Más deuda…

Como cada lunes, Manuel Torres Rivera reflexiona sobre el impacto de las políticas populistas del gobierno en la economía mexicana.

24 de octubre, 2022

Manuel Torres Rivera

Habíamos hecho una revisión somera del presupuesto 2023 en el sentido de apuntar que de un total de 8 billones de pesos, se destinaría un billón para la cobertura de intereses de la deuda nominal del gobierno. Ahora, exactamente en sentido contrario a lo que sugiere cualquier esquema de financiamiento en cuanto a plazos, el Congreso autoriza otro billón y un tanto más de deuda para 2023. Adicionalmente, se autoriza un endeudamiento en dólares por cinco mil quinientos millones de dólares. Esto significa que como todos los años que preceden a esta transición en turno de gobierno, en los que nunca ha acertado a equilibrar ingresos con egresos, incrementando el déficit fiscal, la deuda ha sostenido el tren imparable de dispendio en obra intrascendente y cobertura social sin padrón y sin control.

Repasar una trayectoria fallida que inicia con cancelaciones, encuestas y un despojo de activos de la nación ya es terreno conocido por analistas, académicos, líderes de opinión y comunicadores de todos los órdenes posibles; resulta en un ejercicio repetitivo y arduo en la recopilación de hechos que se refutan desde un micrófono que no solamente niega, denuncia y sanciona. Si el equilibrio de fuerzas en lo económico no encuentra avenencia con los sectores productivos, en la razón jamás habrá entendimiento.

Las miras simplemente se contraponen porque los objetivos de la producción no son los de un gobierno centralista y totalitario. Tenemos una presidencia extraviada y más allá del extravío, la confusión creada de origen ahora no encuentra acomodo en las metas no logradas en la sustitución de instituciones, en la supresión de otras en marcha y en obra fallida. Entonces la justificación es más gasto, esperando una recomposición por la prisa de dos años de plazo de gestión, con mayor deuda.

Esa prisa, asume premisas falsas como la de un crecimiento del 3% en 2023, sabiendo que nunca se dará; entonces la concepción del ingreso ya da por sentada la prerrogativa del fracaso para justificar el endeudamiento. La distribución de la renta nacional no se hace con algún acercamiento de planeación o conocimiento de las necesidades reales de la nación, no se efectúa un racionamiento regional como tampoco se identifican programas de plazo, simplemente se detallan las partidas que van de mayor a menor presión desde Palacio Nacional para cumplir con la premura de la cobertura social y difundir penetración de hogares como simple aritmética, sin importar la trascendencia de la dádiva. Después vienen las obras, el tema recurrente del fracaso de gestión, sin duda alguna ya. Se apunta sin duda alguna porque la evidencia en la opacidad, la consecución de obra y la nula operación son noticia regular y el dispendio no cesa, ese es el principal problema.

Los hechos no solamente constituyen juicio y sanción de gestión, constituyen una ruta equivocada de inicio. Corregirla, tal vez no sea solución inmediata, perseguirla es el verdadero problema. El distanciamiento entre un verdadero sector productivo, que hasta ahora ha sido complaciente con un régimen con el que no puede estar de acuerdo, por principio regulador de la economía, debería estar más acentuado con los años que han demostrado irresponsabilidad en el manejo del recurso de todos.

Alguna vez se planteó en este espacio que el poder económico realmente descansa en los agentes productivos de la nación y no en el gobierno en turno. Si esto es válido, la movilidad financiera es privada y no pública. Entonces, la capacidad de respuesta radica en la empresa y no en políticas públicas que tienen vida finita porque los gobiernos tienen alternancia o al menos así debe contemplarse la vida pública del país. Los componentes de la producción tienen un gran reparto, especialmente el empleo, dada la presencia de pequeñas y medianas empresas, pero el verdadero control del capital está en los grandes consorcios.

La proyección de una deuda, programada o autorizada como se difunde en lenguaje congresista, no debería encontrar acomodo inmediato; esto es, debería constituirse en función de mercados de dinero y debería juzgarse su correspondencia con la capacidad generadora de repago. No por el hecho de ser gobierno, debería ser componente de reposición sin riesgo. Del mismo modo, los agentes del exterior, como el Fondo Monetario Internacional, deberían erigirse en jueces más severos para etiquetar los créditos y supervisar su aplicación. El FMI ha extendido líneas a esta transición por casi cuatro mil millones de dólares.

En esta tesitura que vivimos y ante un modelo populista sin verdadera intención de recomponer la economía mexicana, debería acentuarse la voz de las empresas, la banca sobre todo. En el presupuesto podemos observar que no existen programas de apoyo a la producción como tampoco para el campo, en franco abandono. Un billón y un tanto más de pesos de nueva deuda, sumado al billón de intereses en tan solo un ejercicio, no da cuentas favorables de administración pública, toda vez que en realidad no existe infraestructura creada en este régimen, por más difusión carretera que se promueva. Quedan dos años de esta gestión y el horizonte económico luce devastador. Los mediadores financieros tienen la última palabra para restringir el acceso a la deuda imparable de esta gestión.

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