Con el nuevo cierre de actividades económicas catalogadas por la autoridad local como “no esenciales” y cuyo impacto se prevé en la pérdida de 10 mil establecimientos mercantiles, es impostergable que el Congreso de la Capital encuentre alternativas que permitan reorientar una parte del gasto público y brindar apoyo a las empresas y a los trabajadores formales.
En los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de México vemos cómo las alcaldías permiten la informalidad expresada en ambulantaje y tianguis, mientras el comercio formal es severamente castigado con medidas estrictas, a pesar de que se tomaron prevenciones mucho mayores que las exigidas por los tres niveles de gobierno.
Es inminente el cierre de 10 mil establecimientos mercantiles por el decreto del Semáforo Rojo en la CDMX y el Estado de México, y, en consecuencia, la pérdida de más de 100 mil empleos.
Por eso es imperativo que se apruebe un paquete económico de emergencia para la salvación del empleo por un monto de cuando menos 3200 millones de pesos, para que de manera solidaria y transitoria, se aminore el impacto económico brutal provocado por el nuevo semáforo rojo y el consecuente cierre de actividades económicas.
Estas medidas podrían incentivar la creación de un programa de paros técnicos por emergencia COVID-19, a fin de que los trabajadores de las empresas que se comprometan a mantener los empleos, puedan recibir de parte del Gobierno de la Ciudad un salario mínimo equivalente, cuyo costo tendría un impacto presupuestal de 2553 millones de pesos.
También se puede echar mano de la exención temporal para los siguientes seis meses del impuesto sobre nómina para los nuevos empleos que se generen hasta el restablecimiento de los 198 mil 401 empleos perdidos a consecuencia de la pandemia. Esta medida tendría un impacto de 728 millones de pesos en la recaudación de la Ciudad.
El nuevo cierre de actividades no esenciales, hace más evidente que nunca, la importancia de que el Gobierno de la Ciudad de México ofrezca apoyos directos para salvaguardar a las empresas y sobre todo, a las familias que dependen de los empleos formales en la capital.
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