La empresa Uber –que mediante una aplicación tecnológica enlaza la oferta con la demanda de transporte individual y brinda similar servicio que el de los sitios de taxis– revoluciona un segmento del transporte público: sacude al gremio de taxistas y a las funciones reguladoras del gobierno y a su vez limita sus ingresos; asesta un golpe letal al sistema de organización clientelar y a un esquema de negocios corruptor. Pero de igual manera es una competencia desleal para los taxistas que deben pagar placas, licencia y revista e instalar taxímetros. Los taxistas de Uber se libran de toda esta monserga, que es fuente de corruptelas. A cambio, pagan un impuesto federal y ningún gravamen local. También deben contar con un seguro de cobertura amplia en caso de accidente. Uber certifica a los choferes de acuerdo con la calificación que le dan los usuarios, pero no tiene ninguna responsabilidad civil ni administrativa.
Es decir, las regulaciones que en el pasado pusieron por delante el interés gremial y no el común, fueron rebasadas: seguridad y calidad del servicio del pasajero la brindan los afiliados a Uber, y la tecnología (un algoritmo e internet) regula demanda y oferta: es innecesario que el taxi recorra la ciudad en pos de pasaje. Es un caso paradigmático de desplazamiento del Estado por el mercado: eficiencia, menores costos y contaminación, aunque no siempre es así. Pero el usuario del servicio que hasta aquí gana, tiene una desventaja: si un conductor lo asalta y se da a la fuga o lo secuestra, la única sanción es que Uber le dará de baja. Está desprotegido como en el sistema tradicional de taxis. Ergo, cabe preguntar: ¿cuáles son los estándares de control de la empresa y cómo se certifican? Es decir, ¿quién norma y evalúa al autorregulado?
¿Qué está en juego? En primer lugar cabe decir que el mercado es un mecanismo crucial para la innovación: derriba barreras y controles en desuso. El Estado va a la zaga y puede obstruir o coadyuvar a tal “destrucción creativa”. Su función es velar por el interés común, que no siempre coincide con el interés particular. Así que normas y regulaciones deben cubrir aquellos huecos que deja el mercado y acortar a gremios y monopolios. ¿Qué responsabilidades y límites debería tener Uber con el usuario si fracasan sus controles? ¿Cuál es la relación con los choferes? ¿Empleados o socios de la empresa? Si son empleados, ¿cuáles son sus obligaciones? Si son socios, ¿cómo reparten pérdidas y ganancias? ¿Cómo debe tributar? Este es el ámbito del Estado. Su papel es normar los intereses privados (empresas y gremios) a favor del bien común. La crisis es una oportunidad para alinear los intereses en pro del ciudadano.
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