La disputa sobre los derechos y la mariguana

El ministro Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó un proyecto de sentencia sobre un amparo de varios ciudadanos...

29 de octubre, 2015

 

El ministro Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó un proyecto de sentencia sobre un amparo de varios ciudadanos respecto de su derecho a producir mariguana para uso personal, sin fines comerciales. El proyecto de sentencia dice que los hombres tienen el derecho humano de desarrollar su personalidad y que el Estado no tiene potestad sobre la forma cómo deben divertirse o descansar. En consecuencia, establece que el Estado ha restringido indebidamente ese derecho, y ordena permitir a los quejosos producir, procesar y consumir, excepto comerciar, la cannabis. Si la primera sala de la Corte vota a favor de tal proyecto, serán muy importantes las repercusiones jurídicas, políticas y sociales. La propuesta pone a la persona en el centro: en ella recae la soberanía, y no en el Estado.

Este principio lo formuló John Stuart Mill alrededor de 1855 así: “Sobre sí mismo, su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano” (Sobre la libertad, Alianza Editorial). Si la Corte avala este principio cardinal del liberalismo político sus consecuencias pueden ser, a la postre, revolucionarias. Poner a la persona como el bien supremo a proteger, erigiría a los derechos humanos como eje de la Constitución. De manera que una revisión de las leyes sobre este principio podría acarrear profundos cambios jurídicos y políticos. Quizá por esta vía se daría, por fin, sepultura al viejo régimen político corporativo que tanto daño hace. Es un paso más para sacudir la ideología de vasallos que aprisiona a los mexicanos y les impide desplegar su potencial político. También permitiría dejar atrás la política prohibicionista que atrapó al país en una guerra absurda que ha sembrado la muerte y el terror.

Una parte de la descomposición social que socava la convivencia de los mexicanos se explica en esta guerra contra el narcotráfico que aceleró la ruina de un Estado institucionalmente frágil. Es así como amplios territorios se convirtieron en tierra de nadie, donde impera la ley del más fuerte. Al mismo tiempo, exacerbó los males endémicos de la clase política y de la sociedad: la corrupción y la impunidad se generalizaron. Estos problemas persistirán pese a que una posible sentencia favorable de la Corte bride una salida al conflicto armado, a ese callejón sin salida. Sin embargo, fortalecería a la libertad personal (habeas corpus), de pensamiento, de asociación y reunión. Ojalá los ministros voten a conciencia contra el vasallaje y los horrores de la descomposición social que acarreó la guerra. Se trata de una cuestión de principios y de que la adicción sea un tema de saludo y no policiaco.

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