Mensaje a la inversión

El pueblo por encima de la ley. Un pronunciamiento claro y directo del presidente López, conformando una trayectoria de dos años y un tanto más de exposición de una visión económica que ha carecido de proyecto desde...

12 de octubre, 2020

El pueblo por encima de la ley. Un pronunciamiento claro y directo del presidente López,
conformando una trayectoria de dos años y un tanto más de exposición de una visión
económica que ha carecido de proyecto desde meses antes de su toma de posesión.
Consultar sin bases sólidas ya denota incertidumbre, no en la que arrastra al inversionista,
incertidumbre ante la ausencia de proyecto que desde hace más de dos años ha
desembocado en improvisación.

El presidente nunca ha tenido una idea clara del funcionamiento de la economía. Porprincipio, la economía es una disciplina y eso ya impone reglas y preceptos, precisamente todo lo que no es ni su praxis ni su proceder. De candidato, que lo fue por espacio de
décadas, gustaba de repetir conceptos abstractos en dos o tres renglones para condenar en
sus rivales, ya en gobierno, circunstancias de empleo, de crecimiento y fórmulas sencillas
de acoplamiento a un discurso retador en la oposición.

Una vez en el poder, el presidente inició su entender económico en un supuesto falso, el
primero de una serie: la corrupción desviaba 500 000 millones de pesos y los incluyó en
una imaginaria concreta y veraz. Al imaginarlos, los gastó. Nunca existieron. Las siguientes premisas de construcción de un modelo económico, falsas también, expusieron un ahorro adjetivado como republicano para establecer parámetros de austeridad y distanciar fórmulas del pasado. Estas nunca ahorraron; simplemente se convirtieron en recortes de programas  asistenciales, operando todos y con amplia cobertura, todos también.

Lo primero que resaltó en la inoperancia de este procedimiento, que no modelo, naturalmente fue el destino del recurso, lastimando la cobertura. La excusa, que en este gobierno existe desde su inicio, ha sido la intermediación, otro de los propósitos que en la supuesta eliminación de corrupción, centraba el recurso en lo que el mismo presidente ha admitido como dispersión. Para el presidente López, dispersar es atender una modalidad que no existe: la activación de mercados de consumo por la simple dádiva gubernamental.

Premiar una actividad no productiva y confundirla con ingreso es una aberración
económica. Un ingreso no compensado a un esfuerzo creado en los agregados de valor,
simplemente no adquiere materia de regulación económica. Si lo analizamos en forma descendente, el precio de un bien o servicio ya descontó desde mano de obra y todos los costos y gastos de operación, hasta crear un remanente conocido como utilidad. Un gobierno no solamente no debe interrumpir esta cadena productiva con verdaderos agregados de valor, viola preceptos exclusivos de los agentes económicos.

Podemos situar esta circunstancia en un paso adicional: el gobierno vive de la renta derivada del ingreso que por ley grava parte de las utilidades de operación de los entes económicos. También desde luego del impuesto al consumo, pero nos importa la renta. Ese ingreso del gobierno ya incluye el valor agregado del empleo en la mano de obra. Por definición, el gobierno, con ese ingreso de renta construye programas asistenciales, infraestructura y servicios básicos, como salud, vivienda, educación y un sinfín de renglones. Pues bien, este gobierno toma ese ingreso que ya capturó de las cadenas de valor y lo duplica en su esquema de gasto al regresarlo como ingreso sin valor agregado.




Todo error en la gran economía tiene un efecto multiplicador y un vicio multiplicado por millones de recipientes naturalmente produce un efecto devastador. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con el supuesto ahorro republicano y su austeridad como par. Lo único que ha logrado es una concentración del recurso y un uso discrecional pretextando la distribución directa sin intermediación, como fue explicado anteriormente.

Interrumpir el contrato social o alterarlo con fórmulas supletorias ha provocado una
cobertura deficiente y una administración pública deficiente e ineficaz. La reducción tan dramática del salario del servidor público ha reorientado la actividad especializada o la ha anulado. Las manos inexpertas a las que ha acudido esta transición, naturalmente han desbocado desde licitaciones hasta partidas presupuestales en franco desperdicio de recursos.

Los intentos por acercar voluntades y entendimiento del sector empresarial, han resultado en programas tardíos e insuficientes. El anuncio reciente es un esfuerzo loable de nuestros empresarios pero la conducción de las tareas todavía reúne espacios muy inciertos y la reacción del presidente López un día invita al capital y al siguiente lo excluye. No puede con su propio discurso; no puede con las tareas que ha decidido centrar en su ámbito de acción y finalmente no puede concretar planes de futuro porque no tiene una agenda a largo plazo y carece de equipo asesor con visión de progreso.

La senda de captura de fondos de contingencia, de reservas y fideicomisos puede resultar
en una vorágine legal en materia de amparos y demandas, que tal vez el ejercicio resulte
más costoso que el intento mismo. El gobierno ha ignorado preceptos inviolables de plazos
establecidos en los encargos de bienes, que eso son los fideicomisos. Estos, no son entidades con capital que puede retirarse de un día a otro. El precepto deja un sabor amargo, otro más, al inversionista que busca radicar capital y planes de expansión bajo dos premisas: confianza y estructura jurídica.

Finalmente, el tema que lacera nuestra vida diaria: los tres grandes proyectos de esta transición, amparados en un dispendio sin medida, en una circunstancia desfavorable para
el tiempo que vive México y el mundo y sumidos en absoluta incompetencia en relación al
costo del capital, recuperaciones de estricta medida financiera y un desdén absoluto de
problemas de tenencia de la tierra, imposiciones contractuales, medidas violatorias
ambientales y total ausencia de respeto y consideración de áreas naturales y reservas
territoriales.

Es claro que el mensaje para la inversión no hará eco, no al menos en capital fresco. Las inversiones que por inercia realizan multinacionales se darán, pero no en la medida de las
necesidades del país, en la mesura del talento que la precede. Tenemos un mensaje del
presidente López. Con ese mensaje el crecimiento económico se dará cuando se vaya.

Comentarios
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  • Rumbo a una Convención Nacional Hacendaria, 
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En la segunda fase del plan de trabajo del Grupo, que va del mes de junio al mes de agosto “se realizará una compilación sistemática de las propuestas, además, se llevarán a cabo reuniones con representantes de gobiernos subnacionales y se presentarán las propuestas preliminares a funcionarios de diversas dependencias. Finalmente, se hará la presentación formal de los resultados de los trabajos, destacando las coincidencias”4 . Es claro que en México hace falta una reforma fiscal que permita incrementar los ingresos públicos para financiar los crecientes compromisos de gasto público y también una reforma integral al sistema de pensiones, que lo haga sostenible en el largo plazo, ya que el gobierno federal enfrenta una creciente presión fiscal, causada, entre otras cosas, por la inyección creciente e interminable de recursos a PEMEX.  Pero como todos sabemos, para que se pueda realizar una reforma fiscal o una reforma al sistema de pensiones, ambas reformas de gran calado, se requieren condiciones políticas y económicas adecuadas en el país, y dado que nos encontramos en medio de una pandemia, es incierto si este es el mejor momento para ello. 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En cada legislación es una herramienta táctica, tácita, y de reacomodo para las finanzas públicas en los ingresos para poder gastar en el egreso. Muchas veces puede ser a favor, y otras en contra. En México, y en gran parte del mercado mundial en los países exportadores de crudo, los hidrocarburos han sido una válvula de escape ante presiones presupuestales, pero esto quedó proscrito debido a los cambios en el precio del barril y cómo estas variantes afectan a la economía mundial.  Ser parte importante del grupo y/o grupos que controlan el volumen de producción de petróleo en función de una demanda, da acceso a información y a mercados internacionales, y con esto poder adaptar al crecimiento económico macroeconómico de cada nación y así establecer un equilibrio dentro del desarrollo económico de la sociedad que lo integra. En todos los países productores ha habido una pausa debido a la pandemia. Esto ha traído lecciones de cómo cada país productor deberá hacer inversión para la extracción de las energías primarias almacenadas en el subsuelo. La tendencia en cuanto a la demanda de crudo, es aumentar de los 90 millones de barriles diarios, a cuando menos alrededor de 104 millones. De acuerdo con las tendencias observadas, los países de alto consumo como EEUU mantendrán su consumo, mientras que CHINA junto a los países asiáticos, aumentarán su consumo. El sentido común revela que el mercado de hidrocarburos, a nivel internacional se reactivará una vez que cada economía se recupere a partir del 2022, en función de bajar la incertidumbre mundial causada por el COVID19, y tener una mejor calidad de aire, combustibles, aditivos, un mayor rendimiento por kilómetro recorrido por cada litro consumido, y ante un cambio generacional de carros en un periodo a largo plazo. En México, y de acuerdo con la actual política energética de la administración actual, debemos considerar dos puntos del decálogo leído el 18 de marzo: Cuatro: “... la extracción de petróleo se destinará a la refinación y no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasolinas, es decir, toda la materia prima será procesada en nuestro país”. Cinco: “Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable (…) no sacaremos del subsuelo más de dos millones de barriles diarios; esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer –y esa es la norma– el 100 por ciento de las reservas probadas”. Estos dos lineamientos han dejado en claro para el mercado mundial de productores, y sobre todo de exportadores de crudo que México, podría dejar de ser parte de este grupo ante la reducción de las exportaciones o la nulidad de éstas. Podremos ver que países como Arabia Saudita, EEUU, Rusia y hasta Irán, podrían pelear cada barril que México dejaría de comercializar en el mundo. En el caso de cumplir ambos puntos, estos podrían ser algunas de los efectos a considerar:
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  • Dejar de exportar nos saca del contexto internacional, y sobre todo de poder tener acceso a reuniones, eventos, información e intercambios comerciales. Ser de los países exportadores hoy, y en la próxima década, es sinónimo de ser parte del movimiento de la economía mundial y a partir de 2030, la extracción de gas natural en función del crecimiento en su demanda.
  • Reducir la plataforma de exportación, y aumentar la enviada a refinación con una producción acotada de 2 millones de barriles (PEMEX + Privados) indicaría que dejará el sector de hidrocarburos en la parte de exploración y producción, dejar de invertir en crecimiento, y concentrarse en solo del tipo de mantenimiento, una desaceleración, y dependencia del presupuesto que la administración de  la empresa productiva del estado para incorporar nuevas reservas.
  • La posible desaparición total o parcial de PEMEX internacional PMI, o solo dejarla para la importación de combustibles, en el caso de no poder cubrir toda la demanda ante la tendencia en el incremento del parque vehicular.
  • PEMEX Exploración y producción, y algunos privados deberán adaptarse a las nuevas condiciones del precio tazado de venta interna de acuerdo con las políticas que emanen. Pudiendo llegar establecer un costo de comercialización que cubran los costos de producción y administración, y que den como resultante venderlo a punto de equilibrio; es decir, vender a cero ganancias. Esto podría traer como consecuencia cancelación de contratos y estresar más a PEMEX con poco presupuesto en hacer todo.
  • Las refinerías de México, a ciencia cierta no sabemos con el dinero que le estamos metiendo, cuanto es la vida útil que tendrán, recordemos que la de Madero data de 1914, y la última inaugurada de 1979. Estamos cambiando el motor de las refinerías, pero estamos dejando el mismo chasis. Aquí la pregunta: ¿este dinero que metemos ahorita a las refinerías, hasta qué tiempo tenemos para poder operarlas?
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Las personas y las empresas del país necesitan, primero volver a la normalidad, y después, reponerse de los gastos y las pérdidas causadas por la pandemia, para estar en condiciones de asumir los costos de una reforma fiscal o una reforma al sistema de pensiones.  Sin embargo, también hay que decirlo, para que se pueda concretar una reforma fiscal o una reforma integral al sistema de pensiones se debe cumplir un largo proceso político y administrativo de preparación y discusión que no es posible realizar en un tiempo corto. En este sentido, parece atinado el tono que ha manejado el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria cuando señala que busca “analizar y dejar preparados todos los estudios necesarios” para que sean utilizados en la siguiente legislatura que dará inicio el 1 de septiembre de este año. Sin duda, el tiempo que se destine a la preparación de una probable reforma fiscal, o una reforma integral al sistema de pensiones, no es tiempo perdido, pero quizá debe entenderse como parte de un proceso de más amplio horizonte.      1En una Convención Nacional Hacendaria participan los tres órdenes de gobierno para revisar y acordar los cambios al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Es decir, la distribución de las facultades impositivas de los tres órdenes de gobierno para determinar cuál orden es el encargado de legislar, recaudar y administrar cada uno de los impuestos que se aplican en el territorio nacional. Esto significa definir con toda precisión las facultades fiscales exclusivas y las facultades fiscales concurrentes entre órdenes de gobierno. Los acuerdos de una Convención Nacional Hacendaria se deben traducir en Iniciativas de ley que sean aprobadas por los Poderes Legislativos y así contar con carácter legal. 2 El 4 de noviembre de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa de la Dip. Soraya Pérez del PRI, que crea al Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, órgano equivalente al Consejo Fiscal. Ahora, dicha iniciativa espera su aprobación en el Senado. Un Consejo Fiscal sirve para vigilar la sostenibilidad fiscal, elevar la discusión fiscal, corregir el desbalance de información entre Ejecutivo y Legislativo y dota al Legislativo de un órgano técnico propio que elabora estimaciones de crecimiento, inflación, ingreso, gasto, deuda, entre otros. El Consejo Fiscal estaría adscrito a la Cámara de Diputados y se integraría con 5 consejeros que durarían 4 años en su encargo.  3Ibid, p. 4.  4Ibid, p. 4." 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