AMLO, ¿YA NO EXISTE LA IMPUNIDÁ?

¿Cómo explicar jurídicamente la consulta popular convocada para el próximo 1 de agosto, respecto de la que Andres López Obrador y el presidente de MORENA, Mario Delgado (entre otros), aseguran que servirá “para enjuiciar a los expresidentes...

30 de junio, 2021

Julio Chavezmontes Messner

Jurídicamente debemos comenzar por el principio. Originalmente, el Ejecutivo Federal “cocinó” para la encuesta popular, una pregunta que llevaba implícita la condena de los expresidentes de México. Por esa razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desautorizó la pregunta original sustituyéndola por un galimatías (1):

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

¿SÍ O NO?

SÍ O NO ¿QUÉ?

Como puede observarse, la consulta NO ES PARA DECIDIR SI SE JUZGA (Y CASTIGA) A LOS EXPRESIDENTES DE MÉXICO.

¿Por qué salió la Corte con ese galimatías?

¿Qué debió haber hecho la Suprema Corte en relación con la encuesta impulsada por AMLO?

La Corte debió declarar inequívocamente que la investigación de los delitos federales corresponde a la Fiscalía General de la República; que la persecución de los delincuentes no es un asunto que dependa de encuestas sino de la aplicación de la ley; y que la aplicación de la ley no depende ni puede depender de consultas populares. Pero la Suprema Corte en vez de pronunciarse jurídicamente, cedió por motivos políticos, desechando la pregunta original sustituyéndola con un galimatías que NADIE ENTIENDE porque es un laberinto gramatical incomprensible.

¿Qué otros problemas jurídicos tiene la consulta popular?

El primero, es que aun suponiendo que vote el 100% del padrón y el 100% de los votantes se pronuncie por el SÍ, ese “SÍ” no significa que se juzgue y condene a los expresidentes. Pero eso no es lo peor de la farsa. Como la pregunta elaborada por la Corte NO satisface los deseos de López Obrador, tanto él como sus subordinados de MORENA, MIENTEN y engañan al electorado afirmando que la encuesta decidirá si se juzga y condena a los expresidentes de México.

Al mentir de esa forma flagrante, violan lo resuelto por la Suprema Corte y además, violan el artículo 20º, inciso B, fracción I de la Constitución que a la letra dice:

De los derechos de toda persona imputada:

Artículo 20º, inciso B

“A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;”

López Obrador ha masacrado la presunción de inocencia de sus predecesores, asegurándose de que NINGÚN EXPRESIDENTE DE MÉXICO pueda ser juzgado y condenado, incluso si hubiera pruebas de sus delitos y que estos no hubieran prescrito.

¿Por qué?

Porque con sus repetidas declaraciones incriminatorias ha hecho imposible la presunción de inocencia de sus antecesores a tal grado que cualquier abogado medianamente competente podría ganar un juicio de amparo, haciendo imposible el enjuiciamiento de los expresidentes.

¿Por qué será que el presidente López Obrador está invitando a la ciudadanía a votar el 1 de agosto en su consulta popular “para juzgar a los expresidentes”, a pesar de saber que la encuesta NO se trata de semejante cosa? López Obrador sigue impulsando la consulta sin importarle el despilfarro de cientos de millones de pesos de fondos públicos con el solo propósito de promover su propia imagen política y denigrar la de los expresidentes de México, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

La consulta popular del 1 de agosto de 2021, en la que AMLO ha asegurado que no votará, lo hace responsable del delito de PECULADO previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal que a la letra dice:

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

II.- El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

El presidente de la República es un servidor público que pretende utilizar cientos de millones de pesos de fondos públicos con el solo propósito de promover su propia imagen política y denigrar la de los expresidentes de México, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.

Hace todo esto a sabiendas de que la consulta no dará como resultado la aprehensión, enjuiciamiento y castigo de los expresidentes de México. Lo hace a sabiendas de que, al acusarlos, enjuiciarlos y condenarlos todos los días desde su cadalso del Salón Tesorería en Palacio Nacional hace jurídicamente imposible que se les haga responder, incluso si existieran pruebas de delitos que además, no hubiesen prescrito aún.

López Obrador NO actúa solo, de manera que además de PECULADO, podría ser responsable de COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS (art. 216 del Código Penal Federal) y otros delitos federales graves.

Contra lo que se ha hecho creer a los ciudadanos mexicanos, López Obrador sigue teniendo fuero y es mentira que se le pueda juzgar directamente. Sin embargo, cualquier legislador de verdadera oposición, podría acudir a denunciarlo por PECULADO ante la Fiscalía General de la República, y pedirle al Fiscal Gertz Manero que como medida precautoria ordene la cancelación de la farsa del 1º de agosto.

De esa forma se evitaría cuando menos el despilfarro de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS.

Si el Fiscal General de la República NO acuerda esa petición, procedería una demanda de AMPARO en la que el Juez de Distrito debería ordenar la suspensión de la farsa del 1º de agosto evitado así un quebranto al Erario Federal, de cientos de millones de pesos. Mario Delgado Carrillo, gerente general de MORENA es corresponsable de López Obrador en este peculado flagrante.

Cualquier legislador patriota y de verdadera oposición, ya sea solo o en compañía de otros legisladores, sin necesidad de porcentajes parlamentarios, podría o podrían acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante el INE a denunciar las violaciones incurridas por López Obrador y sus copartícipes, que defraudan al electorado mintiendo sobre los alcances jurídicos de la encuesta popular del 1º de agosto.

Tanto el INE como el Tribunal Electoral Federal están facultados para impedir la consumación de la farsa con tan solo difundir que la consulta NO ES PARA ENJUICIAR EXPRESIDENTES, porque esa es la verdad. La consulta es un PECULADO de López Obrador, plenamente documentado y comprobado.

A VER SI DE VERAS YA NO EXISTE LA IMPUNIDÁ.

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