Las promesas de los actuales gobernantes son falsas, hipócritas e idénticas a las de los anteriores

“Nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de ciudadanos. Y tenemos confianza porque somos diferentes, somos distintos a los anteriores gobernantes…”. Esto es parte de lo que...

26 de enero, 2022

“Nosotros estamos obligados a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de ciudadanos. Y tenemos confianza porque somos diferentes, somos distintos a los anteriores gobernantes…”. Esto es parte de lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado durante su conferencia de prensa sobre el asesinato en Tijuana, el domingo pasado, de la periodista Lourdes Maldonado, la misma que en la conferencia de prensa del 26 de marzo de 2019 dijo temer por su vida debido a un juico laboral que había entablado contra quien en diciembre de ese año se convertiría en gobernador de Baja California, el morenista Jaime Bonilla.

Maldonado fue asesinada una semana después de que en la misma ciudad mataron al reportero gráfico Margarito Martínez Esquivel.

Sobre estos dos homicidios que han ocurrido durante su gestión de casi tres meses, la gobernadora morenista Marina Ávila dijo ayer: “vamos a hacer uso de toda la fuerza del Estado para garantizar que la justicia prevalezca (…) he solicitado al Fiscal General que designe a un fiscal especial para que dé seguimiento a estos casos y puedan ser resueltos lo antes posible…”.

Las palabras de AMLO y Marina son similares a las que antes han pronunciado otros funcionarios, desde presidentes de la República hasta presidentes municipales, pasando por gobernadores, fiscales,  procuradores y secretarios o directores de seguridad pública. En todos los casos han prometido que atraparán a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de periodistas, que esos crímenes no quedarán impunes, que actos tan reprobables estremecen a la sociedad y que no se volverán a repetir.

Lo peor de todo es que prometen dar con los culpables a sabiendas de que la impunidad en estos casos es del 95% al 99%.

Desde 1983, que fue el primer año de gobierno neoliberal del presidente Miguel de la Madrid, hasta el día de hoy, han sido asesinados 338 periodistas (es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Periodistas_asesinados_en_México).

Por sexenio, fueron asesinados 35 en el de De la Madrid, 25 en el de Salinas, 21 en el de Zedillo, 35 en el de Fox, 110 en el de Calderón, 85 en el de Peña Nieto y 27 en lo que va del de López Obrador.

Pese a estos números, ni los gobiernos federal ni estatales han asumido su responsabilidad de resolver tantos homicidios.

Por ejemplo, en El Economista apareció el 22 de octubre de 2021 una nota de Jorge Monroy en donde informaba que “De 92 homicidios de periodistas registrados del 2010 y hasta julio pasado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) sólo reconoció la competencia en 27 de ellos, al asegurar que sólo en ese número de casos los crímenes estaban relacionados con la actividad periodística de la víctima (…) En el mismo periodo, indicó la fiscalía, se tiene registro de sólo cinco sentencias; una lograda en el 2016 (…) dos en 2020 y dos este año”.

Cinco sentencias significan que solo fueron condenados los responsables del 5% de los 92 homicidios; impunidad de 95%.

Tristemente, las promesas de AMLO, Marina y muchos otros son falsas, hipócritas e idénticas a las que hicieron los anteriores gobernantes. Más triste aún es saber que con impunidad seguirán matando a periodistas en México.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.

La iniciativa busca reformar 18 artículos de la Constitución y crear siete artículos transitorios. Para que el Congreso la apruebe sin cambiarle una coma, como le gustaría a AMLO, deberían votar a su favor las dos terceras partes de los diputados y de los senadores.

Pero MORENA y sus aliados no cuentan con una mayoría calificada en el Congreso. En la Cámara de Diputados les faltan 58 legisladores y en el Senado 11 para alcanzar el 66% de los votos requeridos para reformar la Constitución.

Por eso los diputados de la oposición no solo tratarán de cambiarle comas a la iniciativa, sino puntos, acentos, palabras, frases, oraciones y párrafos.

Y si los lopezobradoristas se niegan a negociar con seriedad, esta reforma tendrá el mismo destino que la fracasada Reforma Eléctrica.

En un documento distribuido ayer, se destacan los 12 objetivos más importantes que busca alcanzar la propuesta: “1. Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); 2. Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular (…) postulados por los Poderes de la Unión; 3. Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones; 4. Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías; 5. Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá; 6. Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos (…) estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio; 7. Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales; 8. Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico; 9. Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales; 10. Reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante; 11. Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales; 12. Creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo”.

La iniciativa contiene aspectos muy interesantes y otros que no lo son tanto. Ojalá las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados puedan discutirlas inteligentemente con el fin de mejorar nuestro sistema electoral y político, que bastante falta le hace.

Sobre estos aspectos comentaré la semana entrante.

Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió  ayer los resultados de su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, correspondiente al Primer Trimestre de 2022 (ENOEN). A continuación algunos datos que arrojó.

Aumentó el número de personas que integran la Población Económicamente Activa (PEA), que el INEGI define como la “población de 15 años y más de edad que durante el periodo de referencia realizó una actividad económica (población ocupada) o buscó activamente hacerlo (población desocupada en las últimas cuatro semanas), siempre y cuando haya estado dispuesta a trabajar en la semana de referencia”.

El PEA pasó de 55.4 millones a 58.1 millones de personas; un aumento del 4.9%. Noticia positiva.

El número de personas ocupadas (tanto dentro de la economía formal como la informal) fue de 56.1 millones de personas, 3.1 millones más que en el mismo periodo de 2021; un aumento del 5.8%. Otra buena noticia.

“En el primer trimestre de 2022, la población subocupada fue de 5 millones de personas y representó una tasa de 9% de la población ocupada, porcentaje inferior al 13.8% del primer trimestre de 2021” y que “la población desocupada fue de 2 millones de personas. La Tasa de Desocupación correspondiente fue de 3.5% de la PEA, cifra menor que el 4.4% del mismo periodo de un año antes”. Ambas son buenas noticias.

El incremento de la población ocupada nacional no se tradujo en un incremento generalizado en todos los sectores de la economía, lo que no es una buena noticia.

En el sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca), la población ocupada aumentó en casi 36 000 personas, pero como porcentaje del total de la población ocupada en el país, disminuyó 0.6%. Lo mismo ocurrió en el sector secundario (industrias extractiva, eléctrica, manufacturera y de la construcción), donde el personal ocupado como porcentaje del total nacional bajó 0.4%. Estas no son bajas significativas, pero señalan que los dos sectores no están creciendo con el dinamismo necesario para generar más empleos.

El sector terciario fue el principal generador de empleos. La población en él ocupada aumentó 0.9% respecto al primer trimestre de 2021 y ocupó al 62.5% de las personas, 2 444 955 personas más que en el primer trimestre de 2021 para ahora sumar 35 065 887 personas. Este sector es el más dinámico de los tres e incluye, de acuerdo con el INEGI, al “comercio, restaurantes y servicios de alojamiento; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento; servicios profesionales, financieros y corporativos; servicios sociales y diversos y; trabajos en el gobierno y organismos internacionales”.

La informalidad laboral, que fue el 55.2% en el primer trimestre de 2022, indica que el sector formal de la economía aún no es capaz de generar los empleos que el país requiere. En 16 estados la tasa de informalidad fue mayor a este promedio, llegando al 81.3% en Oaxaca.

Los bajos ingresos siguen siendo la norma para los trabajadores subordinados y remunerados (que trabajan para otros): 32.3% percibe hasta un salario mínimo (SM), 38.4% más de uno y hasta dos SM, 11.2% más de dos y hasta tres SM. Es decir que 81.9% de ellos percibe entre cero y 518.61 pesos al día.

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