La memoria selectiva de AMLO

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta afirmar que antes de que él asumiera el poder los periodistas éramos agachados, hipócritas, mercenarios y corruptos, entre otras cosas. Refiriéndose al avión presidencial que dejó de volar apenas...

30 de marzo, 2022

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta afirmar que antes de que él asumiera el poder los periodistas éramos agachados, hipócritas, mercenarios y corruptos, entre otras cosas.

Refiriéndose al avión presidencial que dejó de volar apenas se encargó del poder ejecutivo, el Boeing 787-8 que se adquirió en 2013 con fondos que aprobó la Cámara de Diputados, AMLO ha afirmado muchas veces que no hubo periodista que denunciara la compra de lo que durante la segunda mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto fue el aerotransporte TP-01 de la Fuerza Aérea Mexicana con matrícula XC-MEX, también conocido como José María Morelos y Pavón.

Como sucede frecuentemente cuando alguien asegura algo sin saber de qué está hablando, en este asunto el presidente está equivocado, porque yo me opuse a la compra del 787 desde que se anunció que el gobierno cambiará el 757 que había sido el avión presidencial durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (durante la primera mitad de su sexenio).

En mis columnas y programas de radio del jueves 23 y viernes 24 de agosto de 2012 escribí y dije, entre otras cosas:

“La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) anunció a fines de julio que planea substituir el actual avión presidencial, un Boeing 75….

“La SEDENA aparentemente le ha echado el ojo al Boeing 787 Dreamliner (…) A los mexicanos nos costará entre 140 y 160 millones de dólares el nuevo juguete presidencial, dependiendo del modelo que finalmente se adquiera.

“Enrique Peña Nieto sería uno de los gobernantes que mejor transporte aéreo tendría a su disposición, lo que no tiene nada de malo. Lo que sí está muy mal es que nuestras autoridades militares, con el aval del Congreso, adquieran un avión más lujoso y caro de los que usan varios de los gobernantes de países más ricos que el nuestro.

“Me pregunto si realmente necesita el presidente de México un Boeing 787 Dreamliner para realizar viajes acompañado de un séquito de 200 y pico personas. Tal vez es hora de que el avión presidencial refleje la realidad del país y no las pretensiones primermundistas de sus gobernantes (…) ¿realmente necesita llevar a 200 invitados a sus viajes? ¡Caray, ni la presidenta de Brasil tiene un 787!

“Es tiempo de exigir que se acaben los despilfarros gubernamentales. El próximo avión presidencial debe ser ejemplo de austeridad sin sacrificar seguridad”.

Es muy probable que hace casi 10 años Andrés Manuel no haya leído o escuchado mis comentarios. También es factible que los haya olvidado en caso de haberlos escuchado o leído. También es posible que sí los recuerde pero haya optado por ignorarlos para así criticar a los periodistas que desaprueba, aprovechando que el gran público no está enterado del asunto.

Lo que nunca ha dicho, y esto lo sabe muy bien, es que la partida para comprar el avión fue aprobada el 15 de noviembre de 2011 por 425 votos en la Cámara de Diputados, incluidos 45 del PRD, que entonces era su partido. De esos 45, la mayoría milita hoy en MORENA, entre ellos, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y el alcalde en Azcapotzalco Vidal Llerenas.

Tal vez el de AMLO es una caso de memoria selectiva y no solo en este tema sino en muchos otros.

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Lo he dicho y escrito muchas veces: por razones diversas los gobiernos de México le han pagado poco a los servidores públicos federales, estatales y municipales que son responsables de nuestra seguridad (policías), de nuestra salud (médicos) y de la enseñanza de nuestros hijos (maestros). A estos podríamos añadir a muchos más; por ejemplo, a quienes procuran e imparten justicia (ministerios públicos y jueces) o garantizan nuestra seguridad cuando viajamos a bordo de un avión (controladores aéreos).

Los bajos salarios de la mayoría de los servidores públicos son una forma de injusticia que aún dista de ser corregida.

Ayer, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O anunció y explicó la nueva política salarial respecto a los maestros.

Esto dijo:

“Tenemos aumentos de salarios menores a 12 mil pesos mensuales brutos, son 49 mil profesores. Estos son salarios de maestros y maestras que son los formadores iniciales de la niñez (…) tienen salarios menores y que van a equipararse a 12 mil pesos mensuales”.

Confieso que me sorprendió cuando reconoció que los 49 000 “formadores iniciales de la niñez” perciben menos de 12 000 al mes. Al escucharlo me pregunté: ¿Cómo va a ser eficaz y eficiente un formador de la niñez que no es capaz de mantenerse dignamente con el raquítico ingreso que le paga el gobierno y está obligado a tener otro empleo para poder cubrir sus necesidades?  

El secretario de Hacienda siguió explicando:

“En segundo lugar, hay 957 mil personas que ganan menos de 20 mil pesos mensuales, incluyendo los que están hasta 12 mil. Estos van a recibir 3% para quienes tienen menos de 10 mil pesos, 2% para quienes ganan de 10 a 15 mil pesos y 1% para quienes ganan de 15 mil a 20 mil pesos (…) Y, finalmente, para todos, para toda la base (…) hay un aumento de 1.0%, el universo es un 1 181 351 docentes” [retroactivos al 1 de enero pasado].

Es decir que el 81% de los maestros gana menos de 20 000 pesos y muchos de ellos también tienen otros trabajos para obtener más ingresos, lo que, nos guste o no, los distrae de su función principal que es enseñar.

Desafortunadamente, los aumentos anunciados a sueldos y  prestaciones no ayudarán mucho para que la mayoría de los maestros resuelvan sus carencias, máxime que la inflación en 2021 fue de 7.36% y la anualizada hasta abril de este año ya llegó a 7.68%.

Ramírez de la O también dijo:

“… estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo y las políticas de bienestar a 14 300 pesos mensuales…”.

Los incrementos a los salarios de los maestros deben ser bienvenidos, aunque hay que aceptar que la mayoría de los docentes seguirán teniendo un ingreso que no les permitirá tener lo que la Organización Internacional del Trabajo define como un trabajo decente retribuido con un salario justo.

Con todo y los aumentos, los salarios de los maestros son injustos. ¿Por qué se permitió que se mantuvieran tan bajos durante los primeros 37 meses del gobierno de la 4T? ¿Por qué los aumentos no tomaron en cuenta las tasas inflacionarias de 2021 y 2022? ¿En lugar de subsidiar a las gasolinas no hubiera sido mejor darles un substancial aumento a los docentes?

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com

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Para combatir al hampa, el lavado de dinero y a los evasores fiscales, los gobernantes de los países desarrollados suelen manifestarse a favor de un mayor control sobre el movimiento de los capitales de personas y corporaciones. Es más, les exigen a las naciones subdesarrolladas que adopten leyes estrictas para combatir los delitos financieros.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que señala el Índice de Secreto Financiero 2022 (ISF) elaborado y difundido ayer por la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una ONG británica basada en Londres, la mayoría de esos gobernantes son unos hipócritas porque ocho de los 10 países y territorios que más permiten la secrecía financiera de personas y corporaciones son desarrollados.

En su sitio fsi.taxjustice.net/es/, la Red explica que “El Índice de Secreto Financiero es una clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de derecho. El secreto financiero hace que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados. El índice identifica los mayores contribuidores al secreto financiero y destaca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero”.

El ISF 2022 califica a los sistemas financieros y jurídicos de 141 países y territorios “en función a 20 indicadores de opacidad”. Los países y territorios se clasifican por su valor de ISF, que es una medida para saber en qué grado contribuye el gobierno de cada uno de ellos al secreto financiero.

Como lo anoté líneas arriba, son desarrollados ocho de las 10 entidades cuyos gobiernos más contribuyen al secreto financiero. Estos son los 10 (entre paréntesis anoto su valor ISF): Estados Unidos (1,951), Suiza (1,167), Singapur (1,167), Hong Kong (927), Luxemburgo (804), Japón (765), Alemania (681), Emiratos Árabes Unidos (648), Islas Vírgenes Británicas (621) y Guernsey (610).

Las siguientes 10 entidades también son, en su mayoría, desarrolladas: China (578), Países Bajos (556), Reino Unido (547), Islas Caimán (516), Chipre (510), Corea del Sur (499), Taiwán (482), Panamá (474), Jersey (459) y Catar (412).

En el ámbito de América, con un ISF de 139, México aparece en el lugar 82 del índice, debajo de Estados Unidos (1,951), Islas Vírgenes Británicas (621), Islas Caimán (516), Bahamas (385), Canadá (349), Guatemala (265), Bermuda (245), Anguilla (200), Barbados (177), Puerto Rico (176), San Cristóbal y Nieves (168), Venezuela (168), Uruguay (163), Chile (161) y Aruba (159); y arriba de Brasil (135), República Dominicana (126), Islas Vírgenes Estadounidenses (120), Curazao (117), El Salvador (107), Costa Rica (91), Perú (89), Colombia (88), Bolivia (87), Argentina (82), Belice (76), Ecuador (73), Paraguay (72), Turcas y Caicos (59), San Vicente y las Granadinas (53), Antigua y Barbuda (45), Dominica (44), Trinidad y Tobago (39), Granada (36) y Santa Lucía (33).

En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro país obtiene 100 puntos en seis de ellos, 98 puntos en uno, entre 50 y 53 puntos en cinco, 42 puntos en uno, entre 20 y 25 puntos en tres y cero puntos en cuatro. Nuestro gobierno tiene aún mucho por hacer para combatir la opacidad financiera.

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