¿Seguirán aguantando las presiones los juzgadores?

¿Por qué aprueba leyes la mayoría morenista en el Congreso de la Unión sabiendo que uno o más de sus artículos van en contra de lo que señala la Constitución? Esta es una pregunta que debemos hacernos...

21 de abril, 2021

¿Por qué aprueba leyes la mayoría morenista en el Congreso de la Unión sabiendo que uno o más de sus artículos van en contra de lo que señala la Constitución?

Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales.

Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución.

Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN.

De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución.

De ser lo tercero, no solo están fallándole al pueblo y procediendo en contra de la Constitución, sino que participan en una campaña orquestada por la Presidencia con el fin de desprestigiar aún más al Poder Judicial de la Federación al darle a AMLO motivos para oponerse públicamente a las resoluciones de los juzgadores, para acusar a estos de ser corruptos por oponerse a reformas legales diseñadas para beneficiar al pueblo y acotar los fueros de los poderosos, y para afirmar que sus poderosos adversarios utilizan a los tribunales para colocar a las leyes por encima de la justicia.

No es casualidad que la mayoría de los principales constitucionalistas del país, tanto académicos como postulantes, se manifiesten constantemente en contra de algunas de las reformas legales que aprueba la mayoría morenista en el Congreso.

Tampoco es casual que gran parte de la opinión pública se vuelque a favor del popular presidente y su partido cuando éste se va en contra de los juzgadores que, por ceñirse a lo que dicen la Constitución y las leyes, detienen temporal o permanentemente la entrada en vigor de algunas de sus reformas legales.

Otra pregunta obligada es: ¿seguirán aguantando los juzgadores las presiones que reciben de AMLO para que dejen de frenar las reformas anticonstitucionales que aprueba el Congreso?

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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.

La iniciativa busca reformar 18 artículos de la Constitución y crear siete artículos transitorios. Para que el Congreso la apruebe sin cambiarle una coma, como le gustaría a AMLO, deberían votar a su favor las dos terceras partes de los diputados y de los senadores.

Pero MORENA y sus aliados no cuentan con una mayoría calificada en el Congreso. En la Cámara de Diputados les faltan 58 legisladores y en el Senado 11 para alcanzar el 66% de los votos requeridos para reformar la Constitución.

Por eso los diputados de la oposición no solo tratarán de cambiarle comas a la iniciativa, sino puntos, acentos, palabras, frases, oraciones y párrafos.

Y si los lopezobradoristas se niegan a negociar con seriedad, esta reforma tendrá el mismo destino que la fracasada Reforma Eléctrica.

En un documento distribuido ayer, se destacan los 12 objetivos más importantes que busca alcanzar la propuesta: “1. Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); 2. Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular (…) postulados por los Poderes de la Unión; 3. Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones; 4. Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías; 5. Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá; 6. Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos (…) estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio; 7. Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales; 8. Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico; 9. Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales; 10. Reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante; 11. Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales; 12. Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo”.

La iniciativa contiene aspectos muy interesantes y otros que no lo son tanto. Ojalá las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados puedan discutirlas inteligentemente con el fin de mejorar nuestro sistema electoral y político, que bastante falta le hace.

Sobre estos aspectos comentaré la semana entrante.

Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy

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Tal vez resulte innecesario analizar la iniciativa de Reforma Electoral que la semana pasada envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en vista de que los líderes de los legisladores de los cuatro partidos de oposición –MC, PAN, PRD y PRI– inmediatamente anunciaron que no la aprobarán.

Jorge Romero, Luis Espinosa Cházaro y Rubén Moreira, que son los coordinadores del PAN, PRD y PRI, respectivamente, informaron que presentarán por separado sus propias iniciativas de reforma electoral. Añadieron que los actuales no son los mejores tiempos para discutir la de AMLO si se considera que durante varios días él y morenistas, petistas y verdes de todo el país los calificaron de ser traidores a la patria.

El coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, dijo que la iniciativa representa una “vulgar provocación” del presidente.

A lo primero que se han opuesto los legisladores oposicionistas es a una de las principales propuestas de la iniciativa, que dice, entre otras cosas: “… transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente…”.

En su iniciativa, Andrés Manuel explica por qué debe transformarse “la institucionalidad electoral”: “En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) durante el proceso de revocación de mandato”.

Lo que escribe AMLO en la iniciativa no podría estar más alejado de la verdad.

Primero, porque ignora el hecho de que varias encuestas muestran que el INE es una institución que goza de la confianza de un porcentaje mayoritario de los mexicanos.

Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, realizada por el INEGI del 17 de agosto al 18 de septiembre de 2020 en 25 113 viviendas del país, muestra que el 59.6% de las personas de 15 años o más le tienen mucha o algo de confianza al INE, solo debajo del Ejército y Marina y la Guardia Nacional, en quienes confían el 63.8% y el 60.5% respectivamente.

Es más, el porcentaje que en la encuesta obtiene el INE está por arriba del de la Presidencia de la República (52.5%) y muy por encima de los del Poder Legislativo (23.4% de las personas confía mucho o algo en los senadores y diputados federales y 23.0% en los diputados locales).

Segundo, porque responsabiliza al INE y al TEPJF del fracaso de la revocación de mandato cuando fueron él y los diputados de MORENA, PT y PVEM los que decidieron reducirle drásticamente el presupuesto para este año al INE a sabiendas de que debía realizarse esa consulta.

No todo lo que contiene la iniciativa de AMLO es malo. Es más, hay en ella propuestas muy interesantes y positivas.

Sin embargo, no vale la pena invertir tiempo para comentar lo positivo y negativo de la iniciativa mientras los diputados de la oposición se nieguen a discutirla. Veremos si cambian de opinión, lo cual ahora se ve difícil.

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