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2019: Perspectiva Económica

Estamos en espera de examinar el presupuesto para el año 2019 del gobierno que inicia; en la espera no solamente el país está atento a...

10 de diciembre, 2018

Manuel Torres Rivera

Estamos en espera de examinar el presupuesto para el año 2019 del gobierno que inicia; en la espera no solamente el país está atento a asignaciones presupuestales que definen vida pública. Existen observadores en otras latitudes. En lo interno, el destino de miles de familias está en juego por la expectativa del ingreso cifrado a un monto arbitrario que destruye carreras en el servicio público, devociones de entrega a especializaciones y técnicas de verdadero acervo de la nación. El servicio exterior mexicano es claro ejemplo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación envió ya un mensaje que debería ser punto de reflexión para examinar con cuidado los planteamientos que se han efectuado con una premura inusitada y con el descuido inherente en el enunciado de remuneraciones como ley. En este punto, antes de abundar en todo lo que enfrentará el nuevo gobierno en sus finanzas, es preciso destacar esta premura, esta celeridad con la que actúa el gobierno entrante.

Al parecer, las circunscripciones de planeación de plazos no les interesan a profundidad. Las reformas estructurales que heredaron dan margen a un México que bien puede situarse en décadas en el futuro y se ignoran. Los pronunciamientos que escuchamos en los pocos días de la actuación de esta administración, tiende a acomodar plazos cortos, prisa por colocar una piedra de una refinería, que abre un telón de duda en cuanto a su viabilidad operativa, su financiamiento, costo y proyecto, situaciones que definitivamente no existen. No pudieron crearse en la primera semana de una administración entrante. El tema de las encuestas, elaboradas con prisa, sin apego a una convocatoria convincente naturalmente desbordó su margen de credibilidad y desveló la obvia imposición. Como estas situaciones descritas, todo lo que se ha venido implementando como praxis de poder de una administración nueva, añade el síntoma de la urgencia. El problema es esta urgencia, esta prisa por resolver, y desafortunadamente lo único que podemos observar es impericia y errores muy costosos.

El tema de los bonos no está resuelto y el costo acumulado de más de un punto porcentual significa una carga financiera que desde hace semanas acumula intereses exorbitantes ante un principal de seis mil millones de dólares. Y todavía no se resuelve la convivencia con la nueva tenencia de bonos, con una vida de décadas de servicio y con garantías reales que exigen los tenedores actuales, si se llega a un acuerdo. La conversión de deuda privada, perfectamente estructurada con una obra necesaria y productiva para nuestra inclusión en los primeros lugares del turismo mundial, lugar bien logrado y en franco avance, ahora exhibe un costo adicional a la población mexicana por la absorción de esta administración que inicia y que la convierte en deuda pública sin ningún razonamiento ético por principio y económico en la simple regla de deber patriótico. El espacio se aprovecha para reiterar que es un cambio de administración lo que experimentamos y un cambio radical de conducción de nuestra gran economía y no una transformación, eufemismo de auto halago sin resultados y sin pruebas fehacientes. Intercambiar un acierto por un error no es transformar, es regresión a un centralismo del que hemos prescindido en nuestro pensamiento y en nuestra inclusión a un mundo progresista y global.

Las premisas de despegue de esta administración para el sustento presupuestal simulan cobertura desde un principio que no existe: una cifra de ahorro de la corrupción estimada en quinientos mil millones de pesos. Si fuera cierta, su ocurrencia sería útil un solo período, por simple derivación de un precepto inexistente. De esta manera, podemos asumirla como elemento presupuestal figurativo en el esquema del año 2019 y hasta ahí. Un ahorro estimado como una figura imaginaria no constituye una base presupuestal de consideración y por tanto su uso como instrumento de política económica no puede sustentarse. Esta mención ayuda a contemplar el sinnúmero de compromisos adquiridos por esta administración que inicia y que pretende auxilio sin mesura de jóvenes e instituciones nacientes que ya engrosan filas de reclamo, no de petición, entre otras actividades de dádiva programada.

Esta administración que nace no ha considerado el impacto de calificaciones negativas y de riesgo desde la óptica del ámbito internacional al que pertenecemos y del que obtenemos amplios beneficios. La emisión de bonos ya mencionada tuvo en su flotación original una tasa del 8% y una calificación de Baa3. Desde el anuncio de la supuesta cancelación del proyecto de Texcoco, la calificación bajó a Baa1 y el siguiente escalón descendiente caería en el rango de especulación, provocando una imagen jamás proyectada de nuestra nación en toda nuestra historia. En ese sentido, las calificaciones que podemos esperar no resultan alentadoras y el clima de inversión se nos puede negar en detrimento de proyectos productivos y compromisos sólidos con el exterior.

Las partidas presupuestales que darán conformación económica a nuestro entorno, por más que se pretenda subordinarla al ámbito político, brindarán una lección de inicio para esta administración. La convivencia de la inversión como etapa de consolidación de intereses comunes a todos, se convertirá en la única vía de solución para los planes de corto plazo que tanto urgen a esta concepción de poder, prisa que hasta ahora no ha conducido a fases de verdadera solución en el corto plazo como tampoco en la redención que espera un mundo atento a los plazos que convencen, los de décadas que nos esperan en este mundo participativo. Se hacen a un lado las energías renovables y otras dimensiones de futuro. Se acercan en premura inusitada las miras a la satisfacción de lo interno por lo interno, concepto regresivo y modelo probado como un retroceso, dimensión de economía cerrada que abandonamos tiempo atrás.

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