La iniciativa privada del país anuncia planes de inversión por un monto superior a treinta mil millones de dólares, un aliento a la economía sin duda. Un tanto más de inversión extranjera directa y se encuentra ruta de recuperación de los meses perdidos en materia de crecimiento económico. Este anuncio obliga al compromiso del gobierno y se espera reciprocidad; vendrá en un aumento en la inversión pública, hasta ahora detenida por los programas de ahorro para dispendiar en la dádiva del síntoma popular de esta transición.
La tercera transición ha dado cuenta de los errores de política pública adoptados y en seis meses la catastrófica resultante aflora en descontento social; el pacto se ha violentado una y otra vez; el desamparo en innumerables actividades del sector público clama por restitución y protección por igual. Los errores de política interior han repercutido en severas restricciones de crédito y costos de servicio de la deuda por las calificadoras de inversión.
Uno de los yerros torales de esta administración provocó un alud de inmigrantes ante la política de puertas abiertas anunciada al inicio del régimen. La reacción no se hizo esperar y la Casa Blanca anunció medidas arancelarias y ominosas. El régimen corrige. Ahora se presenta la oportunidad de renunciar a las obras tan criticadas y mencionadas por todas las vías posibles de la reflexión, de la cordura y más allá de cualquier intangible de razonamiento, la pérdida anticipada para la nación. Naturalmente conforman esta vorágine programada de recursos Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya.
La oportunidad brinda a todas las partes la cancelación sin el temor a la falla dentro del régimen para justificar el dar marcha atrás a la consulta ilegal que amparó Santa Lucía. Devolver el aeropuerto de Texcoco, porque sería una devolución, ante el evidente despojo de un activo de la nación incautado por un capricho absurdo sería el primer voto de confianza para la inversión, tanto nacional como extranjera. La oportunidad la brinda el poder judicial y acatarla desde la presidencia constituiría la salida más digna a un error con estatura colosal y dimensiones en el mundo entero. Se ha anunciado su posible inundación. Ya no cabe mayor atropello en este tema, recurrente sin duda, perseguido sin tregua hasta que se vaya esta transición, con la sombra de la soberbia por encima de la razón si no corrige.
Dos Bocas y el Tren Maya se encuentran en circunstancias similares. Todos los frentes económicos han atacado el origen y posibles consecuencias de estos dos proyectos. La pérdida para la nación ya se descontó en los mercados de capitales y las obras todavía no inician. Los costos para el país y para nuestra petrolera ya están en el remate de bonos y en la nula aceptación de las calificadoras que han hecho un llamado de urgencia para corregir el rumbo de políticas erróneas. Los recursos destinados a Pemex para resarcir sus compromisos de corto plazo no absorben todavía los plazos traicioneros de la redención futura de su papel. La vía de la producción de crudo es la única vía, la inversión que le encargan a un ente debilitado y desamparado en la ingeniería y en la modernidad de refinación, siembra un panorama desolador y los plazos de los expertos no lo sitúan operando antes de cinco años, anticipando herencia funesta de este régimen.
El Tren Maya también inunda el terreno de la obsesión; la destrucción de ambientes inigualables en el planeta será un freno contumaz para su consecución. Parece que enfrentamos la obsecuente necedad de un régimen imperado por voluntad de un solo hombre, sin olvidar que el reto lo lanzó el presidente mismo: pienso revelar, dijo, los nombres de quienes han acudido a las instancias de justicia para intervenir Santa Lucía con 147 demandas de amparo. Tal vez el presidente ignora que todas las organizaciones que han promovido las demandas de amparo son públicas y han hecho de su labor una diseminación de razones y de justicia para conocimiento de la sociedad. El medio ambiente, la traición al mismo, ya castiga los tres proyectos; el refuerzo del fracaso financiero se ha convertido en eso, en destacarlo como fracaso anticipado. Las normas del medio ambiente y las de aceptación universal sobre todo las que rigen la aeronáutica mundial, no puede alterarlas ningún capricho pasajero, esto es, de un gobierno en turno.
Los más de treinta mil millones de dólares no se reúnen como un sorteo sin fundamento; la lección a los planes de gobierno siembra un sistema pari passu para que los riesgos del empresariado mexicano absorban la confianza que debe emanar del sistema de gobierno. Las reglas pueden no ser escritas ni estar sujetas a convenios, el simple mensaje es claro y claridad es precisamente lo que no tiene esta transición. Así como asimiló la amenaza de Trump, haya sido real o no, el empresariado mexicano adelanta su voluntad y defensa de los intereses de la nación antes que las circunstancias que pudieran rodear el espectro del retiro de capitales, una amenaza nunca conceptuada en la escena de comunicación con las instancias de gobierno. Esto naturalmente no aleja la invitación a recapacitar para abandonar las obras de capricho y que caben en la imaginaria de un solo hombre e incorporar la marcha de la cautela que exigen las bondades de la inversión.
La mano del sector privado está tendida; al presidente le gusta utilizar esta retórica y estos juegos de palabras. Insta al uso de eufemismos. Después de seis meses aunados a los cinco de margen de maniobra que se le concedió, a la suma de once meses los eufemismos y los símbolos del populismo se agotaron, como también rindieron las culpas de administraciones pasadas; el choque frontal con la realidad ya le acerca datos precisos de su derrota. No necesitamos esperar al día uno de julio, una más de sus compras de tiempo, estrategia ya conocida y fallida para revertir el juicio de expertos y los números que no mienten en la escena de la inversión. De sorpresas y anuncios y pronunciamientos falaces ya hemos tenido suficiente.
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