El desprestigio de la ASF le vendría como anillo al dedo al gobierno de la 4T

El lunes y el martes me referí aquí al Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que hace una semana difundió la Auditoria Superior de la Federación (ASF). El lunes comenté que el informe señalaba...

26 de febrero, 2021

El lunes y el martes me referí aquí al Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que hace una semana difundió la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

El lunes comenté que el informe señalaba que, según cálculos de la ASF, el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM) fue “de casi 332 000 millones de pesos, muy por encima de los 100 000 millones que estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en abril de 2019”.

Ante tal discrepancia pedí que fueran investigados los responsables de la cancelación, el ex titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y el ex director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando Bravo.

El martes referí como AMLO, durante su conferencia de prensa del día anterior, rechazó los datos de la ASF: “Están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos… porque le están dando mal la información a nuestros adversarios…”.

Mi columna del martes la redacté el lunes, antes de que ese mismo día, ya tarde, la ASF emitiera un comunicado firmado por el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, en el cual, refiriéndose la auditoría del NAICM: “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco; Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica…”. También explica que en la auditoría se consideran algunos flujos “que no representan un costo… Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida… intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual…” y otros conceptos poco claros.

Hasta el momento la ASF no ha explicado cuál fue la “deficiencia metodológica”.

Ayer, en su conferencia matutina, AMLO le pidió a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, que se investigue para esclarecer “a fondo de las equívocas afirmaciones de la ASF” de las cuales “se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno… aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas… más bien, creo que se trata de una actitud politiquera, que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”.

La acusación del presidente contra la ASF es sumamente seria porque asegura que el principal órgano fiscalizador del gasto público de nuestro país, que debe ser apolítico e imparcial, obedece los intereses de los que se oponen a su gobierno.

El titular de la ASF, David Colmenares, así como Caso Raphael, deben esclarecer cuanto antes la situación porque la credibilidad de la institución está en juego. Si hubo error, que expliquen cuál fue y porque se incurrió en él.

El desprestigio de la ASF le podría venir como anillo al dedo a un gobierno que no ha sido muy transparente en cuanto al uso de cuantiosos recursos públicos.

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Para combatir al hampa, el lavado de dinero y a los evasores fiscales, los gobernantes de los países desarrollados suelen manifestarse a favor de un mayor control sobre el movimiento de los capitales de personas y corporaciones. Es más, les exigen a las naciones subdesarrolladas que adopten leyes estrictas para combatir los delitos financieros.

Sin embargo, si nos atenemos a lo que señala el Índice de Secreto Financiero 2022 (ISF) elaborado y difundido ayer por la Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), una ONG británica basada en Londres, la mayoría de esos gobernantes son unos hipócritas porque ocho de los 10 países y territorios que más permiten la secrecía financiera de personas y corporaciones son desarrollados.

En su sitio fsi.taxjustice.net/es/, la Red explica que “El Índice de Secreto Financiero es una clasificación de las jurisdicciones que más favorecen que las personas oculten sus finanzas al Estado de derecho. El secreto financiero hace que el abuso fiscal sea viable, que el dinero sucio sea financiable y que los derechos humanos sean menoscabados. El índice identifica los mayores contribuidores al secreto financiero y destaca las leyes que los gobiernos pueden cambiar para reducir su contribución al secreto financiero”.

El ISF 2022 califica a los sistemas financieros y jurídicos de 141 países y territorios “en función a 20 indicadores de opacidad”. Los países y territorios se clasifican por su valor de ISF, que es una medida para saber en qué grado contribuye el gobierno de cada uno de ellos al secreto financiero.

Como lo anoté líneas arriba, son desarrollados ocho de las 10 entidades cuyos gobiernos más contribuyen al secreto financiero. Estos son los 10 (entre paréntesis anoto su valor ISF): Estados Unidos (1,951), Suiza (1,167), Singapur (1,167), Hong Kong (927), Luxemburgo (804), Japón (765), Alemania (681), Emiratos Árabes Unidos (648), Islas Vírgenes Británicas (621) y Guernsey (610).

Las siguientes 10 entidades también son, en su mayoría, desarrolladas: China (578), Países Bajos (556), Reino Unido (547), Islas Caimán (516), Chipre (510), Corea del Sur (499), Taiwán (482), Panamá (474), Jersey (459) y Catar (412).

En el ámbito de América, con un ISF de 139, México aparece en el lugar 82 del índice, debajo de Estados Unidos (1,951), Islas Vírgenes Británicas (621), Islas Caimán (516), Bahamas (385), Canadá (349), Guatemala (265), Bermuda (245), Anguilla (200), Barbados (177), Puerto Rico (176), San Cristóbal y Nieves (168), Venezuela (168), Uruguay (163), Chile (161) y Aruba (159); y arriba de Brasil (135), República Dominicana (126), Islas Vírgenes Estadounidenses (120), Curazao (117), El Salvador (107), Costa Rica (91), Perú (89), Colombia (88), Bolivia (87), Argentina (82), Belice (76), Ecuador (73), Paraguay (72), Turcas y Caicos (59), San Vicente y las Granadinas (53), Antigua y Barbuda (45), Dominica (44), Trinidad y Tobago (39), Granada (36) y Santa Lucía (33).

En lo que a los 20 indicadores de opacidad se refiere, nuestro país obtiene 100 puntos en seis de ellos, 98 puntos en uno, entre 50 y 53 puntos en cinco, 42 puntos en uno, entre 20 y 25 puntos en tres y cero puntos en cuatro. Nuestro gobierno tiene aún mucho por hacer para combatir la opacidad financiera.

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La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de: “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal”.

Esta ley define a un dato personal como “cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable”.

Un dato personal que un sujeto obligado no puede hacer público sin el consentimiento de una persona es la dirección particular, a menos de que ésta pueda ser obtenida por medios que son públicos, como pueden ser un directorio telefónico, una base de datos o información que esté en el Internet.

Con base en lo anterior, es probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté violando la ley al difundir en su conferencia de prensa fotografías de los edificios en donde supuestamente se ubican los domicilios particulares de algunos de los periodistas que lo critican constantemente. El lunes vimos cómo mostraba fotos de un edificio en donde aparentemente vive Carlos Loret de Mola.

Que yo recuerde, al tomar posesión de su cargo, AMLO juró “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión”.

Los aludidos en la conferencia de prensa presidencial pueden, si creen que AMLO cometió un delito y pone en riesgo su seguridad al difundir sus datos personales, proceder legalmente contra él.

Y hablando de transparencia, el presidente dijo ayer en su conferencia de prensa que “La regla de oro de la democracia es la transparencia”, pese a que su gobierno ha ocultado más información pública de lo que hicieron algunos de sus antecesores y que en sus campañas electorales y desde que asumió la presidencia ha asegurado que su administración es más transparente que el más transparente cristal.

Los ejemplos abundan: el gobierno de la 4T declaró como reservados o confidenciales datos sobre el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles, detalles de los contratos para la compra de vacunas anticovid, números reales de las muertes por COVID, las causas que ocasionaron la muerte de 14 personas por suministro de heparina sódica en el hospital regional de Pemex en Villahermosa (2020), la explosión del oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo (2019), y pormenores de la frustrada captura del narco Ovidio Guzmán, en Culiacán (2019), entre otros.

Al asumir la presidencia, Andrés Manuel juró lo arriba anotado y concluyó ese juramento diciendo “y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.

Tarde o temprano, la nación se lo demandará porque “Sobre la Constitución nada. Sobre la Constitución, nadie”, como escribió José María Iglesias, un verdadero liberal juarista del siglo 19.

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