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El reparto

Al parecer dominamos en la sociedad el escenario del juego asistencial de esta tercera transición. De una manera o de otra nos enteramos del retiro...

26 de agosto, 2019

Manuel Torres Rivera

Al parecer dominamos en la sociedad el escenario del juego asistencial de esta tercera transición. De una manera o de otra nos enteramos del retiro de programas perfectamente funcionales, unos como testigos, otros como simples espectadores, pero en el extremo de esta perversidad, los que cuentan como siempre, son los directamente afectados. De ellos recibimos testimonios que lastiman formas de vida: comedores comunitarios, estancias infantiles, albergues y refugios para mujeres, y más allá de estas afectaciones que duelen, las del sector salud en el abasto de medicinas, en el despido de médicos, en el retiro de becas.

Imposible alejarse de esta realidad, imposible mantenerse ajenos a las lacerantes e inoperantes manifestaciones y manipulación de recursos, que una vez sumados, no resuelven como tampoco satisfacen. La expresión desde el poder acota la dimensión de la necesidad y la cubre con dádiva que trastoca los principios de sustentación de programas probados. La secuencia se interrumpe por voluntad y capricho, para suplir el beneficio real y patente por una función sin programa. El resultado es una clara interrupción de forma de vida para muchos. Esa no se repone con programas alternos y fallidos.

Se ha castigado la intermediación y se ha adjetivado con letanías interminables de malversación de fondos; puede ser, las posibilidades del error humano, intencionado o sepulto en la impericia, ha existido siempre. La ausencia de controles también es prerrogativa de corrección. Todos los mecanismos en el uso de recursos son perfectibles por definición. Las administraciones se renuevan precisamente para desechar los vicios y para adoptar rumbos de orden.

Esta transición así no lo contempla; es esencial dejar a un lado y si es posible atrás toda obra anterior, haya sido de beneficio o no. Es preciso eliminar para implantar un mecanismo inoperante y tortuoso, sin programa ni padrón, para el control de los recursos. Que todo desembolso proceda de la misma fuente: la del presidente.

La función del recorte sin miramiento no es función de ahorro en política pública. El ahorro es una función de equilibrio con la inversión y ambos persiguen un ciclo en el que participa el capital privado; comparten riesgos y equilibran las variables de la gran economía. Esta a su vez produce retornos y los divide claramente: al sector público le otorga bases de infraestructura, bases de orden jurídico, certidumbre y al final de esta senda, el umbral más importante de una soberanía, la confianza. El sector privado recoge el fruto de su riesgo en las utilidades y las utiliza para la reinversión, camino irredento en la creación de oportunidades y mercados.

El primer resultado clave de este procedimiento basado en el orden, es el empleo. Esta función vital corre a cargo del sector privado de todas las naciones desarrolladas. En esta tercera transición se nos plantea una inserción de empleo forzado a través del gasto público. Es una verdadera incongruencia económica. Un eufemismo, como un estímulo al empleo, como gran parte de lo que plantea esta transición, lo ha denominado Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde luego como programa hace eco en el llamado al trabajo. No obstante, su práctica no ha merecido una singularidad en materia de empleo.

En primer término, se ignoran preceptos de vocación, se ignoran las fases de una verdadera especialización, se ignoran también las vicisitudes de incorporación al esquema de planes empresariales en la simple fórmula de costo-beneficio. Las empresas se ven forzadas a participar en entrenamientos que paga el erario de la nación. El distanciamiento que existe entre un programa de la empresa y la absorción del costo de mano de obra, con clara disparidad en materia salarial en muchos casos, irrumpe en planes sectoriales por principio y en la formación de jóvenes que han labrado su ascenso laboral con mérito y que no forman parte del programa.

En la educación comunitaria ya existe un desarreglo en líderes comunitarios que ingresaban conforme a programas perfectamente estructurados por El Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. La escala de percepción, como mandato y como imposición desde el poder, un arreglo sin contemplación de tabuladores esquemáticos para toda una nación ha motivado deserciones y desvíos de vocaciones firmes de servicio comunitario. Esto es solamente un ejemplo. El campo mexicano vive una agónica deserción de labores alguna vez contempladas como herencia digna y útil en la cadena alimenticia.

El verdadero colapso de esta inserción sin padrón radica en las cifras que jamás conoceremos en su repercusión real en materia de empleo. La inscripción y deserción y el desinterés de las empresas que no comprometen absolutamente nada ante la oferta gratuita de mano de obra, provocan una movilidad difícil de rastrear, difícil de monitorear y más difícil todavía de evaluar.

El gasto público debe situarse en la infraestructura, en la promoción de la inversión; la distracción y concentración de recursos con clara captación de voluntades ha dislocado la asistencia en su primicia esencial: la oportunidad. El costo para un gobierno que discrimina la distribución de programas y obliga a la retención a sus entidades participativas, puede lastimar el contrato social y alentar la rebelión. Ya existen brotes en diversos sectores, en productores del campo y en la salud pública.

Los resultados de política económica de este intento que no consolida un modelo están a la vista, la economía se encuentra estancada. No existe crecimiento del producto. No es cierta la aseveración de bienestar derivado del reparto. El reparto no es riqueza de la nación cuando la nación no ha generado riqueza. Es simple gasto público destinado a la dádiva y el presidente confunde términos de estricto régimen económico con alusiones a una expectativa frágil e intangible, que en un supuesto totalmente incongruente estimula el consumo, porque existió reparto.

Las instituciones tienen especialización y experiencia probada. El INEGI hace una labor encomiable. Las instituciones hacen labores de interpretación y guía; están diseñadas para alertar y corregir, para asimilar y evaluar. El gobierno es un derivado de la interpretación popular y es el primer obligado a respetar los pronunciamientos de las instituciones forjadas en generaciones aplicadas al talento formativo. Las sentencias de crecimiento o falta de este son reales y no se combaten con frases de aliento especulativo en el reparto como sinónimo equiparable de bienestar y de felicidad. La subjetividad no hace gobierno.

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