean al unísono que el INE forma parte de un “COMPLOT”. Primero que todo, hay que esclarecer el significado de la palabra COMPLOT. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: COMPLOT es un “acuerdo secreto para hacer algo ilícito o indebidamente perjudicial para otro”. El acuerdo emitido por el Consejo de Fiscalización del INE, no califica como COMPLOT por dos razones: NO ES UN ACUERDO SECRETO, puesto que se lo han notificado a MORENA, al Partido del Trabajo y a los demás partidos afectados. NO ES UN ACUERDO ILÍCITO, sino al contrario, es resultado de la aplicación de la Ley Electoral y de la Constitución Federal. Si lo resuelto por el INE viola el artículo 16º Constitucional, MORENA representada por Mario Delgado y por los abogados que designen para representarlos, TIENEN A LA MANO LOS RECURSOS LEGALES NECESARIOS. Otra queja del presidente López Obrador apunta a que se pretende impedir que MORENA repita su actual mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Lo que AMLO quiere es que el INE le permita a MORENA violar de nuevo el artículo 54 Constitucional que en su fracción V dice a la letra: Artículo 54, fracción V. “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”. En la actual Cámara de Diputados Federal, MORENA tiene un exceso de sobrerrepresentación de 15%. MORENA, en las elecciones del 2018, maniobró endosándole diputados a los partidos satélites y reacomodando los suyos de manera que alcanzó un porcentaje MUY SUPERIOR AL 8% PERMITIDO POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. El cumplimiento de la Constitución Federal, de las leyes electorales y de todas las demás leyes que nos rigen, NO puede hacerse depender de que le guste o no le guste al actual presidente de la República que fue el primero en obligarse a respetar esa Constitución y todas las leyes que de ella emanan. El INE no puede quedarse corto ni meter el rabo entre las patas permitiendo que sus integrantes sean intimidados como lo ha sido el Poder Judicial gracias a la timidez y sumisión apenas disimulada de Arturo Zaldívar. El INE está obligado a denunciar las irregularidades en el manejo de recursos durante las precampañas electorales, para que se esclarezca el origen y aplicación de las “aportaciones” NO declaradas por los partidos y sus candidatos. Existen acuerdos e instancias internacionales que vinculan a muchos partidos políticos; hay acuerdos de cooperación judicial y policiaca entre Estados Unidos y México que permiten a los partidos políticos mexicanos denunciar delitos considerados de competencia internacional, como el de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior presenta una opción legítima para poner orden y evitar que México se convierta por completo en un narco estado como Bolivia, Venezuela o Cuba. El INE debe denunciar los posibles delitos electorales y delitos por operación con recursos de procedencia ilícita y exigir al Fiscal General de la República que inicie carpetas de investigación para determinar la probable responsabilidad PENAL de los partidos políticos como MORENA, Redes Sociales Progresistas, Partido Verde y Partido del Trabajo. El ocultamiento de sus gastos de precampaña debe ser investigado penalmente y los responsables no solamente deben perder sus candidaturas sino ir a prisión. Los mexicanos hoy tienen en el INE un baluarte para recuperar la democracia sin marrullerías y sin sobrerrepresentaciones artificiosas como la que Mario Delgado lucha por retener alegando que “MORENA ES víctima de un COMPLOT” para impedir la democracia, CUANDO EN REALIDAD SE TRATA DE RESCATAR LA DEMOCRACIA y restaurar la DIVISIÓN DE PODERES, el ESTADO DE DERECHO y la libertad de México. La única opción para frenar la imposición del SUPREMO PODER DE OBRADOR, es votar masivamente el 6 de junio próximo, HACIENDO algorítmicamente imposible el fraude electoral. _____________________________________

El Supremo Poder Conservador era un cuerpo colegiado compuesto por 5 miembros cuya función era garantizar la verdadera y efectiva división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) de acuerdo con las Siete Leyes Centralistas de 1836.

López Obrador acusa al INE aplicándole ese nombre, con una clara intención peyorativa y de intimidación, porque sabe que nadie en México, comenzando por los legisladores de MORENA, tiene conocimientos jurídicos e históricos básicos para saber qué fue aquel Supremo Poder Conservador. El propósito del Supremo Poder Conservador era hacer cumplir una verdadera división de poderes. Lo que AMLO busca es imponer el Supremo Poder de Obrador para confeccionarse disposiciones a la medida de sus ambiciones a costa de la Constitución Federal. El único Morenista que sabe lo que era el Supremo Poder Conservador es Porfirio Muñoz Ledo que podría darle una muy necesaria lección de Historia y Derecho a AMLO, a Mario Delgado y al “Doctor” Monreal. 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Pero si a ello le sumamos que López y su nefasta y torpe administración nada hacen por impedir que se lucre criminalmente aumentando precios y permitiendo una serie de anomalías, más se ha complicado la economía de los mexicanos. Este es el caso del descontrol en los precios del gas LP, a pesar de que día con día López afirma y promete, desde su púlpito en la mañanera, que el gas no subirá de precio; pero la cruda realidad lo aplasta y exhibe. Muy contrario a lo que López dice, el pasado 7 de abril del 2021 se difundió en Reporte Índigo lo siguiente: “La batalla por el precio del gas LP, robo y monopolio”: “Aunque la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que continúa la tendencia a la baja en el precio del gas LP, la realidad es otra. “En días recientes la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) reveló que comenzó a investigar las prácticas monopólicas en el mercado del gas en todo el país y es que, de acuerdo con especialistas, uno de los factores clave para que aumente el precio del gas es la concentración de la oferta. Otro de los factores que incrementa el valor del gas y sangra el bolsillo de los ciudadanos es el robo y venta ilegal del producto. “El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que, tras cerrarles el ducto de la gasolina, los huachicoleros pasaron al robo del gas LP. “Del robo de gasolinas se pasaron al robo de gas, pero ya estamos enfrentado este tipo de ilícito, y también lo del contrabando de gasolinas”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal. Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador insistió en que “Nosotros tenemos el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles, incluido el gas, esto es gasolina, diésel, la luz, en términos reales, es decir, que no aumenten por encima de la inflación y es una recomendación constante de la presidencia hacia Hacienda y hacia Pemex”, agregó López Obrador. “La titular de la Profeco afirmó: “En los precios promedio diario del gas LP al 30 de marzo, tenemos que el gas en cilindro sigue descendiendo al promediar 23.28 pesos por kilo, mientras que el gas estacionario también disminuyó quedando en un precio promedio de 12.46 pesos por litro”, dijo la funcionaria pública. “A inicios de año, el 4 de enero, la misma Profeco, en otra de las conferencias matutinas, señaló que el promedio del precio de gas LP vendido por cilindro era de 18.45 pesos por kilo, lo que representa un incremento de más del 26 por ciento. A finales de marzo, el precio promedio del gas LP llegó hasta los 26.20 pesos por kilo, un incremento del 42.02 por ciento desde el inicio del año. “En 2017, por orden de la reforma energética de 2014, se liberó por completo el precio del gas LP. A partir de esa fecha, el precio no ha parado de subir, pese a advertencias de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de que el mercado estaba concentrado en muy pocas empresas y que esas prácticas provocarían la volatilidad en los costos para los usuarios. “Después de cuatro años de recomendaciones, pugnas y peticiones de la CRE, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación al mercado del gas LP, aunque no ha podido comprobar las prácticas monopólicas absolutas. “La investigación de la Cofece se centró principalmente en ochos grupos empresariales, o familias, que concentran la mayor parte del mercado y por lo mismo fijan los precios del producto. 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La razón esgrimida por el INE es que los partidos políticos cuyos candidatos han sido revocados o cancelados, incumplieron su obligación de reportar A TIEMPO o de plano no reportaron sus gastos de precampaña. Lo resuelto por el INE debe ser analizado con base en el principio de LEGALIDAD consagrado en el artículo 16º Constitucional que a la letra dice: Artículo 16º.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”. De acuerdo con esta disposición constitucional, el INE está obligado a: Fundar la sanción impuesta a MORENA y otros partidos políticos, en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales. Motivar la sanción aplicada, argumentando que MORENA incumplió su obligación legal de informar sobre los gastos de precampaña. Justificar la sanción impuesta, precisando que el incumplimiento y violación de las leyes electorales, amerita la cancelación o revocación de las candidaturas. ¿Cuál es el papel del presidente de la República en relación con este problema? El mensaje de AMLO es de dos bocas: La semana pasada hizo que los gobernadores de los estados acudieran a Palacio Nacional a una reunión en la que EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y TODOS LOS GOBERNADORES se comprometerían a NO INTERVENIR en los procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral NO fue invitado porque el propio presidente López Obrador dijo que basta que esa autoridad ejercite sus funciones de acuerdo a las leyes que la rigen; sin embargo, tan pronto como AMLO se enteró de la revocación o cancelación de candidaturas, violentó el debido proceso legal al descalificar la autoridad del INE diciendo que se ha erigido en el SUPREMO PODER CONSERVADOR. Por cierto, que nadie en todo México tiene ni la menor idea de que sea el Supremo Poder Conservador (1) y mucho menos saben los mexicanos lo que fueron las Siete Leyes Centralistas de 1836, en las que aquel Supremo Poder Conservador fue constituido. López Obrador encarna precisamente el poder absoluto que le permite intimidar jueces, amenazar ministros, descalificar al INE y atropellar cualquier vestigio de división de poderes o respeto por la Constitución. ¿Qué debería hacer el presidente de la República? Debería comenzar por recordar que NO es el presidente de MORENA sino de México y, en consecuencia, presidente de TODOS los mexicanos y no nada más de los que lo veneran y lo adulan. El indicado para impugnar lo resuelto por el INE es Mario Delgado, NO López Obrador. Mario Delgado es el que debe impugnar lo resuelto por el INE mediante argumentos y pruebas que en su caso sirvan para revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral. Por su parte, el INE debería denunciar las irregularidades de MORENA y otros partidos, para que la Fiscalía General de la República investigue si los fondos NO reportados por MORENA y otros partidos políticos, pudieran ser de procedencia ilícita, incluyendo a los cárteles del narcotráfico y del crimen organizado en general. Azuzados por López Obrador desde su púlpito de Palacio Nacional, MORENA y sus partidos satélites corean al unísono que el INE forma parte de un “COMPLOT”. Primero que todo, hay que esclarecer el significado de la palabra COMPLOT. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: COMPLOT es un “acuerdo secreto para hacer algo ilícito o indebidamente perjudicial para otro”. El acuerdo emitido por el Consejo de Fiscalización del INE, no califica como COMPLOT por dos razones: NO ES UN ACUERDO SECRETO, puesto que se lo han notificado a MORENA, al Partido del Trabajo y a los demás partidos afectados. NO ES UN ACUERDO ILÍCITO, sino al contrario, es resultado de la aplicación de la Ley Electoral y de la Constitución Federal. Si lo resuelto por el INE viola el artículo 16º Constitucional, MORENA representada por Mario Delgado y por los abogados que designen para representarlos, TIENEN A LA MANO LOS RECURSOS LEGALES NECESARIOS. Otra queja del presidente López Obrador apunta a que se pretende impedir que MORENA repita su actual mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Lo que AMLO quiere es que el INE le permita a MORENA violar de nuevo el artículo 54 Constitucional que en su fracción V dice a la letra: Artículo 54, fracción V. “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento”. En la actual Cámara de Diputados Federal, MORENA tiene un exceso de sobrerrepresentación de 15%. MORENA, en las elecciones del 2018, maniobró endosándole diputados a los partidos satélites y reacomodando los suyos de manera que alcanzó un porcentaje MUY SUPERIOR AL 8% PERMITIDO POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY. El cumplimiento de la Constitución Federal, de las leyes electorales y de todas las demás leyes que nos rigen, NO puede hacerse depender de que le guste o no le guste al actual presidente de la República que fue el primero en obligarse a respetar esa Constitución y todas las leyes que de ella emanan. El INE no puede quedarse corto ni meter el rabo entre las patas permitiendo que sus integrantes sean intimidados como lo ha sido el Poder Judicial gracias a la timidez y sumisión apenas disimulada de Arturo Zaldívar. El INE está obligado a denunciar las irregularidades en el manejo de recursos durante las precampañas electorales, para que se esclarezca el origen y aplicación de las “aportaciones” NO declaradas por los partidos y sus candidatos. Existen acuerdos e instancias internacionales que vinculan a muchos partidos políticos; hay acuerdos de cooperación judicial y policiaca entre Estados Unidos y México que permiten a los partidos políticos mexicanos denunciar delitos considerados de competencia internacional, como el de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo anterior presenta una opción legítima para poner orden y evitar que México se convierta por completo en un narco estado como Bolivia, Venezuela o Cuba. El INE debe denunciar los posibles delitos electorales y delitos por operación con recursos de procedencia ilícita y exigir al Fiscal General de la República que inicie carpetas de investigación para determinar la probable responsabilidad PENAL de los partidos políticos como MORENA, Redes Sociales Progresistas, Partido Verde y Partido del Trabajo. El ocultamiento de sus gastos de precampaña debe ser investigado penalmente y los responsables no solamente deben perder sus candidaturas sino ir a prisión. Los mexicanos hoy tienen en el INE un baluarte para recuperar la democracia sin marrullerías y sin sobrerrepresentaciones artificiosas como la que Mario Delgado lucha por retener alegando que “MORENA ES víctima de un COMPLOT” para impedir la democracia, CUANDO EN REALIDAD SE TRATA DE RESCATAR LA DEMOCRACIA y restaurar la DIVISIÓN DE PODERES, el ESTADO DE DERECHO y la libertad de México. La única opción para frenar la imposición del SUPREMO PODER DE OBRADOR, es votar masivamente el 6 de junio próximo, HACIENDO algorítmicamente imposible el fraude electoral. _____________________________________

El Supremo Poder Conservador era un cuerpo colegiado compuesto por 5 miembros cuya función era garantizar la verdadera y efectiva división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) de acuerdo con las Siete Leyes Centralistas de 1836.