Con ventanilla única para acompañamiento de trámites, Economía reafirma apoyo al mezcal de Puebla

Para impulsar al sector mezcalero, la Secretaría de Economía apoyará a productores con una ventanilla única para acompañamiento de trámites que deben realizar ante diferentes instancias del Gobierno Federal, anunció la titular de la dependencia, Olivia Salomón....

23 de julio, 2022

Para impulsar al sector mezcalero, la Secretaría de Economía apoyará a productores con una ventanilla única para acompañamiento de trámites que deben realizar ante diferentes instancias del Gobierno Federal, anunció la titular de la dependencia, Olivia Salomón.

Detalló que el trabajo no concluye con el destilado, sino hasta que llegue al consumidor final, sin intermediarios, por lo que la Secretaría de Economía brindará capacitación para que los emprendedores se asuman como empresas y aprovechen los reconocimientos que ya tienen diversas marcas para vender el mezcal en mejores condiciones.

Planteó el servicio de una ventanilla única para acompañamiento en trámites, registro de marcas y el posicionamiento de la región productora de mezcal con un subclúster del agave y mezcal dentro del clúster agroalimentario, para mejorar la competitividad del sector.

La secretaria ejemplificó que en Washington existe un comercializador de mezcal poblano que cubre el norte de Estados Unidos y Nueva York, pero que, llegar a esos mercados implica que los productos estén regulados y certificados, además de contar con volúmenes suficientes.

En San Bernandino Tepenene, perteneciente a Tzicatlacoyan, considerada la puerta de la Mixteca poblana, la secretaria Olivia Salomón visitó a productores y al maestro mezcalero Abdias Rodríguez -con mezcales premiados-, quienes le mostraron sembradíos de agave y el palenque El Cuartel, donde se fermenta y destila el mezcal.

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FRAUDE CON AZÚCAR En esta nueva parte de la Corrupción en Segalmex, resultó que le compraron azúcar a una empresa fantasma, de la cual sus “socios” son un hombre y una mujer humildes, a los que usaron para simular una venta de azúcar a Segalmex por 465 millones de pesos, y de 25 mil toneladas compradas, solamente entregaron 7800 toneladas. Esta “empresa” llamada Servicios Integrales Carregin, ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero. Resultando que el apoderado de Carregin, también participa en dos empresas, que Casualmente recibieron más contratos en Segalmex por un monto de 53 millones de pesos en la compra de alcohol y gel antibacterial. Eduardo Alejandro Murillo Landeros, quien funge como apoderado legal de Carregin, ostenta el mismo cargo en Gainmate Comedores Industriales y Comercializadora Aservayan, que son las empresas con contratos para proveer alcohol y gel. 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Hoy que México tiene un presidente autoritario para el que LA LEY ES COSA DE CUENTO, necesitaríamos tener al frente del Poder Judicial, a un clásico impartidor de JUSTICIA capaz de actuar en  coordinación con Alejandro Gertz Manero, que, a partir de su experiencia y sus facultades, lleve a los delincuentes ante los tribunales, sin importar que se trate de  López Obrador o quien quiera que fuere. Un IMPARTIDOR y un PROCURADOR DE JUSTICIA son personajes cuyas principales virtudes deben ser LA FIRMEZA, LA SERENIDAD, LA ECUANIMIDAD, LA DIGNIDAD, LA SABIDURÍA, LA COMPASIÓN, LA DILIGENCIA, LA EMPATÍA, LA SOBRIEDAD, LA HONESTIDAD, LA CONFIABILIDAD Y EL AMOR POR EL DERECHO AL SERVICIO DE LA PATRIA. 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Cada vez que López Obrador ofende a jueces, ministros y magistrados y Zaldívar guarda silencio, debilita aún más al Poder Judicial, y le aleja de  la confianza ciudadana. Las maniobras de AMLO en torno a la llamada Guardia Nacional, deberían ser expuestas y rechazadas de oficio por el Ministro Zaldívar, como se lo autoriza y se lo ordena la Constitución en sus artículos 29 y 136. Según datos oficiales, hay un cúmulo de controversias constitucionales sin resolver, porque el Ministro Zaldívar ha optado por mandarlas al congelador para complacer al Ejecutivo Federal. Entiendo que hay nueve controversias presentadas por la Comisión Federal de Competencia Económica; hay cinco promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; cinco interpuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y cuatro por el Instituto Nacional Electoral, sin perjuicio de 28 iniciadas por gobiernos municipales y 12 por gobiernos estatales. Una de las más relevantes ha sido la presentada por el INAI contra la declaración de que las obras de infraestructura del Gobierno Federal son cuestión de seguridad nacional según decreto publicado el 22 de noviembre de 2021. Arturo Zaldívar y sus ministros cómplices pasan por alto que si bien es cierto que la Ley que reglamenta las Controversias Constitucionales y las Acciones de Inconstitucionalidad NO TIENEN MARCADOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN, debe regirse aplicando las normas sobre plazos contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles que es de aplicación supletoria a todos los procedimientos federales SIN EXCEPCIÓN, INCLUYENDO LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. Esto significa que tan luego como les fueron presentadas las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, DEBIERON DICTAR AUTOS DE ADMISIÓN a trámite, turnándolas al ministro que correspondiese y fijándoles fecha de audiencia para resolución.  En vista de lo anterior,  NADA JUSTIFICA que la Suprema Corte, sometida a la voluntad de López Obrador, congele las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, DEMORANDO DOLOSAMENTE SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN. La congelación de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad que hace la Suprema Corte, TIPIFICAN DOS DELITOS FEDERALES: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS. Artículo 225.- SON DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, cometidos por servidores públicos los siguientes: VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida; La omisión de estudiar y resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, daña al estado de derecho y concede ventajas indebidas al presidente de la República. VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia; Zaldívar y sus ministros cómplices, retardan maliciosamente la administración de justicia, al mantener desatendidas todas las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que he mencionado; y lo hacen para favorecer los caprichos de López Obrador. ARTURO ZALDÍVAR NO ACTÚA SOLO. Arturo Zaldívar, actúa en connivencia con el Ejecutivo Federal (López Obrador); actúa en complicidad con los otros ministros de la Corte; los legisladores de MORENA, PT y Partido Verde, son igualmente copartícipes; entre todos ellos, conforman una COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS según la describe el Código Penal Federal en su artículo 216, que a la letra dice: Artículo 216.-Cometen el delito de COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas…”. Todos estos servidores públicos, desde el presidente de la República, los ministros de la Corte y los legisladores federales mencionados, se han coaligado para impedir el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Federal, dejándola sin efecto, y abriendo la puerta al autoritarismo descarado del tabasqueño que habita OPULENTAMENTE EL PALACIO NACIONAL. ¿Qué podría hacer la oposición para ponerle remedio a esta delincuencia impune? Cualquier legislador, e incluso cualquier ciudadano, pueden denunciar ante la Fiscalía General de la República los delitos aquí mencionados; el Fiscal Gertz Manero está obligado a actuar incluso de oficio contra estos delincuentes. El destino de México no depende de los procesos electorales, sino de nuestras instancias de impartición de JUSTICIA; la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la República que deberían y podrían asumir su función autónoma y soberana, y ponerle un alto inmediato al autoritarismo y a la violación sistemática de la ley que ha caracterizado al actual régimen. La Fiscalía General de la República tiene la obligación de actuar de oficio en tratándose de delitos como los atribuidos al senador José Narro Céspedes, Américo Villarreal y Mario Delgado entre otros. Aquí no se trata de una simple filtración de información de la DEA sobre los vínculos de MORENA y el narcotráfico. PORFIRIO MUÑOZ LEDO LO HA DENUNCIADO LO MISMO QUE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS; EL GOBIERNO DE LÓPEZ OBRADOR SE HA ALIADO CON EL CRIMEN ORGANIZADO PARA RETENER EL PODER Y DESCARRILAR LAS ELECCIONES DEL 2024, en caso de que sus corcholatas no ganen por la buena. 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Resultando que los “accionistas” de Carregin, Jorge Romero Valencia y Daffne Pomar Colin, resultaron personas humildes, quienes desconocen quién y cómo los hicieron parte de esa sociedad. Y sin que ello influyera, la FGR giró órdenes de aprehensión en su contra. De estas “compras” Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizaron una investigación. Destacan que en la denuncia de Segalmex-Diconsa contra Carregin, se señala que la supuesta compra se realizó durante la pandemia y que los pedidos fueron conocidos por Ignacio Ovalle Fernández, el destituido exdirector general de Segalmex. Estas compras a la empresa irregular, se ordenaron por parte de Manuel Lozano Jiménez, de la Dirección Comercial de Diconsa, quien ya fue denunciado penalmente. Llama la atención que, si los pedidos fueron realizados con conocimiento del hoy ex director general de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, ¿por qué él no enfrenta hasta ahora ningún proceso en su contra? La estela de corrupción de este tema surge el 23 de abril de 2020, cuando Manuel Lozano Director de Diconsa, firma un convenio con la empresa fantasma Carregin por 37 pedidos, que suman un costo de 465 millones de pesos por 25 mil toneladas de azúcar estándar a granel en distintos almacenes del país. Tres semanas después de haberse firmado el convenio, Carregin le pidió a Diconsa que cancelara 36 de los 37 pedidos, por dificultades logísticas derivadas por la contingencia sanitaria por Covid-19; quedando únicamente un pedido por 7 mil 800 toneladas, equivalentes a 145 millones de pesos, solicitado por la Unidad Operativa del Bajío. Acorde a lo asentado en la denuncia, la Unidad declara no tener la capacidad para almacenar las 7 mil toneladas, pero, tras un acuerdo entre ambas partes, Carregin resguardaría el azúcar en un domicilio ubicado en Paseo del Pedregal, en la Ciudad de México. Y sin tener físicamente el azúcar, la dependencia pagó a Carregin los 145 millones de pesos pactados. Resulta así otra anomalía, dado que los funcionarios encargados del pedido fijaron en $18.60 el precio por kilogramo de azúcar, sin haber llevado a cabo un estudio de mercado. Al descubrirse esto, la dependencia llevó a cabo la búsqueda en el reporte semanal de precios, emitido por el Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de Caña de Azúcar, resultando que el costo durante el periodo de la compra era menor. Posteriormente, Diconsa y Carregin firmaron un convenio modificatorio y de finiquito dando por terminada la relación contractual en diciembre de 2020. Sin importarles que Diconsa ya había pagado la totalidad de las 7800 toneladas de azúcar con valor de 145 millones de pesos y solamente les habían entregado 3110 toneladas en los almacenes de la dependencia. Por esa razón, Diconsa pidió a Carregin que realizara a más tardar el 31 de diciembre de 2020 la devolución a las cuentas bancarias de la dependencia de 88 millones de pesos, equivalentes a las 4700 toneladas de azúcar que no habían entregado. Pero no lo hicieron, razón por la cual, Diconsa nuevamente requirió a Carregin la devolución el 25 de marzo y el 1 de julio de 2021, seis meses después del plazo que la dependencia había establecido inicialmente. Pero Carregin solamente devolvió 8 millones de pesos. Por ello, María Oceguera Valle, representante legal de Diconsa, presentó el 26 de agosto de 2021 una denuncia penal ante la FGR contra Carregin y contra los ex funcionarios que resulten responsables por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. De esas órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR están la de Manuel Lozano Jiménez, ex director comercial y quien firmó el convenio con Carregin; René Gavira Segreste, ex director de finanzas y Carlos Dávila Amerena, ex director jurídico de Diconsa. Estimados lectores, a todas luces esta empresa fantasma cometió un fraude, empezando porque no es posible que Daffne Pomar Colín, una ama de casa sin dinero ni para pagar un adeudo de 3 mil pesos en una tienda departamental, pueda ser accionista de Servicios Integrales Carregin. Al igual que el otro accionista Jorge Saúl Romero Valencia, que vive en una modesta casa que renta en Cuatro Vientos, una colonia popular del municipio de Ixtapaluca en el Estado de México.  Simplemente los utilizaron para crear la empresa Carregin, que ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero, por las ventas inexistentes de azúcar a Segalmex. Pero, como ya lo señalamos, a pesar de ello la FGR solicitó la aprehensión de ambos. Así la Corrupción que se vive en la CUARTA TRANSA-FORMACIÓN, esa que presume López que ya se acabó y por la que han ahorrado miles de millones de pesos. López ha cubierto con el manto de la impunidad a quienes deberían estar siendo investigados por estos fraudes en Segalmex que, se comenta, son mayores al de la Estafa Maestra con EPN, porque esto del azúcar es solamente uno de ellos. Nada se hace para aplicar la ley y que devuelvan todo lo que se han llevado.   " ["post_title"]=> string(70) "De Frente Y Claro | Corrupción en Segalmex peor que la estafa maestra" ["post_excerpt"]=> string(216) "Mientras López presume en sus spots de su cuarto informe que han ahorrado millones de pesos porque ya no hay corrupción, hay otros datos que aplastan sus mentiras, como es el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana." 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