Opciones para la recuperación económica ¿impuesto a la riqueza?

Como consecuencia de la pandemia, diversos gobiernos alrededor del mundo están buscando opciones en materia fiscal con el fin de aumentar la recaudación. A raíz de esto, ha revivido la propuesta de implementar un impuesto a la...

27 de abril, 2021

Como consecuencia de la pandemia, diversos gobiernos alrededor del mundo están buscando opciones en materia fiscal con el fin de aumentar la recaudación. A raíz de esto, ha revivido la propuesta de implementar un impuesto a la riqueza. Hasta 1990, 12 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contaban con un impuesto a la riqueza personal. Actualmente solo España, Suiza y Noruega cuentan con este impuesto. En América Latina y el Caribe (ALC), Argentina, Colombia y Uruguay lo implementan. 

Dicho impuesto, grava el patrimonio neto total de una persona, es decir, la base del impuesto debe incluir el total de activos (patrimonio bruto) y deducir las deudas de dicho individuo. Los activos financieros a considerar incluyen a los depósitos bancarios, bonos, acciones, etc.; y los activos físicos, a las propiedades, obras de arte, joyas, yates, jets privados, vehículos, etc. Es importante mencionar que se contemplan los activos que están dentro y fuera del país de residencia del individuo. 

En algunos países de ALC se ha propuesto la implementación de dicho impuesto, buscando una redistribución de los ingresos, bajo la premisa que es la región más desigual del mundo. Para ejemplificar lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima que “el 10% más rico de la población de la región gana 22 veces más que el 10% más pobre, y que el 1% más rico de la población obtiene el 21% de los ingresos de toda la economía.1

En ese tenor, un estudio de Credit Suisse, detalla que el 1% más rico de la región posee el 41% de la riqueza total, y que el 10% más rico de la región concentra el 72% de la misma. Actualmente, la carga tributaria en la región se basa fuertemente en los impuestos al consumo. Sin embargo, los tratamientos preferenciales favorecen a los más ricos, existen altos niveles de evasión y baja recaudación del ISR personal. 

El BID menciona que para implementar el impuesto a la riqueza deben considerarse dos puntos: 1) conocer el total de activos que poseen las personas. El cual representa un reto para las administraciones tributarias, ya que es complicado conocer todos los activos con los que cuenta un individuo, por ejemplo, las obras de arte y joyas, así como los fideicomisos y los activos que tienen en el exterior; 2) conocer el valor real y presente de los activos, en especial de las piezas de arte y de las empresas.

Desafortunadamente, la aplicación de este impuesto podría generar incentivos para invertir en activos exentos de este impuesto, o que son difíciles de detectar por las administraciones tributarias. Por ejemplo, en Cataluña, al reintroducir este impuesto, se incrementó la inversión en activos empresariales y residencias principales exentos del impuesto. 

Sin embargo, su aplicación no traerá buenos resultados si no se combate a la evasión o se diseña una planificación tributaria que evite su elusión. Muestra de ello es que en los países de la OECD con este impuesto, la recaudación promedio en 2018 representó solo un 1.8% de los ingresos totales de los gobiernos y en ALC fue de 0.25%.

Por lo tanto, el BID propone que, adicional a un probable impuesto a la riqueza3, las administraciones tributarias deben mejorar su recaudación con los impuestos ya existentes. Por ejemplo el predial. Éste es un impuesto simple de administrar, lo que se requiere es modernizar los catastros y por consiguiente el valor de los inmuebles. 

Finalmente, en lo que se refiere al impuesto sobre la renta, el BID detalla que para los individuos más ricos, el retorno sobre la riqueza suele ser la mayor parte de sus ingresos totales, dado que los ingresos por su trabajo representan una proporción baja de sus ingresos. Adicionalmente mencionan que en ALC el ISR pagado por parte de los más ricos suele ser relativamente bajo. Lo anterior derivado de los tratamientos preferenciales y las altas tasas de evasión. 

Por lo tanto, antes de introducir un nuevo impuesto, es importante verificar que gravará, así como sus exenciones. Para los países que están considerando aplicar un impuesto a la riqueza, es necesario generar estrategias que eviten la fuga de capitales. Asimismo se requiere que las administraciones encargadas de la tributación trabajen para disminuir las tasas de evasión.

 1 BID (2020): La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada.

 2 Credit Suisse (2019): Global Wealth Report 2019.

 3 Bolivia, Chile y Perú. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Impuesto-a-la-riqueza-opcion-para-recuperacion-economica-Latindadd-20210224-0109.html

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Hay una percepción mayoritaria de que cada vez hay más violencia y mayor presencia del crimen organizado en distintos ámbitos de la vida del país.  Y no es para menos, México cuenta con el mayor mercado criminal en el mundo1, y ocupa el cuarto lugar de países con más crimen organizado, según el Índice Global de Crimen Organizado 2021, del informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional -IGCOT- (una organización no gubernamental con sede en Suiza, que mide los niveles de crimen y acciones de gobierno en los 193 países miembros de las Naciones Unidas)2 A juzgar por la posición que ocupa México a nivel internacional en el ranking mundial del crimen organizado, resulta evidente que la estrategia de “abrazos, no balazos” de esta administración, para enfrentar a la criminalidad en el país (que se ha extendido a un “dejar hacer, dejar pasar” en ámbitos como el económico-financiero), ha sido, por decir lo menos, contraproducente. Esta malograda estrategia ha tenido un muy alto costo en la calidad de vida de la población por los altos niveles de inseguridad que ha generado en el país, y ha afectado sustancialmente los niveles de inversión privada, que es detonante de dinamismo económico. Aquí no hay “otros datos”. Más allá de lo ignominioso que resulta ser reconocidos como el país con mayor criminalidad en el mundo, el informe de IGCOT presenta un diagnóstico crítico de las tendencias crecientes de la actividad criminal en “gobiernos frágiles”, como el mexicano, que no tienen la capacidad de resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto. También, exhibe a México por la participación de “actores estatales” como facilitadores de las actividades criminales, y destaca que una de las correlaciones más sólidas es la que se da entre la presencia de “actores criminales” dentro del Estado y la menor capacidad de éste para prevenir los flujos ilícitos para fondear las actividades criminales, destacando la corrupción en las diversas esferas del poder público en el país.  Las actividades criminales se llevan a cabo dentro del territorio nacional, pero también a nivel transnacional, a través de organizaciones criminales internacionales. La IGCOT destaca que, en la actualidad, con tantos retos de gran magnitud a nivel mundial (i.e. pandemia, inflación, crisis alimentaria, cambio climático, migración), pareciera que combatir el crimen organizado sería menos importante, sobre todo a nivel transnacional, pero el impacto de éste en lo que se conoce como la economía ilícita global, magnifica los demás retos, además de que es un común denominador en todos ellos. Por ello, el crimen organizado es un inhibidor de desarrollo sostenible, sobre todo en las economías emergentes, como la mexicana, y resulta prioritario entonces, enfrentarlo. Las actividades criminales generan ganancias o ingresos ilícitos de los cuales 70% son integrados a la economía a través del proceso de “lavado de dinero”, y son generalmente usados para perpetuar mayor violencia e inseguridad. Según el reporte de Criminalidad Financiera en Latinoamérica y el Caribe de 2021, elaborado por el Grupo de Integridad Financiera Global (GIFG)3, en México los flujos financieros derivados de ingresos ilícitos representan un rango de 25 mil millones de dólares a 62 mil millones de dólares anualmente (de 2% al 5% del PIB, que es la medición estándar que GIFG aplica a cada nación evaluada), y de estos, el lavado de dinero es de 18 mil millones de dólares a 44 mil millones de dólares, cada año. Los flujos financieros ilícitos sobrepasaron los 50 mil millones de dólares del 2016 al 2018 en el país (es decir, alrededor de 17 mil millones de dólares, cada año, aunque esta cifra es aproximada porque no se consideran todas las ganancias ilícitas, debido a la falta de información pública).  El GIFG evalúa en su reporte, al lavado de dinero en general (y el que se realiza con base en actividades comerciales), el financiamiento al terrorismo (enfocado más bien a ataques a la seguridad nacional) y la corrupción, como las principales actividades criminales que involucran al sistema financiero en el país.  Señala que en México el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), es muy vulnerable principalmente por la falta de coordinación entre las agencias gubernamentales competentes (la Unidad de Inteligencia Financiera -UIF- de la SHCP y la Fiscalía General de la República; e ineficiente coordinación entre la Federación y las entidades federativas), lo que ha generado casi nulos resultados en el proceso, ejecución y condena de estos delitos. Además, señala que hay pocos controles efectivos que detecten y reporten estas actividades (“follow the money”). Se menciona que hay un limitado conocimiento de la operación de lavado de dinero a través de actividades comerciales, y ello ha propiciado que esté aumentando de forma considerable.  Dentro de las actividades criminales convencionales habría que añadir ahora otro factor más de evaluación: el de las criptomonedas (criptos).  La Contraloría General de Estados Unidos recientemente reportó que las criptos se han convertido en un mercado muy atractivo para el crimen organizado en la región de Norteamérica.  Señala que los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales utilizan monedas virtuales para “lavar” sus ganancias. Empiezan a surgir además de cajeros de criptos, los kioskos donde es más fácil convertir el efectivo derivado de actividades criminales, en criptomonedas. Chainalysis (que analiza la tecnología blockchain a nivel global) reportó que las direcciones ilícitas en la red recibieron 14 mil millones de dólares en 2021, comparado con 7.8 mil millones en 2020.4 En México, el crimen de criptomonedas se calcula pueda tener un valor cercano a los 100 millones de dólares. En la medida que aumente la adopción de criptomonedas, se espera que también crezcan las operaciones ilícitas en este mercado, sobre todo, sin estar debidamente regulado y supervisado.5 Las deficiencias estructurales de nuestro sistema de justicia obstaculizan su capacidad para combatir el crimen organizado y detectar los flujos financieros que derivan de sus actividades. El andamiaje jurídico en materia de PLD/FT incluye dos cuerpos legales particularmente robustos que son la “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” de 2012 (conocida como “Ley Antilavado”), y la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019. 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De lo contrario, la actual administración estará añadiendo mayor puntuación para pasar a la historia del país, de forma inequívoca, como un “Estado fallido”.  1Incluye: Trata de personas, tráfico de personas, tráfico de armas, delitos contra la flora, delitos contra la fauna, delitos contra los recursos no renovables, comercio de heroína, comercio de cocaína, comercio de cannabis, y comercio de drogas sintéticas. 2https://globalinitiative.net/analysis/global-organized-crime/ https://ocindex.net/assets/downloads/global-ocindex-report-spanish.pdf 3https://gfintegrity.org/report/financial-crime-in-latin-america-and-the-caribbean/ 4https://fortune.com/2022/01/11/crypto-kiosks-human-drug-trafficking-gao-warns/ 5https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Crimen-con-criptomonedas-en-Mexico-alcanzaria-los-100-millones-de-dolares-Chainalysis-20220307-0123.html 6Comisión Nacional Bancaria de Valores. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/80948/VSPP_GAFI___13042016.pdf" ["post_title"]=> string(81) "México en la “economía ilícita global”: crimen organizado y financiamiento" ["post_excerpt"]=> string(215) "La paz en México se ha visto fuertemente deteriorada por la falta de una estrategia de seguridad coherente en el país. 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La contracción es sucesiva a mercados, a fronteras legales y gubernamentales.  La concepción de pérdida desde el punto de vista de esta transición no existe en tanto el gasto público cumpla con los escasos objetivos que han quedado después de la devastación de reservas, fideicomisos y otros órdenes de ahorro para ser sustituidos por un ahorro inexistente basado en un eufemismo llamado austeridad republicana. La fijación de esta transición en tres proyectos calificados como infraestructura tendiente a la autosuficiencia y la trascendencia, han mermado toda base de construcción presupuestal al grado de responder con deuda en demasía prerrogativas de fondeo y supuesta capitalización de dos entidades que alguna vez serían empresas productivas. La concepción de rescate ha situado la operación energética de la nación en una situación en donde la calificación de operatividad ha sido rebasada por pérdida patrimonial. En el caso de CFE, la pérdida será recurrente en tanto se insista en la captación de proyectos de capitalización que es imposible ampare. Su gran limitante es la distribución y sería su renglón de rentabilidad con despacho privado. La petrolera definitivamente no tiene remedio si la meta de autosuficiencia se privilegia. En este caso, la transición en turno se niega a contemplar no solamente la pérdida en su operación, se niega a admitir la quiebra patrimonial de la empresa. No existe mecanismo de salvación con refinación impuesta como objetivo.  La CFE pierde, PEMEX pierde, Deer Park pierde. México pierde y esta transición en turno no da cuenta de la pérdida generacional que nos impone. En tanto no se vaya esta transición, las pérdidas seguirán sumando…  " ["post_title"]=> string(17) "Sumando pérdidas" ["post_excerpt"]=> string(125) "Manuel Torres Rivera reflexiona sobre el impacto de las políticas populistas del actual régimen en la economía mexicana. 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