Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos (USTR), estará esta semana en la CDMX, de hoy al viernes 24, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard dentro de la revisión conjunta del T-MEC. Lo acompaña una delegación que incluye a representantes de industrias interesadas en el resultado de la revisión. La visita llega un día después de que Donald Trump impusiera nuevos aranceles por casi 20,000 millones de dólares a productos canadienses, apoyado en la Ley Arancelaria de 1930 que le permite imponer aranceles a países cuyas prácticas comerciales “discriminen” contra el comercio estadounidense. Greer describió el enfoque mexicano como pragmático, mientras la administración Trump exige además alineación en controles de exportación y propiedad intelectual, dos condiciones ausentes del texto original del tratado.
La agenda oficial muestra cuatro frentes. En el automotriz, reglas de origen y regulación de manufactura, el terreno donde se decide qué porcentaje de un vehículo debe fabricarse en la región para librar arancel. En acero y aluminio, sus derivados y las protecciones de mercado que EEUU quiere extender más allá de la materia prima. En seguridad económica, una fusión inédita entre controles comerciales y estándares laborales que antes se negociaban por separado. Y en agricultura, junto a las disputas habituales sobre exportaciones específicas, un tema nuevo: la preocupación estadounidense por tierras deforestadas vinculadas a la producción exportadora mexicana.
Golpear a Canadá con aranceles antes sentarse con México no parece casualidad. El patrón, ya visto en rondas anteriores, busca romper cualquier frente trilateral y fijar de paso un parámetro de castigo para toda política de soberanía que choque con los intereses comerciales de EEUU. Nada de esto aparece en un comunicado, pero se repite con la regularidad suficiente para no ser accidente.
Para la planta productiva mexicana, el riesgo sigue siendo, por ahora, una posibilidad y no un hecho, aunque en la cerveza ya dejó de ser solo hipótesis. El sindicato Teamsters pidió formalmente al USTR, aranceles de hasta 75 por ciento a la cerveza mexicana, con Modelo, Corona, Pacífico y Tecate como blancos directos, alegando competencia desleal contra la industria cervecera estadounidense. Si la disputa agroalimentaria escala más allá de ese frente, el aguacate, las berries y el tomate podrían sumarse a la lista. Si las nuevas reglas de origen automotrices resultan más estrictas, autopartes y vehículos terminados podrían enfrentar la misma lógica punitiva que ya sufrió Canadá. La deforestación como criterio de negociación agrícola, en cambio, es tan nueva en la agenda que todavía no hay forma de medir su alcance real.
El patrón recuerda al Brexit: acuerdos ya firmados que se reabren bajo presión, con una potencia que prefiere la ambigüedad regulatoria a la certeza que ella misma suscribió.
El mayor peligro es la concesión preventiva que México podría firmar esta misma semana, aceptar compromisos leoninos con tal de blindarse de la siguiente sanción y evitarse el costo político de una confrontación directa. Canadá ya demostró que ceder no compra ni otorga inmunidad. Someterse solo garantiza la siguiente exigencia.
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