La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó ayer a cuatro personas para producir y consumir mariguana. La sentencia se basa en el principio filosófico de que el individuo es soberano sobre sí mismo, su cuerpo y espíritu, en tanto no dañe a terceros. El fallo es crucial porque dicho principio sustenta el derecho humano de que nadie tiene potestad para infringir daño físico al cuerpo de las personas. De este derecho humano derivan otros fundamentales, como la libertad de conciencia y de expresión, la libertad de tránsito. Hay que celebrar esa decisión porque asesta un golpe al autoritarismo y a la tendencia de limitar libertades y derechos humanos. La sentencia también tiene otras implicaciones, como abrir la puerta para cambiar la guerra contra las drogas por la atención y prevención de las adicciones.
El paradigma de prohibir y combatir la producción, el consumo y el comercio de drogas fue muy costoso para México. Los números de esa guerra son 150 mil muertos, unos 60 mil desaparecidos y un millón de personas desplazadas del lugar donde viven. Sus efectos son igual de nocivos: se debilitó al Estado mexicano al grado de que no tiene potestad en vastos territorios del país; el crimen organizado corrompió a las instituciones de procuración de justicia, vulnerando la seguridad personal y los derechos humanos; el crimen sin castigo se convirtió en un cáncer que daña la confianza y destruye la convivencia pacífica; la corrupción se hizo deporte nacional. Todos esos daños ocasionó la política punitiva, con el agravante de que la guerra se ha perdido. La gran lección es que la renuncia del Estado a regular las drogas generó una especie de libre mercado, donde ha imperado la ley del más fuerte.
¿Qué sigue? Los efectos del fallo de la Corte sólo se limitan a las personas amparadas. Sin embargo, los artículos de la Ley General de Salud que prohíben la producción para el autoconsumo de mariguana son inconstitucionales, así que la legislación está en el limbo. Luego, urge llenar ese vacío legal. Asimismo, es deseable regular el mercado de todas las drogas no lícitas para dar fin a la costosa y absurda guerra que ya golpea al ejército. Bajo la perspectiva de la Corte, también cabe revisar la sentencia de millares de presos por ejercer su libertad y derecho constitucional, para aliviar la sobrepoblación de las cárceles y así reformarlas para convertirlas en centros de rehabilitación. Por último, es menester jugar esta carta para proponer a Estados Unidos cambiar la política antidrogas e impulsar en la ONU el fin del prohibicionismo. ¿Sabrá el gobierno de Enrique Peña aprovechar esta oportunidad única?
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