A pocos dejó satisfecha la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de mantener el registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a pesar de las violaciones graves y sistemáticas de la ley, que sugieren que ameritaba la máxima sanción. Leí lo que escribieron los consejeros del Instituto argumentando que sólo el voto ciudadano debe determinar la permanencia o no del registro de un partido. Añadieron que violaría derechos políticos fundamentales de ciudadanos una decisión administrativa de esa magnitud, y sólo sería válida en caso de que el Verde hubiese atentado contra los cimientos de la democracia, como los partidos nazis o fascistas. También dijeron que no se trata de un caso de impunidad, pues los ilícitos del partido se sancionaron reiteradamente, y en tiempo real, con fuertes multas. La decisión de los consejeros es opinable. A mi juicio su argumentación no es sólida.
Antes de emitir mi opinión, destaco la virtud cívica del Consejero Presidente de aceptar el reto de discutir en público la decisión del INE. Ahora bien, desde mi punto de vista, la resolución del Instituto debilita la credibilidad pública en el árbitro electoral y ahonda la desconfianza en las instituciones y en el sistema democrático como instrumento de convivencia en una sociedad plural y de mecanismo para transmitir pacíficamente el poder y, a mediano plazo, como medio para igualar las oportunidades de los ciudadanos y lograr una sociedad justa. Dicen los consejeros que el mercado electoral debe determinar la vida o la muerte de un partido, como si se tratara de una mercancía y no de una institución de interés público. Y que sólo amerita retirar el registro a un partido si atenta contra las bases democráticas; se aludió al fascismo.
En otros países el desafío a la democracia puede ser el fascismo, y excluyen a tales partidos a pesar de violar derechos políticos de sus partidarios. En México la impunidad, el crimen sin castigo, es lo que socava a la democracia. El INE argumenta que no hubo impunidad pues se multó al PVEM, sanción que retira o mitiga el tribunal electoral. Pero la ley habla de violaciones graves y sistemáticas como causal de retiro del registro, que las hubo; sin embargo no las sancionó: a esto se llama impunidad. Así, la interpretación que hace el Instituto de la ley mina a la democracia pero hiere, tal vez mortalmente, su credibilidad, crucial para la paz. Es lamentable. Entreveo que el pecado original de tamaño desaguisado se origina en su diseño institucional, que a la vez es organizador y árbitro electoral. ¿No debería acotarse su papel a organizar elecciones limpias y equitativas, y dejar el arbitraje al tribunal?
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