De la creación de riqueza a la preservación de recursos, la vida pública y privada por igual cubre todas las etapas que sostienen el crecimiento de la oferta de bienes y servicios para toda la nación. El precepto puede sonar de simple sentido común y tal vez lo es si consideramos la lógica en el seguimiento de los órdenes de producción y la relacionada con la disciplina que regula participación activa de los agentes económicos. Las naciones-Estado tomaron su tiempo en la adopción de políticas públicas al margen de la producción. Al margen de esta cadena, se localiza la mediación del sector público entre una demanda de intervención en las facilidades de operación y la demanda de satisfactores.
La primera centra objetivos de infraestructura y la segunda, de servicios. El distingo en la concentración de recursos entre una y otra ha diferenciado el gasto de la inversión. La infraestructura es de carácter de permanencia y se convierte en una función relativamente estática y su relatividad se circunscribe al desarrollo de la tecnología. La de servicios es fundamentalmente dinámica y cambiante. No obstante su dinamismo, la investigación y el desarrollo también hacen su parte. La salud pública es claro ejemplo de procesos de investigación constante.
La inversión pública no difiere en su esencia de la inversión privada. Aún cuando en esta última las características en su adopción se circunscriben a ciclos de rendimiento y a una vida finita en cuanto a plazos de recuperación y procesos de reinversión, la inversión pública también contempla márgenes de rentabilidad en plazos un tanto más amplios. La inversión privada se circunscribe a mercados y competencia y la inversión pública a beneficios generacionales.
Toda inversión enfrenta un riesgo y su relatividad puede variar desde la innovación hasta la obsolescencia. Lo primero pudiera concebirse desde el desarrollo de una idea y lo segundo en el simple desuso. En la empresa privada, las utilidades reúnen cierta acumulación y también cierta condición de reinversión. Sin utilidades, la empresa sencillamente no puede enfrentar ninguna posibilidad de crecimiento ni de planes de futuro. La utilidad marginal entre precio y costo no es suficiente para permitir crecimiento. La creación de efectivo se convierte en el verdadero calificativo y promotor del crecimiento. De ahí la importancia del cálculo del valor presente.
La inversión pública cifra su rendimiento en la consecución y utilización de la infraestructura que camina pari passu con la inversión privada. El ritmo de la infraestructura no lo marca la inversión gubernamental, sino la demanda empresarial. La inversión pública se traduce en oferta correspondiente a la necesidad de la empresa. En las obras de gran representatividad como las aeroportuarias o portuarias, el planteamiento puede reunir mayores logros cuando se hace un esfuerzo conjunto, de gobierno e iniciativa privada. Cuando las obras trascienden una o dos generaciones, la aportación conjunta de intereses privados y públicos reúne miras de progreso.
Las generaciones de las últimas décadas han demostrado la bonanza en la convivencia global y en la participación activa de gobiernos alejados de la función productiva. Los gobiernos no se alejan de la iniciativa del progreso, simplemente lo acompañan. El proceso de adaptación de gobiernos progresistas a la innovación y al desarrollo ha cimentado regulaciones menos restrictivas, mayores facilidades administrativas y amplia protección jurídica.
Los gobiernos también tienen sus métodos de supervivencia y sus retenciones provocadas por excedentes en su captación de ingresos. No podrían calificar de utilidades porque los gobiernos no lucran, los gobiernos captan y distribuyen. Esa es su función. Naturalmente, los gobiernos eficientes tienden a crear excedentes y a estos excedentes los conocemos como reservas. Las reservas de las naciones tienen una amplia gama interpretativa; las más conocidas son las de regulación monetaria y divisas normalmente controladas por un instituto autónomo o Banco Central. Estas son reservas internacionales y soportan la emisión de moneda en circulación.
Los gobiernos, como toda entidad económica, no pueden anticipar ocurrencias inesperadas, crisis internas o externas, guerras, epidemias o desastres, por enumerar las más frecuentes. Para ello anticipan la contingencia y la probabilidad de ocurrencia. Cuantificar una ocurrencia inesperada es prácticamente imposible, pero negarla sería un improcedente en materia de administración pública. Por tanto, las contingencias se anticipan con recursos que naturalmente serían destinados a la contingencia prevista.
Un principio inalterable de disciplina gubernamental es precisamente respetar preceptos heredados de administraciones anteriores que legaron esa prescripción. Las transiciones en la era moderna se han convertido en un paso efímero de la vida de una nación. La democracia ha vertido virtudes de crédito a favor de la transición periódica del poder y ha concedido a la ciudadanía prerrogativas de cambio como de permanencia de valores adquiridos y derechos.
México experimenta una transición que enfrenta y confronta estas premisas. Enfrenta la capacidad ciudadana y confronta la herencia asimilada en generaciones. Cuando los márgenes de invocación ciudadana son alterados se transfieren a la capa del poder en una cuantificación inexistente por el vacío creado en la relación ya generada por décadas. Esto provoca una reacción y en la simple reacción multiplicada por una simple imperfección alterada sin orden, cunde la displicencia y el autoritarismo. El autoritarismo no es más que centralizar funciones.
Al mismo tiempo que la centralización hace las veces de una función interpretativa del uso de los recursos de la nación y la función misma altera el orden de las cadenas productivas con un consumo inducido, pretendiendo un ingreso, las arcas de la nación en algún momento se debilitan. No puede alterarse la demanda jamás resuelta en la fase productiva por una oferta impuesta sin orden estructural.
Esto ya mencionado ha alterado todo precepto y orden económico en la nación. México llegó a una recesión y un estanco en la producción sin la pandemia que padece el mundo. Sin la creación de riqueza y sin proyecto de plazo, porque los proyectos que contempla esta transición adolecen de todo concepto deseable para la nación, será imposible concebir futuro mediato y recuperación de nuestros márgenes anteriores al 2018. Esta transición ya agota las reservas creadas para protección de lo nuestro. Las interpreta en desesperación de sobrevivencia ante su ineptitud y su improvisación. Esto es una afrenta y un atentado infame a los activos de la nación.
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