Pendientes les llama esta administración a las tareas que nunca llenaron ningún expediente de avance. Una tercera transición atrapada en una Transformación anunciada, etapa que correspondería a la revisión futura como ha sucedido en los anales de la historia, los que no se bautizan en su tiempo y en su esfera de acción. Esta administración, proclive a delinear triunfos por encima de fracasos, cifras alentadoras por encima de realidades en retroceso, cubrir personajes surgidos de las sombras de la incompetencia, otros más con antecedentes turbios y finalmente realizar procedimientos ilegales a mano alzada para acallar la crítica razonada y legal, se enfrenta a un cierre de ejercicio sin nada en su haber.
Una etapa sin fruto, eso es esta transición. La acumulación de prebendas de un movimiento que dislocó las ambiciones de triunfo en urnas, cuando las opciones de la sociedad estaban cerradas a los ciclos y contubernios del pasado, no significan más que la simple acumulación de los síntomas del dictado. En los agregados de la política centralista no existen ganadores; la captura de las voluntades del voto de origen no justifica la sustitución de la voluntad individual y la persecución de un modo de vida. La vastedad de conceptos dentro de una sociedad que busca un cambio no debe alterarse por voluntades colectivas interpretadas desde el ángulo del poder y más si ese poder es de retención de opciones.
La voluntad popular no es una función de reciprocidad de respuesta desde el poder. La reversión que esta administración hace es interpretativa de las voluntades de una sociedad colmada en el hartazgo y en el abuso de la función pública. Interpretar una voluntad múltiple no es sinónimo de pensamiento colectivo para regresarlo con fórmulas de dotación de la riqueza de una nación. Hacerlo es equivalente a una distribución de un bien ajeno. La construcción del producto nacional corresponde a la nación y la función pública se convierte en custodio de la hacienda pública. La hacienda es tesoro nacional y por tanto, su uso debe concederse a la nación entera. Esto explica la inversión pública.
La selección de padrones y la dispersión del tesoro de la nación jamás debe recibir etiquetas en la individualidad, por el contrario, debe recibir destino colectivo: obra pública, la que sea, presas, carreteras, infraestructura. Los programas sociales pueden ser incorporados siempre y cuando obedezcan a reglas de estricta observancia en materia de colectividad y puedan ser contemplados desde las reglas del orden y desde un padrón regulatorio.
El fracaso de esta administración en turno ha sido precisamente la alteración de programas y cancelación de estos para obligar la retención del recurso. Esto ha provocado innumerables problemas en la imposición de métodos alternos para suplantar los probados con incuestionable éxito. En el proceso, se instaló un recorte adicional y con ello una desorientación del recipiente del programa.
En la microeconomía el desaliento aunado al estrepitoso descenso en los niveles de empleo y despidos masivos en el servicio público, han ocasionado un desequilibrio en el ingreso que ahora pretende compensarse con aumentos en el salario mínimo. La carga es para el sector empresarial y reúne elementos de ajuste en los costos cuando los indicadores muestran caídas importantes en la construcción y en sectores clave de la industria del país.
La interpretación del gobierno en turno es equivocada en cuanto a la recomposición de mercados internos. La dádiva ha sido un elemento de oposición a la lógica del consumo y los bienes duraderos se contraen en su demanda. Los programas de entrenamiento de jóvenes han constituido un desembolso sin destino cierto. Las plazas que pudieran ocupar en circunstancias de empleo formal no han resultado provechosas y duraderas. No deben confundirse los valores agregados de las empresas en estricta competencia con alteraciones en sus costos, unos propios y otros concedidos por el gobierno. La disparidad de absorción no corresponde a los preceptos de contribución marginal en la producción de utilidades.
Las empresas tienen sus reglas, sus aciertos, omisiones y fallas como cualquier entidad económica. El gobierno también tiene sus actividades y funciones perfectamente definidas, entre ellas no debe convertirse en proveedor de oportunidades de empleo. Incentivar las fuentes es otra meta cuando se conciben planes de infraestructura, así como ampliar las facilidades para la inversión y la radicación del capital.
El atropello de funciones que no corresponden a los gobiernos indefectiblemente conduce al fracaso. Los ejemplos del estado inversor y empresarial de los años setenta y anteriores se justificaron en la sustitución de importaciones y hasta ahí. El modelo transparentó su inoperancia con los años y gradualmente fue desechado hasta quedar en el antagonismo del progreso.
Revivir la autosuficiencia es revivir el antagonismo planteado. No existe ninguna autosuficiencia exitosa en el orbe; la globalización reúne todos los elementos indispensables para toda economía de mercado apta para competir y poner a prueba sus ventajas comparativas en materia de intercambio comercial.
Esta transición no contempla esas miras de economía de mercado. La suscripción del TMEC es reciente y pondrá a prueba la flexibilidad que exige desechar proyectos fallidos de origen y desechar prerrogativas otorgadas al sector energético del país, totalmente retrógradas en la utilización de energías sucias y anticuadas.
El tema de la petrolera mexicana seguirá confrontando miras internacionales ante la tozudez de tres personajes involucrados en decisiones erróneas y en capitalizaciones de corto plazo sin pronunciamiento de negocio que esperan las calificadoras y las instituciones con mayor experiencia que la del equipo encargado de sus directrices.
El resultado de política económica adoptada fuera del esquema de organismos financieros internacionales ha resultado en una economía sin crecimiento. El presidente ha viajado dentro del país y ha ignorado los foros convenientes en el exterior. Así es como 2019 cierra, con un tintero saturado de pendientes.
México exige cuentas
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