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Acusan al Director General de Juegos y Sorteos de SEGOB de estar extorsionando…

La corrupción e impunidad solo pueden enfrentarse mediante instituciones fuertes e individuos intachables al frente. Solo así puede erradicarse la pésima administración de la permisionaria que controla el Hipódromo.

31 de marzo, 2022

Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Desde hace muchos sexenios, en los gobiernos anteriores a la llamada “Cuarta Transformación”, la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación era considerada como la “caja chica” del Titular en turno. No dudo ni tantito que así haya sido, pues los controles en la administración pública eran dudosos y es factible que los “detentadores del poder” se despacharan con la cuchara grande. La corrupción e impunidad antes mandaban, aunque quizá todavía persista en muchos ramos de la administración pública actual.

El analista financiero Darío Celis ―quien generalmente está bien informado―, preguntó en su columna de “El Financiero” del viernes pasado (25), lo siguiente: “¿Sabrá el presidente Andrés Manuel López Obrador que el nuevo director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Marcué Díaz, está extorsionando empresas españolas que tienen inversiones desde hace años en este sector? El funcionario está clausurando casinos para presionar. Uno de ellos es, ni más ni menos, el del Hipódromo de Las Américas”.

La denuncia es muy fuerte y esperemos que pueda probarla. La información que tengo al respecto la expresé un día antes, en mi artículo del día 24: “Una fuente bien informada me aseguró que clausuraron el casino de Codere porque un inspector que andaba de incógnito encontró una mesa de jugadores cruzando dinero en efectivo, lo cual está prohibido y lo clausuró inmediatamente.” Debo decir que entre las personas que trabajan en el Hipódromo ―muchos amigos míos, dueños de caballos y entrenadores―, se preguntaban por qué estaba cerrado el Casino ―el Yak― el cual la empresa permisionaria del Hipódromo instaló hace mucho tiempo en un área importante de las instalaciones del mismo, como parte del permiso que les otorgaron como giros complementarios para que tuviera más ingresos y utilidades. Al principio había solo un gran Bingo. Poco a poco fueron extendiendo las opciones de juego, hasta que terminaron ofreciendo al público más juegos como la ruleta, mesas de póker, apuestas deportivas y hartas maquinitas; sí, de esas que aseguran un buen retorno para la empresa y claro, toleradas bajo el controvertido Reglamento de la Ley de Juegos que expidió Santiago Creel, en 2004, cuando fue secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox.

De hecho, la Ley de 1947, que sigue vigente, dice:

“ARTICULO 1o.- Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta Ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas.

“ARTICULO 2o.- Sólo podrán permitirse: I.- El juego de ajedrez, el de damas y otros semejantes; el de dominó, de dados, de boliche, de bolos y de billar; el de pelota en todas sus formas y denominaciones; las carreras de personas, de vehículos y de animales, y en general toda clase de deportes”.

Es decir, las apuestas que se cruzan en todos los casinos del país están prohibidas, pero con el Reglamento del señor Creel se toleraron. Un amigo que le entiende a la ciencia del Derecho asegura que un Reglamento no puede estar “por encima” de lo que ordena una Ley, sin embargo, se tolera… Y así, se ha construido una Industria del Juego importante.

Asegura Darío Celis que el erario recibe 4500 millones de pesos que tributan estos negocios y crean miles de empleos. Hoy habría que elaborar una nueva Ley de Juegos, que no permita la discrecionalidad y que los casinos operen con transparencia y legalidad, y también apoyen a la Industria Hípica como se han hecho en otros países.

El martes 29, en su columna Darío Celis @dariocelis modera su denuncia y asegura que “Grupos casineros han manifestado que personeros supuestamente enviados por la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), que comanda Manuel Marcué Díaz, cobran millonarias sumas para dejarlos operar”.

“Se acercan a los principales casinos del país y exigen hasta 20 millones de pesos por el ‘descorche’, que significa operar sin presión, clausuras o multas de la autoridad durante los siguientes tres años”.

De este modo, Darío Celis recula y ahora son “personeros supuestamente enviados por la DGJyS…”. ¡A poco Jorge Hank se va a dejar extorsionar! Quienes sí podrían extorsionar a ciertos casinos sería alguna organización criminal, de esas que andan desatadas. ¡A poco un hombre que acaba de sentarse en la Dirección de Juegos y Sorteos hace dos meses va a tejer esa red de corrupción cuando algunos de los casinos mencionados ya ni existen! ¡Por favor!

El señor Darío Celis debe informarse mejor de lo que pasa en la Industria del Juego y le voy a proporcionar en esta liga, para que sepa cómo Santiago Creel se despachó a su antojo y armó un negocio con sus amigos ―su Comisión de Carreras― así como debe leer, cómo la empresa permisionaria del óvalo de Sotelo ha liquidado a la hípica nacional.

La corrupción e impunidad es un cáncer que pulula y solo con instituciones fuertes e individuos intachables al frente, puede erradicarse y en el caso del Hipódromo para conservar las fuentes de empleo, que también están en peligro, con la pésima administración de la permisionaria.

Ah… por último, un anuncio: el sábado 23 de abril se llevará a cabo la Tercera carrera de Botargas, “La carrera más divertida del año”. ¡El Hipódromo de las Américas es un circo!

Gracias por sus comentarios.

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