¿Cómo se manifiesta la corrupción en la Unión Europea? 

Cuando hablamos sobre el fenómeno de la corrupción, solemos asociarla principalmente a ciertas regiones, como la latinoamericana o africana; sin embargo, este es un mal que aqueja a todo el mundo, solo que en diferente grado. Prueba...

6 de julio, 2021

Cuando hablamos sobre el fenómeno de la corrupción, solemos asociarla principalmente a ciertas regiones, como la latinoamericana o africana; sin embargo, este es un mal que aqueja a todo el mundo, solo que en diferente grado. Prueba de ello son los resultados obtenidos en el Barómetro Global de la Corrupción de la Unión Europea (UE) que recientemente fue publicado. 

Dicho estudio refleja los resultados de una encuesta aplicada en 27 países de la UE, donde se consultaron cerca de 40 000 personas1. De la muestra encuestada por Transparencia Internacional, el 62% considera que la corrupción es un problema importante en su país y alrededor de 1/3 considera que la corrupción ha empeorado en los últimos 12 meses, lo cual en cierta medida está asociado a la crisis por la COVID-19. Chipre es el país con mayor percepción de incremento de corrupción con un 65% contra el 16% presentado en Finlandia. Cabe resaltar que el promedio europeo es del 32%.

Por lo que se refiere a la relación entre el gobierno y sector empresarial, encontramos que el 53% de los encuestados consideran que sus gobiernos están controlados por los intereses privados. En este tenor, Eslovenia y Bulgaria son los países peor calificados con el 70 y 68% respectivamente. Mientras que los países de Finlandia, Dinamarca y Suecia son los mejor evaluados con el 28, 25 y 20 % respectivamente. 

Asimismo, las instituciones que son percibidas como las más corruptas son el parlamento (28%), los ejecutivos de las empresas (25%) y los banqueros y presidentes/primer ministros con un 23%. Por otro lado, los mejor evaluados son las Organizaciones No Gubernamentales (16%), los jueces y magistrados (14%) y la policía (11%).

Desafortunadamente, con la llegada de la pandemia por la COVID-19, se acrecentó la corrupción en el sector de la salud pública. El barómetro muestra que el 29% de los ciudadanos europeos utilizó sus conexiones personales para recibir atención médica, mientras que el 6% recurrió al soborno para agilizar esta situación. 

Por lo que se refiere a temas de género, el 7% menciona que ha sufrido extorsión sexual o que conoce a alguien que la padeció. En Bulgaria el porcentaje se establece en 17% contra un 2% de Finlandia. Por otro lado, sólo el 21% de los europeos piensa que las personas que incurrieron en corrupción son perseguidas legalmente de forma apropiada. Un dato positivo señala que 2/3 de los ciudadanos, piensa que la gente común y corriente puede contribuir al combate a la corrupción.




Para finalizar, el documento señala algunas recomendaciones que ayudarán a combatir la corrupción en estos países. Por ejemplo: 

  • fomentar la participación ciudadana a través de una toma de decisiones transparente, 
  • proteger a las personas que expongan hechos de corrupción (denunciantes), 
  • mejorar la transparencia en las actividades de cabildeo, 
  • evitar conflicto de interés entre los servidores públicos, 
  • fortalecer los estándares corporativos en materia de anticorrupción, 
  • prevenir la evasión fiscal, y
  • mejorar los procesos de las compras públicas, entre otras.

 

La corrupción está afectando a la mayoría de los países, generando retraso en el progreso de la sociedad y de sus economías. Seguramente estos resultados llegarán a las altas esferas de cada una de las naciones de la UE, así como del parlamento, pues reflejan la desconfianza por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, los países tendrán que tomar cartas en el asunto para combatir de mejor manera la corrupción. Con esto nos damos cuenta de que desafortunadamente, la corrupción convive a diario en la forma de gobernar, de hacer política y de hacer negocios y que no favorece en nada al bien común. Además, que no es exclusiva de algunas zonas geográficas sino es un mal general.

 1 Para mayor información sobre la encuesta entrar a: https://www.transparency.org/en/gcb/eu/european-union-2021

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Importante es señalar que desde antes que entraran en funciones el 1 de diciembre de 2018, comenzaron a frenar y acabar con la obra del Aeropuerto Internacional en Texcoco que ya se estaba construyendo. Ya en funciones, se han dedicado a destruir lo que otras administraciones crearon, con el argumento de que hay corrupción. Larga es la lista de lo que ya han cancelado. ROTUNDO FRACASO Y peor aún han sido los nulos resultados de lo que han “creado”, convirtiéndose en un rotundo fracaso, en los que se han tirado a la basura cientos de millones de pesos que hacen falta invertir en temas tan importantes como medicinas. INSABI Al desaparecer el Seguro Popular, crearon el Instituto de Salud del Bienestar (INSABI) y nació muerto, iniciando con que su director, Juan Antonio Ferrer carece de experiencia en el sector salud. Su experiencia ha sido trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como director de varias zonas arqueológicas del país, abocado a la tarea de conservar, proteger el patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico del país. Dando tumbos, en su pésimo desempeño, el 1 de noviembre del 2020, nos enteramos a través de Política Expansión: “La ASF ‘jala las orejas’ al Insabi: ve falta de reglas y de entrega de recursos”: “En su revisión a la Cuenta Pública de 2019, el órgano fiscalizador señala problemas en el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar, como carencia de reglas y manuales. En lo que respecta al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se planteó que, en 2019, mediante el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), se aplicó un monto de 5,510.6 millones de pesos por medio del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), para cubrir el pago de 66,417 intervenciones. Estas incluyeron tratamientos, medicamentos e insumos para diagnósticos asociados a los mismos, que fueron considerados gastos catastróficos por el Consejo de Salubridad General. “Aunado a eso, la ASF señaló que las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, actualizadas y autorizadas por el Comité Técnico el 28 de junio de 2019, presentaron deficiencias, pues no definieron de manera precisa a la población objetivo. Tampoco incluyeron criterios para que los responsables ajustaran las modalidades de la operación del fideicomiso o decidieran sobre su cancelación, y no se incluyeron procedimientos para realizar registro y utilización de los recursos provenientes de las aportaciones adicionales”. El 25 de febrero del 2021, el diario La Razón difundió: “Se enreda Insabi con contrataciones Covid; dice que son 18 mil, 15 mil y 11 mil”: El año pasado, autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) registraron tres cifras de contratación de personal eventual para combatir la pandemia: su titular asegura que tuvieron 18 mil 886 trabajadores; sin embargo, en respuestas a dos solicitudes de información, se establecen otros datos: 15 mil 104 en una y 11 mil 546 en otra”. Y para este mes de julio del 2021 se reporta que el INSABI adeuda a los laboratorios de medicamentos en México 4200 millones de pesos. Esta deuda se ha acumulado entre 2019 y 2020. La información es de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) respecto a laboratorios agremiados a esa organización, así como de otras organizaciones como la Asociación Mexicana de Laboratorios (Amelab), la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (Amiif) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam). Esta situación muestra que por un lado, el gobierno mexicano le dio un presupuesto multianual por adelantado y un pago de cuotas a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) por 130 millones de dólares, mientras que a los laboratorios mexicanos no se les pagan por adelantado y antes al contrario les retrasan el pago, teniéndose adeudos del 2019 y 2020. BANCO DEL BIENESTAR Otra creación de la 4T, El Banco del Bienestar (que suplió al desaparecido BANSEFI), registró entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 pérdidas por 426 millones de pesos. Al cierre del primer trimestre de este año su cartera vencida fue equivalente a 19.7% de la cartera de crédito total, el índice de morosidad más alto en el conjunto de bancos de desarrollo, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La cifra implica que prácticamente uno de cada cinco pesos de cartera de crédito se encuentra vencido. Según la CNBV, las pérdidas acumuladas entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2020 eran por 129 millones de pesos. Por otra parte, López prometió que para finales del 2021 se habrían abierto 2700 sucursales de esta institución, pero enero del 2021 solamente llevaban 400 nuevas sucursales. INSTITUTO PARA DEVOLVERLE AL PUEBLO LO ROBADO Una más de las “grandes creaciones” de la 4T, El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), ha resultado con un alto grado de corrupción, quizás aplicando aquello de “ladrón que roba a ladrón, tiene mil años de perdón”.  Esto es porque se ha denunciado que de ser el encargado de convertir en política social para los más pobres los antiguos despilfarros gubernamentales y los tesoros decomisados al narcotráfico, se han estado robando lo que supuestamente tienen para subastar, por parte de quienes integran este nuevo Instituto, además del desfalco por las malas gestiones y de contratos amañados que lo están conduciendo a quebrar.  Al menos así lo denunció quien fuera su segundo director, Jaime Cárdenas, al renunciar precisamente por darse cuenta de toda la corrupción que existe. A través de una carta, Jaime Cárdenas narró la manera en que se llevan a cabo los robos. Informando que después del decomiso de joyas a la delincuencia, la Fiscalía General de la República las mandaba al Instituto, obviamente para su resguardo y posterior subasta, llegaba un brazalete de oro blanco de 14 quilates con 37 incrustaciones de rubíes y posteriormente salía a subasta, pero con solamente 33 incrustaciones. De igual manera un collar de oro blanco con chispas de diamante después aparecía roto, con falsificaciones de piedras preciosas y seis gramos menos de cómo había llegado.  En esa línea, en enero del 2020, bajo la dirección de Ricardo Rodríguez se detectó robo de piezas en joyas decomisadas y al resguardo del Indep en bóvedas; la inspección correspondiente confirmó que de 900 piezas de joyería a 22 les faltaban las piedras de mayor valor 23 joyas dañadas acorde a una denuncia presentada a la Fiscalía. Jaime Cárdenas señaló que los robos pudieron haberse cometido por los propios empleados en contubernio con las empresas que resguardaban y alquilaban los almacenes. Y que son las mismas compañías con contratos multianuales que amenazan las finanzas del Indep. En 2019, el instituto recaudó en subastas 1.022 millones de pesos, lejos de la meta de 1.200 millones planteada por López y mucho menos de los 1.696 millones conseguidos en 2018.  Por otra parte, sin respetar la austeridad republicana y casi franciscana que presume y pregona López, el 4 de julio del 2021 nos enteramos de que el Indep gastó en 2019 y el 2020, 39 millones 999,590.48 pesos en Servicio de Vigilancia de Bienes que le fueron transferidos para su guardia y/o custodia. De acuerdo a los informes correspondientes remitidos a la Cámara de Diputados a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La triste realidad, es que en el país existía el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que dependía de la Secretaría de Hacienda, un organismo que su función era gestionar las incautaciones y subastarlas. Y esta creación del INSABI, por lo que se observa, va al rotundo fracaso. Y mejor debería llamarse “Instituto para robarle al pueblo lo devuelto”. Este es el patético panorama del rotundo fracaso de parte de lo que se ha “creado” en esta 4T, según ellos para hacer las cosas mejor que los neoliberales y acabar con la corrupción, cuando han resultado peores. 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