Alimentación y libertad en menores de edad

¿Cuál es el límite para restringir o limitar el acceso a ciertos bienes reales o aparentes debido a los posibles daños a la salud?

3 de diciembre, 2021

En la radio mexicana se escucha un anuncio de una organización que urge a que se prohíban los alimentos de alto contenido calórico en las escuelas. Se pretende combatir el problema restringiendo la oferta de los mismos porque los menores de edad toman malas decisiones en torno a lo que les conviene o no comer. El Gobierno se atribuye la potestad, en sustitución de los padres, de decidir que alimentos deben consumir o no sus hijos. Esto parece intuitivamente correcto. No obstante si argumentamos por analogía, ¿por qué restringirlo a los alimentos?  Si los adolescentes se exponen a peligros en las noches, ¿por qué no restringirles el uso del transporte público? Por supuesto, puede insistirse que la analogía no es del todo correcta, ya que no hay certeza del “mal uso” del transporte público, pero la clave del fondo del asunto es el mismo: ¿cuál es el límite para restringir o limitar el acceso a ciertos bienes reales o aparentes debido a los posibles daños a la salud?

Así, se ha discutido si la publicidad respecto a la comida chatarra debe controlarse. La distinción que suele usarse es entre información y publicidad. En ese sentido se tiene derecho a la información y al libre intercambio de ideas y opiniones, pero en materia de publicidad puede restringirse su contenido. Un ejemplo, es la idea de prohibir o al menos restringir en horarios la publicidad de bebidas alcohólicas y cigarros.  Así puede argumentarse (como señala Diana Guarnizo respecto a Colombia) que:

 … como la libertad de información y el libre mercado no son derechos absolutos, sino que deben ser equilibrados con la protección de otros derechos constitucionales, la expresión comercial debe ceder el paso a la protección de los valores más importantes, tales como el derecho a la salud. Como el consumo de chatarra o alimentos ultra-procesados (refrescos, papas fritas, etc.) está claramente relacionado con una mayor probabilidad de obesidad en niños y adultos y, como consecuencia, a toda una serie de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y otros, está claro que la promoción de estos productos hace más daño que bien a la salud de los niños (2017: s.p.).

Otro modo de presentar el argumento podría ser:

P1: O los alimentos son presentados como información o como publicidad.

P2: Si es como información entonces deben subordinarse al derecho a la salud.

P3: Si es publicidad entonces deben subordinarse al derecho a la salud.

Por lo tanto,

Los alimentos deben subordinarse al derecho a la salud.

Podría objetarse que la comida industrializada es una opción entre otras y que no posee carácter forzoso. Es decir, puede argumentarse que en el dilema propuesto la disyunción no es correcta (la primera premisa), ya que la publicidad puede mezclarse con información fidedigna: unas galletas pueden venderse como sabrosas sin dejar de decir que son de trigo, por ejemplo. 

También se puede insistir que así como en la publicidad de cigarros, no se está obligado a fumar aunque se sepa que no es sano para la salud, el hecho de anunciar unas galletas, aunque potencialmente produzcan daño, no implica su consumo en exceso. 

A favor del argumento se ha sostenido que la distinción sí es adecuada, ya que en la publicidad su objetivo es vender, fomentar el consumo y de ningún modo es informar del producto. El hecho de que su objetivo de vender es más importante que el de informar, el énfasis está dado en las bondades aparentes del producto (como lo picante de unas papás). Lo anterior justificaría limitar la oferta de los alimentos ultraprocesados. 

Además se insiste en que los menores de edad difícilmente disciernen el aspecto aparente del real, es decir, no pueden distinguir que el producto en exceso es dañino y no pueden realmente elegir a diferencia de los adultos con los cigarros. 

Con todo lo anterior puede argumentarse que es legítimo que haya restricción de venta en las escuelas, ya que el menor al no estar acompañado de un adulto es probable que realice malas elecciones. 

No obstante, ¿qué sucede si el adulto responsable del menor consiente en el consumo de los productos? Aquí parece que si se prohíbe su venta hay una intervención excesiva por parte de las autoridades. Aunque las personas realicen acciones con efectos nocivos en ellas, no obstante se toleran.  La pregunta que queda abierta es si en el caso del consumo de alimentos de alto contenido calórico será un ejemplo de este tipo o habrá razones adicionales que permitan esa intervención por parte del gobierno

 

Referencias:

 Guarnizo, D. (2017). Restringir la publicidad de comida chatarra: ¿censura o protección de la salud? De justicia. Disponible en: https://www.dejusticia.org/column/restricting-junk-food-advertising-censorship-health-protection/

 

Comentarios
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La complejidad del problema, exige mecanismos de medición multidimensional que utiliza el Coneval y que aplicados con eficacia permitirán el diseño de políticas públicas para atender a la población vulnerable por carencias sociales, físicas (discapacidad) o económicas. Así, en ese difícil entorno, la falta de vivienda o la pésima calidad de ellas, se manifiesta con crudeza en el incremento de personas que “viven en condición de calle” (según la CEPAL, hoy en el país 14 millones de personas en la indigencia). Estas personas, constituyen parte de un grupo social excluido donde coexisten niñas, niños, jóvenes y adultos mayores que sobreviven en medio de la adversidad de la calle. Su situación es muy grave puesto que no solo no tienen un sitio que les otorgue mínimos de bienestar (un techo, servicios sanitarios, de alimentación o salud), son sujetos de discriminación, sometidos a maltrato y  no reciben atención bajo ningún protocolo. 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Según el Consejo Nacional de Población CONAPO, de los 10 millones de personas mayores de 60 años que habitan en el país, el 25% viven en condiciones de calle y esto se entiende si el 82% de esos 10 millones vive en condiciones de pobreza, sea monetaria o alimentaria. Y por esa condición, su familia (si aún la tienen) los abandonan a su suerte. ¿Dónde “viven” las personas en condición de calle? En plazas, parques públicos, bajo puentes vehiculares, autos abandonados, refugios habilitados por ellos mismos que les permitan guardar algunas pertenencias, debajo de cobertizos o voladizos de comercios o casas habitación, en albergues o casas de asistencia administradas por los gobiernos municipales o estatales.  Las principales causas de salida de las personas del medio familiar hacia las calles son problemas de diversa índole como la violencia o el maltrato, expulsión por consumo de drogas o abuso físico o sexual al interior de la casa ¿Qué opciones existen hoy para la atención de este gravísimo problema social? En los últimos 30 años, gracias a la existencia de las Comisiones de Derechos Humanos, la acción del Estado mexicano ha ido evolucionando de una postura de carácter represivo que criminalizaba la indigencia, a algunos avances en medidas legislativas y políticas de corte asistencial. En 2009 la Comisión de Derechos Humanos del D.F. emitió una recomendación para evitar un modelo que operaba en aquel entonces y se conocía como “discriminación tutelar” era un modelo de asistencia que imponía el traslado forzoso a un albergue sin tomar opinión del afectado. Hoy día, existen varios modelos de atención (todos ellos insuficientes) en albergues o dormitorios públicos, locales de corte provisional habilitados por colectivos de indigentes, refugios habilitados por agrupaciones civiles de voluntarios. ¿Quién contabiliza en México a la población en condición de calle? El INEGI no lo hace en virtud de que el censo se realiza mediante visitas domiciliarias. Existe el Instituto de Asistencia e integración social (IASIS), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Bienestar, quien en 2017 (antes SEDESOL) coordinó el primer “censo de población callejera”. Los datos, resultaron muy imprecisos y no reportaron ni con mucho la gravedad del problema. Ante todo lo anterior, ¿qué se puede hacer?
  • Dimensionar el problema, ubicar en cada ciudad la ubicación de esos pobladores.
  • Identificar con precisión las causas y medios para mitigar los efectos
  • Mejorar los mecanismos de denuncia de violencia y abuso
  • Castigar esos abusos en forma ejemplar
  • Construir albergues asequibles para dotar de servicios básicos a la población infantil, adolescente y de adultos mayores.
  • Facilitarles el acceso a documentos de identidad que los hagan candidatos a los beneficios de programas sociales de todo tipo (salud y otros programas asistenciales).
  • Ofrecerles trabajar en servicios públicos urbanos de limpieza, parques, jardines, entre otros.
  • Fortalecer los mecanismos de denuncia para reducir los abusos y violencia  intrafamiliar.
  • Combatir frontalmente la pobreza no solo con programas asistenciales sino impulsando la educación de calidad promoviendo la inversión productiva, legislando en apoyo a este sector poblacional para sacarlos de esa grave condición.
  • Construir y habilitar albergues, refugios y comedores comunitarios.
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