El desempeño del Congreso mexicano en 2025 se caracterizó por una actividad legislativa intensa, pero también por una debilidad evidente en su función como contrapeso democrático. Analizarlo únicamente desde el volumen de leyes aprobadas resulta insuficiente para evaluar su aporte institucional.
Durante el primer año de la LXVI Legislatura (septiembre de 2024 a agosto de 2025), el Congreso aprobó 20 reformas constitucionales, una cifra excepcional en perspectiva histórica. Para dimensionarlo, durante los gobiernos del PAN (2000–2012) el promedio anual fue de 3 a 5 reformas constitucionales, mientras que en el largo periodo del PRI hegemónico (1958–1997) el promedio fue de 2 a 3 por año, aún con mayor control político del sistema.
Solo entre septiembre y diciembre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó 55 proyectos de decreto —2 reformas constitucionales, 7 nuevas leyes y 46 reformas a leyes vigentes— en 44 sesiones plenarias, con 193 horas totales de trabajo. Esto equivale a alrededor de 3.5 horas de Pleno por decreto, un indicador claro de la rapidez del proceso legislativo, especialmente si se considera el impacto estructural de varias de estas reformas.
Los cambios se concentraron en seguridad, justicia, recaudación y regulación, áreas sensibles desde la perspectiva de derechos, equilibrio institucional y diseño del Estado. La velocidad de aprobación y la disciplina de las mayorías redujeron los incentivos para una deliberación amplia, trasladando el conflicto político al Poder Judicial mediante controversias y litigios constitucionales.
Ante este panorama, suele argumentarse que este comportamiento no es excepcional: que en otros regímenes presidencialistas —como Estados Unidos, Brasil o Argentina— es común que el Legislativo se alinee al Ejecutivo cuando existe mayoría política. El argumento es parcialmente cierto, pero incompleto. En esos sistemas, incluso con mayorías, existen frenos efectivos: comisiones con poder real, audiencias públicas obligatorias, tiempos amplios de discusión, congresos con alta autonomía técnica y, en muchos casos, legisladores menos sujetos a disciplina partidaria estricta.
En México, el problema no es solo la alineación política, sino la concentración del proceso: reformas constitucionales aprobadas en plazos cortos, debate limitado y un Legislativo que raramente modifica de fondo las iniciativas del Ejecutivo. Esto marca una diferencia sustantiva frente a otros presidencialismos donde la alineación no elimina la negociación ni el costo político.
Comparar 2025 con el pasado tampoco exonera su desempeño. Bajo el PRI hegemónico, el Congreso fue subordinado, pero en un contexto de competencia limitada. Bajo el PAN y la pluralidad posterior a 1997, se aprobaron menos reformas, pero con mayor deliberación, vetos cruzados y negociación real.El Congreso de 2025 no puede evaluarse solo por su eficacia normativa. En una democracia madura, su legitimidad depende de cómo legisla, no solo de cuánto. Y en ese balance, su función como contrapeso quedó claramente debilitada.
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