Censuran señalar al cártel inmobiliario

Es indefendible para cualquier democracia que se censuren temas de interés para el electorado.

25 de abril, 2024

Israel Aparicio

En una inverosímil medida cautelar, la noche del pasado 24 de abril la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), emitió lineamientos para que algunos miembros de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, incluida la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, y la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, eviten hablar del tema periodístico y de corrupción conocido como el Cártel Inmobiliario, esto a petición del candidato opositor y exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.

En un evidente caso de censura, el organismo local electoral permitió que el candidato del PRIAN pudiera evitar los cuestionamientos del documentado y sancionado caso de corrupción inmobiliaria. Por este escandaloso proceso judicial muchos integrantes de la cúpula del PAN en la Ciudad de México, ya fueron sentenciados o están prófugos de la justicia.

Como se recordará en la alcaldía gobernada por autoridades panistas, se construyeron cientos de departamentos fuera de la norma, con exceso de pisos permitidos, con la acción de complicidad de las autoridades locales que se beneficiaron con la posesión de algunos apartamentos de lujo, como una forma de trato corruptor.

Las denuncias de vecinos y ciudadanos afectados por la empresa vinculada a funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, fueron concretadas cuando una explosión de una lavadora provocó la destrucción de la fachada de un edificio de reciente construcción, en el año 2021. La fiscalía capitalina al iniciar investigaciones encontró un entramado corruptor que escalaba a las autoridades delegacionales desde hace 15 años.

A pesar de las denuncias y llamados de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ciudad de México, institución pública encargada de vigilar y sancionar irregularidades en las construcciones, las autoridades de la alcaldía Benito Juárez, entonces gobernada por Jorge Romero, hicieron caso omiso. Hasta el dia de hoy al menos 130 edificios siguen siendo investigados por numerosas anomalías, por las que ya han sido procesadas al menos quince exfuncionarios públicos, incluyendo el exalcalde Christian von Roehrich y Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de dicha alcaldía.

El tema ampliamente conocido fue abordado en el pasado debate chilango, donde Clara Brugada y Santiago Taboada intercambiaron ataques, y el candidato opositor siempre negó las acusaciones de estar involucrado en la trama corruptora. Días después, la candidata de morena a la jefatura de gobierno, alertó en conferencia de prensa sobre el intento de Taboada para intentar acallar a las principales figuras de morena, para que no se hablara más del cártel inmobiliario, e incluso, se retiraran de las redes sociales las publicaciones e información sobre el caso corruptor.

La entonces fiscal capitalina y ahora candidata al senado por la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, fue pieza fundamental en la sanción a la trama corruptora de la nueva generación de panistas que han sabido enriquecerse a costa del erario. Sin la decidida actuación de la fiscal, estos delitos de cuello blanco hubieran pasado desapercibidos, aun con las evidencias fehacientes que dejaron las complicidades de este poderoso grupo político.

Como era de esperarse, el haber castigado estas conductas delictivas le facturaron políticamente el no poder alcanzar la mayoría calificada en el congreso de la Ciudad de México, para ser ratificada para un segundo periodo al frente de la fiscalía. Con la llegada del proceso electoral del presente año, Godoy Ramos fue incluida en la lista de senadores por la Ciudad de México junto con el exsecretario de seguridad capitalino, Omar García Harfuch, que a pesar de haber ganado la encuesta interna de morena para la candidatura a la jefatura de Gobierno, debió ceder su lugar por cuestiones de igualdad de género, a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

Por su parte Eduardo Santillán, representante de Morena ante el IECM, aseguró que presentará una impugnación ante la increíble medida cautelar que emitió dicho instituto, que de entrada censura la libertad de expresión de actores políticos que en la simple lógica de proyectos comparativos, deberían poder debatir y dilucidar todos los temas de interés públicos.

Sería inconcebible que desde el oficialismo, sus candidatos inmiscuidos en temas delicados como la caída del metro en 2021, o la crisis del agua en muchas demarcaciones de la Ciudad de México, simplemente solicitara a los organismos autónomos que se evitara citar, criticar y denunciar los casos que son por lo menos incómodos a los principales funcionarios de las administraciones locales y estatales.

Es indefendible para cualquier democracia que se censuren temas para el análisis y se diluciden ante la opinión pública y el electorado, esta intención desnuda el talante autoritario de los panistas que dominan la Ciudad de México. El solo haber intentado censurar la discusión sobre el polémico caso del cartel inmobiliario ya sentaba un precedente preocupante, el que el IECM haya otorgado esa medida cautelar a favor del misógino candidato Taboada es en extremo preocupante para la imagen imparcial del árbitro electoral capitalino.

Aunque tribunales superiores electorales den marcha atrás a esta surrealista medida cautelar, el antecedente que deja es preocupante, pues cualquier político que no desea ser confrontado por sus acciones de gobierno, sin importar su extracción política, no dudará en acudir a este organismo, presuntamente autónomo, para intentar censurar el debate público sobre su actuar al frente de los más importantes cargos en la administración pública.

Ante estos lamentables hechos de represión a la libertad de expresión originados desde una autoridad autónoma, la verdadera ciudadanía debe luchar porque no se den retrocesos en las garantías individuales y de grupo, para que todo tema público sea discutido sin filtro alguno, ni limitación, sin importar las filias y fobias que cada ciudadano mantenga.

La democracia participativa a la que se aspira a llegar, no puede tener este tipo de traspiés, con la agravante de ser originados desde un organismo autónomo que en su miopía partidista, permite que poderes fácticos pretendan imponer la agenda deliberativa de lo que se puede discutir o no. Es impostergable que la madurez ciudadana no permita este tipo de retrocesos democráticos a favor de las elites económicas y partidarias.