Perversión de la economía

3 de agosto, 2020

Manuel Torres Rivera

La economía no es una interpretación a modo; no puede ni debe convertirse en una adaptación a las circunstancias cambiantes de una entidad productiva. En términos de política pública, su razón de ser se encuentra por encima de razones de gobierno; las metas de política pública obedecen a las metas de una distribución de recursos que permita situar la acción gubernamental y la demanda social. El destino final de la distribución provoca satisfactores y cobertura a la vez. Como en toda situación de equilibrio, así como la función de ahorro es coadyuvante de la inversión, la distribución de recursos atiende beneficios colectivos y los sectoriales se convierten en los imprescindibles como salud pública, educación, vivienda y pensión, entre otras.

La economía es conocimiento universal y se contempla como una ciencia exacta. Utiliza parámetros para poder definir comparaciones históricas, para asimilara experiencias valiosas o amargas y para anticipar situaciones de mejora en el futuro. Los auxilios en materia financiera son de gran ayuda y las técnicas de valor actual han contribuido sensiblemente a la adopción de proyectos de inversión. La vigilancia estricta del costo del capital ha determinado una trayectoria indispensable en la calificación de proyectos rentables.

La suma de bienes y servicios de una nación es en sí una calificación de política pública y se denomina Producto Interno Bruto. Por décadas ha sido contemplado como medición de las políticas asertivas de una nación. Los países progresistas concentran su atención en la renta que nutre su captación fiscal para redistribuir la misma en satisfactores y en infraestructura. El gasto público o gasto corriente encuentra este equilibrio para caminar pari passu con el riesgo de los agentes económicos de la nación, que son los que finalmente lo asumen. Proveer las facilidades de inversión en infraestructura y marco jurídico es actuar con sensibilidad y orientación de gobierno.

La imposición de proyectos de gobierno descuida todas las fases de inversión; la oferta gubernamental en proyectos de gran envergadura es un ejercicio que descarrila la demanda de servicios y facilidades en las áreas en las que la nación tiene ventajas comparativas y áreas de especialización. Este descuido naturalmente desborda la oportunidad de captura de nichos de mercado en otras latitudes. En suma, asume por cuenta propia el costo de oportunidad, provocando indefensión y retraso en la secuela de competencia de empresas que pudieron haber sido consideradas en el esquema global que desvanece la falta de presencia oportuna.

El efecto multiplicador en economía es un fenómeno implacable. Una simple imperfección provocada por el gobierno, infraestructura oportuna y adecuada como ejemplo, produce una reacción en cadena para múltiples productores. Esta reacción ya venía en franco declive para la empresa mexicana sin la pandemia que padecemos. Como sabemos, en veinte meses de gobierno, la inversión en infraestructura en el país ha sido nula, totalmente inexistente. El gasto público recortó facilidades necesarias y en algunos casos las reorientó para centralizar funciones. El resultado ha sido inoperancia del gasto, improvisación en cobertura y abandono absoluto en innumerables casos. El modelo de austeridad ha desafiado todas las prerrogativas de las cadenas productivas, insertando un proceso de dádiva, en franco retroceso a la recomposición de mercados de consumo.

El gasto desbocado en áreas no prioritarias, aunado al dispendio sin medida en proyectos no rentables y no necesarios, dejó al gobierno en tránsito sin márgenes de maniobra y sin movilidad financiera. La petrolera insigne, otrora emblemática de la nación, ha sido el derrotero singular de desperdicio de recursos, toda vez que el empecinamiento de un solo hombre ha confundido en una semántica obsoleta, rescate por asignación de tareas que el mundo rechaza por improcedentes.

En el tránsito de veinte meses, hemos recorrido todas las sendas del fracaso económico, desde las encuestas al margen de la ley hasta el desdén por inversiones extranjeras en marcha; se reviven tiempos amargos de asignación de proyectos, asignaciones sin el cálculo del retorno para la nación, sin calificaciones objetivas en materia de inversión, utilizaciones de material fósil y contaminante, desecho de alternativas de energía limpia y renovable, rompimiento de contratos de exploración de aguas profundas, descuido de canales de comercialización del crudo mexicano, del campo, de la educación y de la salud.

Y si algo faltara, el presidente quiere alterar las reglas universales de medición de nuestra

economía para insertar eufemismos contemplativos en una subjetividad que diluye en su imaginaria, el fracaso de su gestión. “Desuso” le ha llamado el presidente al clamor universal que mide el éxito de naciones ganadoras; “monetizables” les llamó Chávez a las mediciones del producto en su desafortunada dictadura que llevó a la ruina a una nación rica y próspera.

En México el daño es generacional; no podemos alejar el espectro de una caída del producto que nos retrasa a lo vivido y experimentado en un siglo de existencia. Las miras de lo interno en las que insiste el presidente, la autosuficiencia y el amparo artificial del sustento sin creación de riqueza, hundirá más la economía. Pervertir los términos de medición de la economía sería lo de menos. El rumbo es el gran equívoco de esta transición.

México no puede transitar al margen de las medidas que adoptan los mismos socios del bloque comercial al que pertenece. México no puede transitar en ese deambular de ocurrencias, que suma meses. México precisa de rectificaciones serias y de cancelaciones más serias aún. México necesita respetar preceptos de economía. La perversión de la economía sembró el fracaso de naciones en nuestro propio continente. La lección cobra vigencia en estos días de pérdida de empleo, de oportunidades y de crecimiento.

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