El desprestigio de la ASF le vendría como anillo al dedo al gobierno de la 4T

El lunes y el martes me referí aquí al Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que hace una semana difundió la Auditoria Superior de la Federación (ASF). El lunes comenté que el informe señalaba...

26 de febrero, 2021

El lunes y el martes me referí aquí al Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019 que hace una semana difundió la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

El lunes comenté que el informe señalaba que, según cálculos de la ASF, el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM) fue “de casi 332 000 millones de pesos, muy por encima de los 100 000 millones que estimó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en abril de 2019”.

Ante tal discrepancia pedí que fueran investigados los responsables de la cancelación, el ex titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y el ex director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando Bravo.

El martes referí como AMLO, durante su conferencia de prensa del día anterior, rechazó los datos de la ASF: “Están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí; y ojalá y lo hagan ellos… porque le están dando mal la información a nuestros adversarios…”.

Mi columna del martes la redacté el lunes, antes de que ese mismo día, ya tarde, la ASF emitiera un comunicado firmado por el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, en el cual, refiriéndose la auditoría del NAICM: “Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del Proyecto del Aeropuerto de Texcoco; Al momento se ha detectado ya que dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica…”. También explica que en la auditoría se consideran algunos flujos “que no representan un costo… Bonos en Circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida… intereses de vencimientos futuros que no representan un costo actual…” y otros conceptos poco claros.

Hasta el momento la ASF no ha explicado cuál fue la “deficiencia metodológica”.




Ayer, en su conferencia matutina, AMLO le pidió a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, que se investigue para esclarecer “a fondo de las equívocas afirmaciones de la ASF” de las cuales “se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno… aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas… más bien, creo que se trata de una actitud politiquera, que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”.

La acusación del presidente contra la ASF es sumamente seria porque asegura que el principal órgano fiscalizador del gasto público de nuestro país, que debe ser apolítico e imparcial, obedece los intereses de los que se oponen a su gobierno.

El titular de la ASF, David Colmenares, así como Caso Raphael, deben esclarecer cuanto antes la situación porque la credibilidad de la institución está en juego. Si hubo error, que expliquen cuál fue y porque se incurrió en él.

El desprestigio de la ASF le podría venir como anillo al dedo a un gobierno que no ha sido muy transparente en cuanto al uso de cuantiosos recursos públicos.

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Esta es una pregunta que debemos hacernos porque ya son varias las leyes promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador o sus obedientes legisladores de MORENA y sus partidos satélites que, después de ser aprobadas en la Cámara de Diputados y el Senado, no pueden entrar en vigor porque un juez, un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinan que parte de su contenido es violatorio de uno o más artículos constitucionales. Y debemos hacérnosla porque tanto en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que dirige Julio Scherer Ibarra, como en las direcciones jurídicas de las secretarías de Estado y las principales dependencias del gobierno federal hay abogados que fácilmente pueden darse cuenta de cómo algunas de las iniciativas de ley que le envía el Ejecutivo al Legislativo contravienen de diversas maneras lo que mandata la Constitución. Hay varias respuestas que se me ocurren a la pregunta. Los abogados que trabajan para el gobierno federal: 1) no se atreven a decirle al presidente que sus iniciativas contienen elementos anticonstitucionales; o 2) deciden enviarlas al Congreso con la esperanza de que luego de ser aprobadas nadie las impugne ante los tribunales y entren en vigor; o 3) las someten al Congreso esperando que, luego de ser aprobadas, sean impugnadas y frenadas por un juez o una mayoría de los magistrados que integran un tribunal federal o de ministros de la SCJN. De ser lo primero, los abogados están fallándole al pueblo que les paga sus sueldos y, peor aún, están rompiendo su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. De ser lo segundo, además de fallarle al pueblo y romper su juramento, están actuando activamente con el fin de socavar a la misma Constitución. 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Tampoco es casual que gran parte de la opinión pública se vuelque a favor del popular presidente y su partido cuando éste se va en contra de los juzgadores que, por ceñirse a lo que dicen la Constitución y las leyes, detienen temporal o permanentemente la entrada en vigor de algunas de sus reformas legales. Otra pregunta obligada es: ¿seguirán aguantando los juzgadores las presiones que reciben de AMLO para que dejen de frenar las reformas anticonstitucionales que aprueba el Congreso? Twitter: @ruizhealy Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy Instagram: ruizhealy Sitio: ruizhealytimes.com" ["post_title"]=> string(52) "¿Seguirán aguantando las presiones los juzgadores?" 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